(Foto: Noticias Argentinas).
Condena, renunciamiento y guerra. Curiosidades jurídicas, poder real y peronismo grogui. Hacer algo: ¿qué? Presidente y superministro, llenos de preguntas.
Un núcleo duro de la sociedad argentina festejó en éxtasis la condena a seis años de prisión e inhabilitación a perpetuidad para ejercer cargos públicos pronunciada en primera instancia contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa «Vialidad»; el otro tragó hiel y, en especial tras el anuncio de la vicepresidenta de que no será candidata a nada el año que viene, se preguntó: ¿y ahora qué? Entre una y otra cosa –la sentencia y el renunciamiento–, la Argentina sufrió el impacto de una bomba política y se interroga, con inquietud, sobre las ondas expansivas que vendrán.
Antes de analizar las señales políticas de la guerra que viene, cabe señalar algunos elementos del fallo conocido este martes que tendrán continuidad en el plano judicial.
Un punto llama la atención especialmente y parece destinado a ser un eje de la apelación que se concretará en marzo, una vez que se publiquen los fundamentos del fallo por administración fraudulenta, ya que la figura de asociación ilícita resultó rechazada por dos votos contra uno. El Tribunal Oral Federal N° 2 condenó al supuesto beneficiario del esquema de corrupción montado en torno a la obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez; a los considerados instrumentadores del proceso, José López –exsecretario de Obras Públicas– y Nelson Periotti –extitular de Vialidad Nacional–, así como a CFK. En el medio, resultó sobreseído Julio De Vido, a la sazón ministro de Planificación Federal, el eslabón intermedio de una cadena de culpabilidades que se interrumpe en él, pero que trepa hasta la Presidencia de la Nación. Curioso.
Por otro lado, como anticipó Alberto Fernández en un hilo de Twitter, se argumentará que la causa en cuestión representa una remake forzada de otras ya tramitadas, lo que, de ser así, la haría nula. Asimismo, se alegará sobre la falta de competencias de quien era presidenta de la Nación para decidir sobre licitaciones o la ejecución de partidas presupuestarias.
Por otro lado, como anticipó Alberto Fernández en un hilo de Twitter, se argumentará que la causa en cuestión representa una remake forzada de otras ya tramitadas, lo que, de ser así, la haría nula. Asimismo, se alegará sobre la falta de competencias de quien era presidenta de la Nación para decidir sobre licitaciones o la ejecución de partidas presupuestarias.
Por otra parte, haber mantenido prácticamente hasta último momento a lastres como De Vido y López es otra decisión que hoy llama la atención. Sin embargo, lo que son incorrecciones éticas indiscutibles solo pueden ser sancionadas penalmente en base a pruebas evaluadas por tribunales que no solo sean imparciales, sino que lo parezcan, algo ajeno a lo que hoy es norma en el país.
De la naturaleza del poder
Cristina terminó de comprobar este martes que ni el carisma ni los votos representan el máximo poder. Un estamento –la palabra no es inocente– de magistrados atrincherados de por vida en sus cargos y que no se dan ni siquiera la obligación de pagar impuestos como el resto de la ciudadanía demostró tener un poder mucho mayor y más resiliente.
Por eso se esmeró en buena parte de la hora de desahogo que streamió después de la sentencia en denunciar los horrores que surgen de los chats del Justileaks. ¿Cuántos argentinos y argentinas sin opinión agrietada habrán visto, escuchado y entendido lo que contó?
Resulta de especial interés contrastar lo tuiteado, tras el anuncio del fallo, por el Presidente y por Alicia Kirchner, la gobernadora de Santa Cruz. El primero expresó su convicción sobre la inocencia de su vicepresidenta, mientras que la segunda convocó a la política a «actuar ya». La pregunta es cómo propone hacerlo.
En medio de la conmoción, algún comunicador cristinista abogó por «una intervención del Poder Judicial», algo que tiene la pretensión de constituir una suerte de revolución, pero la sustancia de un autogolpe. Descartado. Entretanto, una serie de referentes oficialistas insistió en la idea de «hacer algo», imprecisión que esconde una elevada dosis de impotencia frente a un poder que parece mayor que la propia democracia.
Por lo pronto, Fernández enviará este miércoles a su ministro de Justicia, Martín Soria, a denunciar penalmente a los integrantes judiciales del chat «Operación Página/12» –los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques y el jefe de los fiscales porteños, Juan Bautista Mahiques– por incumplimiento de deberes de funcionario público, admisión de dádivas, cohecho agravado de magistrados y tráfico agravado de influencias, entre otros delitos.
El objeto de la presentación es el viaje, al parecer pagado por el Grupo Clarín, a la hacienda patagónica de Joe Lewis y la maraña de operaciones ilegales de cobertura que emanan de mensajes y audios de autenticidad no comprobada, pero verosímil y, en lo inmediato, imposibles de usar como prueba judicial. Dependerá de que quien investigue la cuestión dé con el teléfono de alguno de los implicados y que el aparato no sufra los inconvenientes que suelen darse cuando la Policía Federal y Comodoro Py ponen manos a la obra.
La hora de la política
Algunos cientos de simpatizantes se juntaron frente al Congreso para expresarle su apoyo a CFK. Sin embargo, no hubo, inmediatamente después del anuncio del fallo, ninguna manifestación de importancia –espontánea u organizada– ni ningún «17 de octubre» con el que ciertos sectores habían fantaseado. Tiempo al tiempo: la calle se expresará en algún momento.
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces presidenta y una vez vicepresidenta a que la maltraten por tener una candidata condenada. El 10 de diciembre de 2023 no voy a tener fueros. No voy a ser candidata en 2023 ni a presidenta ni a senadora ni a nada y mi nombre no va a estar en ninguna boleta», dijo Cristina, desencajada como pocas veces se la ha visto, antes de desafiar a Héctor Magnetto a mover sus hilos en el Poder Judicial para meterla presa. «Eso es lo que usted quiere: presa o muerta», dijo, acusándolo de haber instigado, de algún modo, el atentado del 1 de septiembre.
El renunciamiento –su aparente aceptación de la proscripción que denuncia– confirma lo dicho por desPertar, el newsletter de Letra P, el 30 de noviembre: la primera condena por corrupción hacía, si no imposible, muy difícil la candidatura presidencial que pretendía agitar el operativo clamor. La narrativa anti-K y anticorrupción, en cuyo nombre se apiñaron este martes las principales figuras de Juntos por el Cambio sin distinciones ornitológicas– se haría en tal caso más apta para sensibilizar al –digamos– 40% de la ciudadanía no encuadrado en la grieta que vive más pendiente de las durezas de la vida cotidiana que de las verdades de la ideología.
No es seguro que la reacción del peronismo –el de los despachos y, sobre todo, el de la calle– a su renunciamiento no la «obligue» a reconsiderar su postura. Sin embargo, aun si no cambiara de idea, CFK seguirá haciendo política, juntando al peronismo a su alrededor y moldeando con mano de hierro su oferta electoral.
Ella y él, como siempre
Fernández, que le dedicó el lunes una cadena nacional al hediondo chat de “los huemules” y este martes expresó su apoyo a la vicepresidenta, queda doblemente comprometido.
Por un lado, porque la gobernabilidad en el año que le queda de gestión se hará más compleja, con un Congreso posiblemente paralizado –hay temas calientes que debe tratar, como el blanqueo para que Estados Unidos comience a entregar datos sobre cuentas con dinero evadido y fugado–, un Consejo de la Magistratura fantasmal, una Corte Suprema que no dará tregua, los medios opositores en armas y la paz económica entre algodones.
Sergio Massa, quien también expresó su solidaridad, debe estar preocupado por el futuro de su gestión y por el enorme signo de interrogación que se abre sobre los planes de la exmandataria para el futuro electoral de un peronismo con pocas alternativas. Acaso resulte un alivio amargo que los mercados expresen cierta euforia por “el final de Cristina”.
Por el otro, el Presidente debió soltarle la mano a quien era su jefe de asesores, Julián Leunda, quien aparece mencionado –sin participación propia, vale aclarar– en el chat del escándalo asegurando que algunos medios oficialistas no hablarían del viaje a Lago Escondido y que, más que desarticular esa mesa de conspiradores, su «jefe» querría ser parte de ella.
El jefe de Estado cortó su propia carne. Leunda es un hombre de extrema confianza para él, pero le resultó imposible mantenerlo en el cargo y, a la vez, dar crédito a lo que surge de los mensajes de texto y de audio. Más claramente: si debe creer en los enchastres de los clientes de “Casey tours”, también debe dar crédito de las referencias a Leunda… y a él mismo. Así, haber mantenido al asesor en su puesto habría convertido los susurros que se escuchan en el cristinismo sobre el rol del «jefe» de aquel en un griterío. Fernández también entra en terreno desconocido.
Para peor, tiene poco que ganar. La impotencia del peronismo para tratar con la critarquía –el gobierno de los jueces– recae sobre su cabeza porque, se supone, es él quien debería «hacer algo».
¿Bastaría con que CFK se autoexcluyera de la carrera electoral para que el peronismo no fuera «maltratado por tener una candidata condenada»? No si este se encolumna, como probablemente lo hará, detrás de su liderazgo. En tal caso, Juntos por el Cambio y la extravagancia paleolibertaria podrán martillar a gusto sobre el clavo de «la corrupción».
¿Existe, en el corto plazo, la alternativa de un peronismo sin Cristina? Parece difícil porque el caudal de votos de un sector rebelde oscilaría hoy entre lo escaso y lo nulo. La prescindencia implicaría, para el grueso del electorado que queda, traición y excomunión.
El fantasma del Frente de Todos, sobre todo si la economía se complica, es, por un lado, no ser capaz de salir segundo en la primera vuelta presidencial y no ser de la partida en un ballotage. Si eso parece improbable, cabe prestar atención a un segundo escenario posible: que el peronismo registre, el año próximo, un desempeño similar al de las legislativas de 2021, lo que podría hacerle perder la mayoría en las dos cámaras del Congreso por primera vez desde el regreso de la democracia. En tal caso, los analistas comenzarían a hablar de «ucerreización» –el peligro de desaparición que la UCR corrió durante varias años tras la crisis de 2001– del viejo movimiento.
Marcelo Falak 