Haddad, ministro de Hacienda de Lula, promete rigor fiscal para morigerar el recelo del mercado

(Foto: Reuters).

La anulación del techo de gasto, las promesas de mayores partidas sociales y la extensión de una exención tributaria tensan esa relación. Herencia maldita, inflación e internas prematuras, los primeros desafíos.

En el día uno de su gestión, Luiz Inácio Lula da Silva tropezó con las primeras piedras de un mandato que inicia en condiciones diferentes a las de los dos primeros, que llevó adelante entre 2003 y 2010. El hecho de que decenas de millones de brasileños que hayan vuelto a caer en las garras del hambre debido a la pandemia y a las política de Jair Bolsonaro le impone un reto similar al de hace veinte años, pero la diferencia radica en un contexto de inflación que, aunque viene en baja, ha llevado al Banco Central de Brasil a mantener tasas de interés fuertemente positivas. En ese sentido, el programa del nuevo presidente, que lloró desconsoladamente al hablar del retorno de la miseria en su discurso del domingo ante las 300 mil personas que lo vivaron a las puertas del Palacio del Planalto, choca con las exigencias de los actores financieros, que reclaman, a cambio de su confianza para refinanciar los vencimientos de deuda, una austeridad reñida con una agenda social obligada.

Desplome

La Bolsa de San Pablo se hundió ayer 3,06% hasta 106.376,02 puntos y el dólar trepó 1,52% para finalizar a 5,3581 reales, imponiéndole un primer problema a la nueva administración, en la que el Partido de los Trabajadores (PT) funciona como eje, pero que incluye a sectores importantes de la derecha democrática.

El clima de recelo de los agentes financieros tiene varias explicaciones.

Para empezar, que Lula da Silva no fue su primera opción en ningún momento de las campaña que terminó en el sufrido balotaje del 30 de octubre. Al contrario, la apuesta del mercado fue entonces la reelección de Bolsonaro, un hombre que aseguraba desregulación y austeridad presupuestaria… al menos de boquilla, porque el tramo final de su gestión fue un revoleo de gastos que, en cualquier otro caso, la ortodoxia no habría dudado en descalificar como “populismo”.

En segundo lugar, incluso antes de su asunción, Lula da Silva logró que el Supremo Tribunal Federal (STF) interviniera ante un bloqueo del Congreso y determinara que podría realizar gastos para financiar el programa Auxilio Brasil –el viejo Bolsa Familia rebautizado por Bolsonaro y que ahora retomará su nombre original– por fuera del tope presupuestario votado por el Legislativo.

“Esos gastos no están incluidos en la base de cálculo y en los límites establecidos en el tope constitucional de gasto”, señaló el juez del Supremo Gilmar Mendes, quien autorizó “la apertura de un crédito extraordinario” para financiar esas ayudas sociales. Consumada esa decisión, el Congreso –donde la derecha bolsonarista es fuerte y tiene capacidad de bloquear votaciones que, como la de marras, requieren mayorías agravadas– cedió y aprobó una Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) al respecto.

En su discurso popular, Lula da Silva calificó de “estupidez” el congelamiento del gasto público en términos reales, acaso la principal reforma del Gobierno de Michel Temer, quien se hizo cargo del Gobierno después de la conspiración que barrió con Dilma Rousseff en agosto de 2016. Cabe señalar que esas reformas liberales no le dieron a Brasil la prosperidad prometida.

En tercer término, los operadores también registraron como una derrota del ministro de Hacienda Fernando Haddad, el exalcalde de San Pablo y candidato derrotado por Bolsonaro hace cuatro años, la decisión del nuevo Gobierno de extender por un año la exención del impuesto federal a los combustibles, la que regirá para el gasoil y el biodiésel, una medida de Bolsonaro que apuntó a moderar las subas en los surtidores cuando la inflación volaba en torno al 12% anual debido a la guerra en Ucrania y que tiene un costo fiscal de unos 10 mil millones de dólares. No casualmente, las acciones de Petrobras se hundían el doble que el Ibovespa, en medio de reportes de analistas que denunciaban la embestida del nuevo jefe de Estado contra el techo del gasto y su apuesta por un crecimiento inducido por el Estado, a la vez que presagiaban un “desastre” para las cuentas de las empresas controladas por el Estado.

Necesidad

Ahora, cuando el índice de precios al consumidor apunta a un 5,31% en el año, la situación económica de las familias sigue requiriendo respaldo para que la clase media vulnerable no caiga en la pobreza, los pobres en la indigencia y los indigentes en la desesperación absoluta.

Sin embargo, al moderado Haddad le toca sintetizar todo tipo de presiones e intereses. Hombre del PT, custodiará la cartera más delicada en beneficio del proyecto de Lula da Silva. Uno de esos intereses es el del mercado financiero, que interpretó la extensión del subsidio de los combustibles como una derrota del funcionario a manos del ala política del partido.

Presionado, Haddad dijo que la recuperación de las cuentas públicas y una caída más veloz de la inflación serán sus prioridades.

En su primer mandato, Lula da Silva pudo lidiar con la desconfianza de los operadores al ubicar como presidente del Banco Central al ex-BankBoston Henrique Meirelles. Sin embargo, la coyuntura de los primeros años del siglo, con precios récord de las materias primas, les permitió a los gobiernos progresistas de Sudamérica hacer política social sin comprometer los equilibrios macro. 

“No estamos aquí para aventuras”, añadió Haddad en su primer discurso como ministro, a la vez que calificó de “absurdo” el gasto final del bolsonarismo y la proyección de déficit primario de 42 mil millones de dólares que quedó plasmada en el Presupuesto. “Vamos a reducir” ese rojo, prometió y anunció una nueva “ancla fiscal” para asegurar la sustentabilidad de los pagos de deuda pública.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).

Anuncio publicitario