Las otras sentencias que aguarda el Presidente

(Foto: Noticias Argentinas).

La rebeldía con reversa lo expone a un reto de CFK, que habla en Avellaneda. Oposición con voto dividido y gobernadores rumiantes. El veredicto del mercado.

Alberto Fernández dio marcha atrás en la rebeldía que había insinuado con respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que elevó, de modo cautelar, la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) al 2,95%. La decisión fue una sorpresa a medias, dada por su decisión de pagar el excedente ordenado por los magistrados con títulos públicos, en una cifra equivalente a 90 días. Sin embargo, desde el domingo ya habían circulado versiones de una voluntad de pago a través de la creación de algún nuevo impuesto a la banca o al juego, lo que finalmente no prosperó. ¿Cuál será la sentencia, no ya de aquel tribunal, sino de Cristina Fernández de Kirchner?

Con su anuncio, el Presidente gana tiempo ya que la CSJ deberá ahora pronunciarse sobre sus recurso de revocatoria in extremis y, además, sobre la queja de Horacio Rodríguez Larreta por el método de liquidación elegido, que no es el giro automático y cotidiano de efectivo ordenado. Más importante, le quita algo de calor a la narrativa inflamada de la oposición, que –con pobre sentido histórico– había elevado el conflicto a la altura de un supuesto golpe de Estado.

Esto último se vio claramente en los posicionamientos de los principales sectores de Juntos por el Cambio (JxC), fugazmente unificados en la indignación hasta este lunes. Lanzado a su campaña prepresidencial y necesitado de dinero para cumplir con la promesa de revocar la aplicación del impuesto a las tarjetas de crédito, el jefe de Gobierno mantendrá la ofensiva política y judicial. En tanto, urgida por salir en una foto en principio ajena, su enemiga íntima, Patricia Bullrich, cantó victoria contra la supuesta ruptura del Estado de derecho y suspendió la denuncia que había impulsado por sedición y traición a la patria. Curioso: la presidenta del PRO habla como si fuera una de las dueñas del Poder Judicial, el que, más allá de sus amagues, ya puso sus manos sobre la cuestión con juez y fiscal designados. La UCR también se plegó a la moderación y puso en pausa el anunciado y testimonial pedido de juicio político.

Desde ya, no todo es ganancia para el jefe de Estado. Por un lado, abre, como se dijo, un nuevo capítulo de la guerra judicial, dado que el precedente que el Gobierno invoca para pagar con bonos, el de la querella de Santa Fe contra la Nación, es de dudosa aplicación: en ese caso, lo que saldó fue una deuda -un stock-, mientras que en la situación planteada por la Ciudad debe hacer frente a un flujo diario.

La insatisfacción del porteñismo PRO crece en la medida en que el instrumento elegido, el título TX31, tiene una liquidez limitada que le complicaría a Larreta convertirlo en billetes.

Sin embargo, el atajo albertista presenta dos costos potencialmente mayores: amagar dureza para luego ceder no parece la mejor estrategia de un mandatario acusado por sus aliados –o algo parecido– de falta de firmeza y, además, parece invocar una resistencia de buena parte del peronismo. El futuro electoral del Frente de Todos es un enigma que provoca a la imaginación de un modo que no tiene precedentes.

Sordos ruidos

El silencio de los gobernadores peronistas sobre la marcha atrás presidencial hizo bastante ruido; cabe recordar que estos habían exigido guerra al ser convocados por Fernández. Sin embargo, hubo runrún bajo la superficie. ¿Se harán más altisonantes esos sonidos sofocados cuando reaparezca este martes por la tarde Cristina Kirchner en un acto en Avellaneda?

La coyuntura hace esperar un discurso fuerte de la vicepresidenta, dado que la reyerta por la coparticipación es un peldaño más de la escalera que recorre de la mano del Poder Judicial rumbo a una hoguera. De hecho, las palabras de la principal referente del peronismo serán las primeras que pronuncie en público desde que fuera condenada en la causa «Vialidad».

La presidenta del bloque de senadores bonaerenses del panperonismo, María Teresa García, arremetió contra lo que describió como «un fallo político» de la Corte que «merece de una respuesta con autoridad política».

«Este es un fallo político como lo fue el privilegio del Grupo Clarín en tema del cable, como lo ha sido la decisión de respecto de la integración del Consejo de la Magistratura (…). La respuesta debió haber sido otra», concluyó. ¿Anticipó García la línea argumental que expondrá CFK?

Es la economía…

Desde el primer momento, Letra P advirtió sobre los efectos peligrosos del conflicto de poderes sobre una economía cuya «estabilidad» –por llamarla de algún modo– pende de un piolín. Según trascendió, Sergio Massa hizo punta en la idea de desactivar la bomba a través de una salida política. Razones no faltan para eso.

La habitual tregua cambiaria de comienzos de diciembre, dada por la necesidad de las empresas de hacer frente al pago de aguinaldos y a un consiguiente desarme de posiciones en dólares, derivó, como también es habitual, en un sacudón posterior del blue. No es una sorpresa que los dólares que responsables de empresas venden en la primera parte del mes vuelvan, en forma de pesos que pocas personas quieren si es que les sobran, al mercado cambiario en busca de billetes verdes. Asimismo, pesa la inminencia de las vacaciones de las familias que viajarán al exterior y necesitan divisas para hacerlo. De ese modo, el dólar ilegal confirmó este lunes su tendencia ascendente de la semana pasada y quebró un nuevo récord nominal al finalizar la rueda a 346 pesos, lo que devolvió la brecha con el tipo de cambio oficial a casi el 100%.

Mientras, el «dólar soja» amenaza con decepcionar. Debido a un aporte minúsculo de los exportadores de soja –liquidaron apenas 38 millones de dólares–, el Banco Central compró 23 millones en el Mercado Único y Libre de Cambio (MULC), la menor cifra desde el inicio de la segunda fase del esquema el 28 de noviembre. En lo que va del mes, la autoridad monetaria pudo sumar solamente 915 millones de dólares a sus reservas.

Lo anterior no agota el hecho de que la economía necesita cualquier cosa menos semejante ruido político. El proyecto de ley para un nuevo blanqueo de capitales –cuyos detalles se conocieron–, paso necesario para que entre en vigor el acuerdo de intercambio de información tributaria con Estados Unidos, ya va camino al Congreso, donde una posible obstrucción en Diputados supondría un problema mayúsculo.

(Nota publicada en Letra P).

Anuncio publicitario