Indulto, suicidio, grieta, ajuste: el riesgo de una Argentina ingobernable

Está probado que un país puede convivir –mal, pero convivir al fin– con dramas económicos y sociales a lo largo de años y hasta de décadas. Enfrentarlos tiene una condición de posibilidad excluyente: que exista un gobierno capaz de tomar medidas que generen, al menos, una expectativa de solución y que tanto la población general como los factores de poder orienten su conducta en función de esos lineamientos. En resumen: que haya gobernabilidad. Esto último, realmente fondo de olla, es lo que queda comprometido en la actual coyuntura nacional, en la que la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner ha puesto todo patas para arriba.

Este jueves será, en buena medida, una prolongación del miércoles, cuando una palabra comenzó a circular en el Círculo Rojo del poder: indulto. Si la vicepresidenta cree que el tribunal que la juzga por la supuesta orientación de la obra pública ya tiene la decisión política de condenarla, si sostiene que la sala de la Cámara de Casación en la que recalará su esperable apelación está alineada con ese mismo criterio y que lo mismo puede decirse de la Corte Suprema, ¿qué queda por hacer para que la Argentina no estalle?

El país se ha llenado de pronunciamientos de incondicionales de la expresidenta que le achacan a Alberto Fernández tibieza en su repudio al alegato del fiscal Diego Luciani. Según estos y estas, el Presidente debería «hacer algo», tal la expresión eminente de la desesperación. ¿Pero qué sería «algo»?

Raúl Zaffaroni dio una respuesta desde su métier. «Si la vicepresidenta es condenada, no quedará otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de nuestra democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones», dijo. Por lo tanto, «si condenan a Cristina, el presidente tendrá que indultarla», explicó en radio AM 750.

El problema del indulto no es jurídico. Es cierto que algunos constitucionalistas afirman que el artículo 36 de la Carta Magna limita la facultad presidencial de perdonar delitos cuando se trata de casos de enriquecimiento ilícito en perjuicio del Estado, pero otros no están de acuerdo y, de hecho, la cuestión no surge claramente del propio texto.

Fuente: Infoleg.

El obstáculo es básicamente político, algo que sobrevoló los ejemplares de desPertar, el newsletter de Letra P, de lunes y martes. En el primero, se señaló que un perdón sería «un balazo en el pie» para Fernández y en el segundo, que un recurso tan extremo es una de esas cosas que, si se hacen, «se hacen a último momento». ¿Por qué?

Es necesario pensar en esta Buenos Aires de pequeñas multitudes escrachadoras y, enfrente, garantes de la movilidad segura de la segunda autoridad del país. ¿Qué pasaría si el mandatario barriera, con un decreto, toda la causa «Vialidad»? Todos los vientos del mundo pasarían a soplar en su contra, acaso al punto de hacer de la Argentina un país ingobernable.

La vice salió a cortar de cuajo el debate, no necesariamente porque piense como quien firma esta nota, sino porque pretende insistir en su inocencia, único recurso que, como le ocurrió a Luiz Inácio da Silva, acaso algún día salve su reputación en un tribunal o comisión internacional.

Así, mandó a Oscar Parrilli a pedir simplemente justicia, algo que, según ella misma ha dicho, en realidad no espera. El tuit del senador fue replicado por la dama, para alivio de un Fernández que, si la propuesta del perdón se hiciera clamor, vería cómo el suelo se abriría bajo sus pies. Ya habrá, eventualmente, tiempo para que los costos políticos duelan menos.

No aclares

Al final de un miércoles muy agitado, el jefe de Estado fue a territorio rival: el canal TN. «La que no quiere pensar en un indulto es Cristina», se curó en salud, a la vez que volvió a denunciar el «error judicial estrepitoso de involucrarla» bajo el argumento de que un presidente «no puede no saber qué hacen sus subordinados». «Yo mismo no sé qué pasa con muchas obras», ejemplificó y hasta arriesgó que, con semejante precedente, nadie va a querer gobernar el país.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a entender que hay un problema grave con la Justicia federal, que hace que no haya garantías para la ciudadanía. Si el presidente de la Nación piensa eso y se equivoca, es grave; si tiene razón, el panorama es directamente desolador.

Esos argumentos esperables no escandalizaron a sus entrevistadores. Lo curioso es que estos hayan dejado pasar una expresión asombrosa. Consultado por la disposición de la Corte de reforzar la seguridad de los magistrados que intervienen en la causa «Vialidad» y confrontado con el misterio de Alberto Nisman, respondió: «Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó. Hasta acá no se probó otra cosa. Yo espero que no haga algo así el fiscal Luciani». 

El problema de la comunicación presidencial radica en el propio Presidente y no hay equipo de comunicación que pueda atajar, en tiempo real, semejante nivel de torpeza. Esperablemente, la frase saltó de inmediato a lo más alto de las portadas de La NaciónClarín, que incluso antes del exabrupto le reclamaba al kirchnerismo no jugar con el nombre del fiscal malogrado, y otros medios. Así, la excursión presidencial por territorio hostil terminó del peor modo y nadie puede decir que le hayan tendido una emboscada.

Claves de una estrategia

Si la condena, como dice la expresidenta, ya está redactada, entender el juego que viene invita a elevar la mirada. Hay estrategia y es bifronte: interna y externa.

En lo doméstico, el agite será político, mediático y callejero. Máximo Kirchner convocó para hoy al PJ bonaerense en busca de una declaración dura de respaldo a su madre, mientras madura la idea de organizar una marcha histórica en la que la lista de presentes y ausentes marcaría la diferencia entre la lealtad y la traición.

Más allá de sus gaffes insólitas, el Presidente actúa en el sentido que necesita Cristina y trabaja el frente internacional, del que, algún día, podría llegar el milagro de la reivindicación a lo Lula. Para eso, juntó a tres de sus aliados regionales –el mexicano Andrés Manuel López Obrador, el colombiano Gustavo Petro y el boliviano Luis Arce– en una declaración que deplora lo que entienden como una «injustificable persecución judicial» con fines proscriptivos.

Mientras, ¿qué se hace con el país indomable?

En la entrevista, Fernández afirmó que «el presidente soy yo; eso nunca estuvo en discusión», ni siquiera en los momentos más calientes de la crisis que rodeó el portazo de Martín Guzmán. Aclarar esas cosas nunca es buen indicio, sobre todo cuando no sobra precisamente volumen político para gobernar la Argentina en medio de la crisis político-institucional desatada en torno a los problemas judiciales de Cristina Kirchner.

Por lo pronto, la calle soliviantada no facilitaría que el FMI le otorgara al país una nueva línea de crédito, como la que Sergio Massa estudia pedir bajo la nueva figura del Fideicomiso de Resiliencia y Sostenibilidad.

En este punto hay que hacer justicia: mientras el cristinismo sacudía a Guzmán por no reprogramar los vencimientos a más de diez años, insensible a que eso no estaba ni siquiera contemplado en los estatutos del Fondo, el exministro empujaba en soledad la creación de esa figura, que habilitaría créditos a 20 años de plazo con diez de gracia. Más claramente: mientras Máximo Kirchner renunciaba como jefe de bloque porque el economista no hacía algo imposible, este sembraba lo que ahora podría hacerse realidad. Alguna vez quedará claro qué buscó el kirchnerismo yihadista al embestir como lo hizo contra su propio gobierno.

Asimismo, la crisis política complica el ajuste massista del gasto porque les da a los sectores damnificados –los que están organizados, claro– un poder de chantaje que el Instituto Patria querría ver satisfechos para consolidar el bloque contra los futbolistas de Comodoro Py. De hecho, un sector de la CGT ya comenzó a presionar en pos de una agenda propia: los fondos de las obras sociales.

En la misma línea, el «dólar soja» es el fracaso esperable y el Palacio de Hacienda podría verse obligado a exagerar futuras medidas para que el campo le arrimara al Banco Central los dólares que harían toda la diferencia entre la gobernabilidad y la ingobernabilidad financiera.

Por último, con una autoridad en cuestión, ¿qué chances hay de que las empresas accedan a un nuevo acuerdo de precios?

(Nota publicada en Letra P).

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