CRISIS EN PERÚ | Castillo derogó el toque de queda, pero flota la idea de su destitución

(Foto: Telam).

La inflación sorprende, sobre todo en alimentos y energía, y gatilla el mal arraigado de la endeblez política. Presidente sin rumbo y oposición destructiva.

Las decisiones impulsivas marcaron los últimos días del presidente de Perú, Pedro Castillo, que primero se apresuró a declarar el estado de emergencia –con la consecuente suspensión de derechos constitucionales– y toque de queda en Lima y El Callao para, menos de 24 horas después, dar marcha atrás. Lo primero no hizo más que atizar una ola de protestas que amenaza con llevarse puesto a su gobierno; lo segundo supone una muestra de debilidad que seguramente hará que la oposición se lance nuevamente a buscar su destitución.

El clima está pesado y la madrugada de este miércoles deparó nuevas protestas, que dejaron 25 heridos y graves daños en el Palacio de Justicia y en la Fiscalía nacional.

«Presidencia insostenible. Los hechos de ayer confirmaron que lo mejor para el país sigue siendo que el presidente Pedro Castillo dé un paso al costado», dijo este miércoles en su editorial el diario más tradicional del país, El Comercio.

«Desatinos del presidente Pedro Castillo abren camino a nuevas elecciones», tituló, por su parte, La República, que consideró que el Gobierno atraviesa una «fase terminal».

Y, por si quedaban dudas, arengó desde su editorial, publicado en la portada: «Elecciones generales, ya».

La ola del descontento no es ajena al escenario internacional: pospandemia de consecuencias que aún se pagan, guerra en Ucrania y encarecimiento de los alimentos y los combustibles.

El detonante fue el aumento reciente de los precios de los combustibles, del orden del 20% en lo que va del año, que arrastra al alza los costos del transporte y, con eso, de toda la economía. 

Fuente: GlobalPetrolPrices.com

El mar de fondo está dado por una inflación que el año pasado saltó de modo alarmante, situación que no ha hecho más que agravarse al calor del conflicto en Europa. En efecto, un índice de precios al consumidor que en 2019 había cerrado en 1,9%, se sostuvo en el 2020 del Gran Confinamiento en 1,97% para trepar en 2021 a 6,43%. Dentro de este último guarismo, cabe destacar el incremento de 7,97% del rubro Alimentos, el de 13,27% en Alquiler de Vivienda, Combustibles y Electricidad, así como el de 7,75% en Transporte.

Este año arrancó recargado, con 1,48% solo en marzo –el peor indicador en 26 años–, algo que ridiculiza la proyección inicial de las autoridades de un 2,9% para todo el período.

Como paliativo, Castillo determinó un aumento del salario mínimo del 10% a partir del 1 de mayo, con el que este pasará a equivaler a 275 dólares. Insuficiente para los sindicatos que fogonean la protesta.

Una multitud desconoció el martes completamente el estado de excepción y el toque de queda. Si las manifestaciones anteriores –que incluyeron un paro de transportistas, piquetes, saqueos y choques con la policía que dejaron un saldo de cuatro muertos– habían puesto en guardia al gobierno, las últimas marcaron el tono de su falta de autoridad.

Con todo, Castillo, un exsindicalista docente de 52 años y advenedizo de la política partidaria, tropezó con su propia precipitación. Muchos observadores locales dudan de que los episodios iniciales hayan tenido en la zona metropolitana la entidad suficiente como para que el presidente decretara una radical suspensión de derechos constitucionales, pasto para el fuego de la calle y del Congreso, que ya desnudó sus intenciones con dos intentos de destitución en los ocho meses de gestión y que ahora volvería a la carga con el tercero.

Para mal de Castillo, la prensa clama por su salida casi en pleno e, incluso antes de los últimos episodios, las encuestas le daban un nivel de desaprobación del 66%.

Ocurre que el presidente, que llegó al poder de la mano de un pequeño partido marxista y con una agenda económica de izquierda y una social de derecha, no da pie con bola. En el marco del sistema semipresidencialista de Perú ya debió realizar tres cambios de gabinete, no supo atajar las gaffes públicas de muchos de sus ministros y se ha visto expuesto a denuncias de corrupción que poco se sabe cuánto tienen de delictivo y cuánto de político.

Mientras, sus promesas de distribución del ingreso y acceso de las mayorías al gas natural que solo abunda para la exportación siguen sin avanzar, lo que explica que uno de los epicentros de las protestas haya sido el gran bastión electoral del oficialismo, la ciudad de Huancayo, ubicada en el departamento central –provincia– de Junín.

 El gobierno de Castillo nació débil, débil sobrevive y, acaso, débil colapse. En la segunda vuelta del 6 de junio del año pasado, superó a Keiko Fujimori por un margen exiguo: 50,13% a 49,87%. Con lo obtenido en el primer turno –menos del 19%–, su gobierno se quedó con apenas 37 de las 130 bancas del parlamento y a tiro de «moción de vacancia» ante una oposición que se unifica en su deseo de destruir todo atisbo de institucionalidad.

Que Castillo haya superado dos intentos de remoción en ocho meses dista de ser una excentricidad. El liberal Pedro Pablo Kuczynski renunció en abril de 2018 antes de que el segundo juicio político en su contra se consumara y su vice y sucesor, Martín Vizcarra, resultó efectivamente eyectado de su silla en noviembre de 2020.

Con un sistema político tan fragmentado, que solo origina presidencias exangües, las mociones de vacancia siguen dirimiendo el poder en la escena parlamentaria mucho después de que se guardan las urnas. Un problema adicional es que el Parlamento cuenta con una imagen negativa de casi el 90%, lo que tampoco valida sus embestidas.

Ser presidente en Perú casi equivale a asumir un destino de cárcel, procesamiento, exilio… o algo aun peor.

Alberto Fujimori sigue preso por crímenes de lesa humanidad y, aunque la Corte Constitucional determinó que debe ser liberado, aguarda un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En tanto, Alejando Toledo es buscado por la Justicia y permanece prófugo en Estados Unidos.

Alan García se suicidó en 2019 para evitar su encarcelamiento por presuntos hechos de corrupción.

Ollanta Humala pasó más de nueve meses preso entre 2017 y 2018 por supuesta financiación ilegal de su campaña –coletazo del caso Odebrecht– y aguarda ahora sentencia en un caso que podría costarle una condena a 20 años. 

Kuczynski cumple arresto domiciliario también en el marco de la conexión peruano de la operación brasileña Lava Jato.

Por último, Vizcarra está sometido a proceso, también por presunta corrupción.

En un contexto semejante, con un modelo económico vistoso en los números macro, pero que promete un derrame que jamás llega, el «que se vayan todos» y un novedoso «todos a la cárcel» no podría atronar más.

(Nota publicada en Letra P).