(Foto: Reuters)
El presidente de izquierda pone en escena el regreso de Brasil a instancias de liderazgo internacional, pero lucha por poner orden en casa. La remoción del jefe del Ejército revela un mar de fondo inquietante.
Luiz Inácio Lula da Silva dará en Buenos Aires el primer paso para el anunciado regreso de Brasil a las grandes ligas de la política internacional, punto de inicio de una ofensiva diplomática que, haciendo eje en la relación con la Argentina y en el protagonismo regional, apunta a restablecer la influencia dilapidada por Jair Bolsonaro. Sin embargo, el rol internacional de un país es el reflejo de sus fortalezas y, en ese sentido, hacen ruido las persistentes amenazas a la democracia, algo que el propio mandatario pone de relieve con una serie de purgas en las fuerzas de seguridad que ya alcanzan a los máximos niveles. Para que Brasil vuelva a ser, no debe tener pies hechos de barro.
Con una serie de acuerdos económicos y de complementación en materia de infraestructura energética, Lula da Silva y Alberto Fernández ratificarán la relación especial entre Brasil y la Argentina. En paralelo, el primero captará mañana la atención en la cumbre de presidentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el 10 del mes que viene visitará a Joe Biden en la Casa Blanca, en marzo hará lo propio con Xi Jinping y, posteriormente, asumirá las presidencias rotativas del Grupo de los 20 (G-20), del Mercosur y del bloque de potencias emergentes BRICS –compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica–. Sus buenos oficios acelerarían las gestiones para que este foto acoja este mismo año a la Argentina –lo que ya cuenta con el respaldo de Pekín, Moscú y Nueva Delhi– junto a un segundo país todavía por designar.
Sin embargo, en casa la situación se presenta compleja. Lula da Silva destituyó el sábado a la noche al jefe del Ejército Júlio César de Arruda, con quien, según reveló el ministro de Defensa José Múcio, se produjo «una ruptura de la confianza».
Desafío
El general De Arruda había asumido al frente del arma más poderosa de las Fuerzas Armadas brasileñas en uno de los últimos actos de gobierno de Bolsonaro, producto de un acuerdo con el equipo de transición del mandatario entrante. Su antecesor, el bolsonarista Marco Antônio Freire Gomes, se había negado a desalojar el acampe de ultraderechistas realizado frente al cuartel general de Brasilia –en cuyos terrenos no puede actual la policía– e incluso a acatar cualquier orden del nuevo comandante en jefe civil.
El problema fue que De Arruda tampoco estuvo a la altura de las expectativas. No solo los acampes no fueron levantados –lo que permitió el intento golpista de los militantes, perpetrado el domingo 8–, sino que se resistió a la decisión del Supremo Tribunal Federal (STF) a que se impusiera prisión preventiva a cientos de militantes de ultraderecha involucrados en la asonada, parte de los casi 2.000 detenidos en flagrancia.
«El presidente (…) no perdona ni va a perdonar los acampes frente a la sede del Ejército y quiere una investigación absoluta», dijo Múcio en una entrevista publicada ayer por O Globo.
«Hacíamos reuniones (con De Arruda), pero ya no había clima», añadió. Para el funcionario, «hubo acampes frente a los cuarteles y, por más que nos esforzamos, esa situación no fue resuelta. Después vino el 8 de enero, que generó un gran problema (…). Necesitamos saber quiénes son los culpables. Evidentemente, el Ejército no estuvo detrás de eso, pero hay que castigar a las personas de las Fuerzas (Armadas) que estuvieron involucradas y saber quiénes ayudaron a la depredación» de las sedes de los tres poderes en Brasilia.
De acuerdo con otras fuentes citadas por medios brasileños, el removido «no se comprometía» con las decisiones del nuevo Gobierno.
Limpieza
La idea de una purga no sale de la mente de Lula da Silva, quien en los últimos días desplazó a 53 militares que cumplían funciones de seguridad en la residencia presidencial y en otros edificios gubernamentales, sospechados de haber mostrado connivencia con los violentos. La mano del poder civil también se ha hecho sentir en las fuerzas policiales de la Unión, tanto la Federal –decenas de cuyos jefes regionales fueron desplazados– como la Caminera.
En lugar de De Arruda lo ocupará el general Tomás Ribeiro Paiva, de 62 años y quien era hasta ahora comandante militar de la región Sudeste, con sede en San Pablo. Además de haber participado en la misión en Haití, cuenta entre sus antecedentes haber comandado el batallón de la Guardia Presidencial y haber sido auxiliar en la Presidencia durante el mandato de Fernando Henrique Cardoso.
El «general Tomás» llamó la atención de Lula da Silva con un discurso reciente en el que aseguró que las Fuerzas Armadas «seguirán garantizando la vigencia de la democracia» y en el que, apartándose de la narrativa bolsonarista sobre el supuesto fraude, sostuvo que «cuando se vota, hay que respetar el resultado».
La repolitización de las fuerzas armadas y de seguridad es, acaso, el legado más peligroso del bolsonarismo. Durante el anterior gobierno, unos seis mil uniformados –tanto retirados como en actividad– ocuparon diversos cargos en el Gobierno, desde posiciones bajas hasta ministerios, la jefatura de gabinete y la vicepresidencia de la república. Esos cuadros, deseosos durante décadas de recobrar el protagonismo que habían tenido en la política brasileña hasta la restauración de la democracia en 1985, hoy resisten en buena medida la decisión de la nueva administración de volver a imponer el control civil de sus actividades.
Marcelo Falak 