Malvinas, 40 años después | El valor geopolítico de las islas y la Argentina posible

Radiografía del tesoro del Atlántico sur. Recursos clave, rutas estratégicas y despliegue militar. Soberanía, orgullo y una pregunta necesaria: ¿qué país queremos ser? 

Recordar la guerra que comenzó hace exactamente 40 años permite valorar que en la causa Malvinas se juegan intereses nacionales que merecen alta consideración, desde cuestiones de seguridad hasta el acceso a riquezas hoy vedadas por el sostenimiento de una vetusta situación colonial. Esta última, es crucial señalar, es continuamente condenada en los principales foros globales y por la amplia mayoría de la comunidad internacional, salvo por un puñado de países poderosos que engatusan a los débiles con grandes proclamas sobre los principios de la libertad y la democracia, pero que a la hora de la verdad solo persiguen su propio interés, entendido del modo más impiadoso que pueda imaginarse.

El mundo se estremece hoy por la guerra en Ucrania y por el sufrimiento que la invasión rusa provoca en ciudades como Kiev, Mariúpol, Járkov, Jersón y tantas otras, cuyos nombres se nos hacen de pronto familiares. Dicho conflicto prueba que es ley que un país –en ese caso, uno de 45 millones de habitantes y productor a gran escala de granos– puede quedar preso de un vendaval geopolítico más allá incluso de su voluntad. Acaso, esa conflagración lejana no lo sea tanto.

En Europa del Este se dirime nada menos que la distribución de zonas de influencia, TEG macabro en el que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no ha dejado de expandirse hasta transponer la línea de la hoy invisible cortina de hierro que dividió al continente en la Guerra Fría. En efecto, la caída de la Unión Soviética en 1991 permitió que una alianza militar que se quedó sin contendiente, pero no sin deseos de hegemonía, se asentara en oleadas sucesivas en países como Hungría, Polonia y República Checa en 1999; Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Rumania, Estonia, Letonia y Lituania en 2004; Albania y Croacia en 2009; Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en 2020.

Ucrania, cuyo pedido de membresía data al menos de 2008, recibió diez años después el estatus de país candidato. Para la Rusia de Vladímir Putin, empeñada en la recuperación del pasado imperial, esa fue una línea roja que, entre otros factores, desembocó en la guerra de este año.

Aunque pueda pensarse otra cosa, la Argentina no es ajena a ese escenario y la situación colonial en las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur es el recordatorio más poderoso de ello.

 Por un lado, porque uno de los actores del conflicto europeo, la OTAN, se encuentra asentado en una base militar en el Atlántico Sur, zona que se pretende desmilitarizada y desnuclearizada.

En 2018, el gobierno de Mauricio Macri envió al Congreso la información disponible sobre dicho asentamiento. En el escrito, se daba cuenta de la presencia de 1.200 efectivos británicos estables en la base de la Real Fuerza Aérea en Monte Agradable, ubicada a 50 kilómetros de Puerto Argentino. La misma cuenta con dos pistas aéreas y un embarcadero de aguas profundas en Puerto Yegua.

Como parte del equipamiento, el informe habló de varios buques –un patrullero, un tanque-logístico, uno polar–, de un escuadrón de cuatro aviones caza Eurofighters Typhoon, dos helicópteros de carga, una unidad de abastecimiento de combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo táctico. Asimismo, de sistemas de radares y baterías de misiles tierra-aire Sky Sabre, que reemplazaron el año pasado al Rapier, que estaba desplegado desde la guerra de 1982.

La base es la mayor del Reino Unido en el Atlántico Sur y permite a los países de la OTAN realizar ejercicios bélicos. Conforma un complejo de instalaciones destinadas a asegurarle al Reino Unido –a la OTAN, en definitiva– el control del Atlántico Sur en conjunto con las de Ascensión, Tristán da Cunha y Santa Helena.

La dotación militar resulta completamente desmesurada tanto desde el punto de vista de la hipótesis de conflicto que podría representar una Argentina democrática y sin vocación ni posibilidades materiales de ir a una nueva guerra como de la propia población del archipiélago, que no llega al triple de la presencia de soldados.

En tanto, documentos desclasificados en Londres confirmaron recientemente una sospecha de larga data: el transporte a las aguas circundantes, durante la guerra, de barcos equipados con 31 armas nucleares, dos tercios del stock de bombas atómicas de profundidad que el Reino Unido tenía disponibles en la época. La demanda nacional, elevada por el canciller Santiago Cafiero en febrero último para que el Gobierno de Boris Johnson brinde explicaciones sobre ese episodio y el destino que se le dio a dicho material resultan reveladores tanto de la peligrosidad de una presencia militar semejante como de su falta de transparencia y de control para la Argentina, Brasil, Uruguay, y Chile, los países que podrían verse afectados.

El factor antártico

Más arriba se hablaba de la presencia en el Atlántico Sur de los mismos actores que se dan cita en el drama de Ucrania. El país invasor, Rusia, también mira esas aguas con interés. Claro que la zona es un teatro secundario en la puja por la hegemonía militar entre la Alianza Atlántica y el Kremlin, por detrás, claro, de Europa y de Asia, pero el futuro permite poner en cuestión esa certeza.

En efecto, Rusia tiene –al igual que Argentina, Chile y otros países ribereños– ambiciones sobre un eventual reparto de la Antártida, con su valor en materia de cambio climático y con sus reservas de recursos naturales inexplorados, que van de los hidrocarburos al agua. Esa es una parte importante de la actividad –de baja exposición, aunque continua– de Moscú en el país para encontrar el modo de hacer pie en la zona. No es precisamente el tránsito de ciudadanos rusos por Tierra del Fuego lo que justifica que el Kremlin le haya solicitado a la Argentina la oficialización de una oficina diplomática en Ushuaia, trámite cajoneado en la Cámara de Diputados. Su nombre, «Consulado de la Federación Rusa en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur», sería la contraprestación en forma de reconocimiento de los derechos soberanos nacionales para un gesto que no haría más que calentar un conflicto que por ahora permanece agazapado.

El Tratado Antártico mantiene congelados –valga la expresión– los reclamos de soberanía, que en el caso de la Argentina, superponen a la zona reclamada los planteos de Chile y, justificada por su presencia en Malvinas, del Reino Unido, que abarca y supera todo el territorio pretendido por nuestro país. El tema será abierto alguna vez y más le vale al país llegar a esa coyuntura en condiciones de establecer sus puntos de vista en una mesa que lo juntará con Estados ribereños y con las principales potencias globales. 

Presuntamente lejos de todos los grandes conflictos geopolíticos, la Argentina no debería fiarse de esa apariencia. El del Atlántico Sur no es ese el único conflicto global que la involucra. Medio Oriente, Irán y los intereses que se mezclan en torno a la atribución de culpas en los atentados contra la embajada de Israel –1992– y la AMIA –1994–, así como en la muerte del exfiscal Alberto Nisman, son recordatorios poderosos de que el mundo es solo uno y de que todo queda demasiado cerca.

Cuestión de negocios

Soberanía, orgullo nacional y geopolítica aparte, en la cuestión Malvinas se juega dinero contante y sonante.

El auge petrolero de Brasil, se sabe, se basa en buena medida en la explotación de yacimientos petroleros ubicados a gran profundidad en el lecho del mar, en particular frente a la costa de los estados de Río de Janeiro y San Pablo. Las condiciones geológicas hacen suponer que la cuenca continúa profundamente hacia el sur, lo que, de comprobarse, sumaría riquezas enormes a las ya contabilizadas como reservas en Vaca Muerta.

Falta de dinero propio, un desmadre macroeconómico sin solución a la vista, limitaciones para la inversión privada extranjera en una zona que sigue sujeta a litigio y quejas de grupos ambientalistas han frenado hasta ahora su debida exploración. Sin embargo, hay claras muestras sobre la existencia de recursos importantes que yacen bajo el lecho marino y que, en pocas décadas, resultarían ya inservibles debido a su reemplazo por fuentes de energía limpias de nueva generación.

En lo que respecta solo a las aguas próximas a las islas, se estima que el potencial petrolero es de hasta 80.000 barriles de petróleo por día. 

Pero si eso es una posibilidad, hay muestras más tangibles de la riqueza de la zona. Un consorcio en el que se han asociado las petroleras argentina Pan American Energy, la francesa Total y la alemana Wintershall Dea debe decidir este año si invertirá en el Proyecto Fénix, un desarrollo offshore frente a las costas de Tierra del Fuego que involucraría una inversión inicial de 1.000 millones de dólares y que sumaría una producción de gas de 10 millones de metros cúbicos diarios en los próximos 15 años. La guerra en Ucrania, el reemplazo del petróleo y del gas rusos en Europa que se espera para los próximos años y perspectivas sostenidas de precios en el mediano y hasta en el largo plazo podrían ahora destrabar un plan que, además, posibilitaría la puesta en marcha de un demorado polo petroquímico cerca de la ciudad de Río Grande.

En lo que respecta a la pesca, Malvinas encuentra en esa actividad su principal recurso económico, que genera exportaciones por unos 300 millones de dólares anuales, casi 60% del producto bruto interno de las islas, a través de licencias para la extracción de calamar, merluza negra y otras especies.

Petróleo, gas, pesca… todos esos recursos, aún no explotados en todo su potencial y apropiados por el control de un área importante del mar por una de las potencias militares más grandes del presente, significarían la posibilidad de que la provincia de Tierra del Fuego garantizara su viabilidad económica sin necesidad de apelar a industrias subsidiadas, muy demandantes de divisas y de dudosa productividad por la distancia respecto de los principales centros de consumo de la Argentina como el ensamblado de artículos electrónicos.

¿Hay una política de Estado?

Todo lo anterior y más se juega en la causa Malvinas, sobre la que se suele dar cuenta de una «política de Estado», impuesta por la Constitución de 1994 y que trasciende a los gobiernos de turno en su reivindicación. ¿Eso es realmente así? ¿O se trata simplemente de un eslogan que nos gusta pensar como verdadero?

Por impronta ideológica, los gobiernos kirchneristas han sido enfáticos al respecto, lo mismo que el radicalismo alfonsinista, que hicieron todo lo posible para sostener en alto el reclamo en los foros internacionales y dificultar explotaciones comerciales que no son más que una extracción impropia de riqueza nacional.

Sin embargo, con Carlos Menem primó la política de «seducción» hacia los kelpers, quienes no parecieron sensibilizarse ante la llegada de encomiendas con osos Winnie the Pooh. Con Mauricio Macri, en tanto, la reivindicación de la soberanía fue puesta sine die bajo un «paraguas» que no hizo más que desactivarla, sin beneficio para el país y que solo facilitó los negocios para los ocupantes.

Lo más inquietante, sin embargo, se mueve en silencio bajo la superficie, esto es la prédica de una minoría de personas que se autoperciben como intelectuales liberales que pasan de la comprensión de los «intereses» de los isleños a la reivindicación de sus «deseos» de autodeterminación.

Principios diplomáticos

Firmes contra el pueblo, esos dichos son marginales, claro, pero confunden. La Argentina nunca puede reconocer derechos nacionales a una población insuficiente para llenar el teatro Gran Rex que, además, ha sido implantada y sostenida por la fuerza de las armas. Esto no implica de ningún modo que haya que plantear su remoción o el desconocimiento de su lengua, cultura y tradiciones, sino que es imperioso encontrar, alguna vez, una forma de incluirla en una Argentina diversa y respetuosa de sus particularidades.

Lo anterior, dicho sea de paso, no admite dudas en el manejo de la política exterior de la Argentina. Se mencionaba más arriba el caso de Ucrania… No cabe, respecto del mismo, la menor sombra de duda sobre la necesidad de que el país privilegie el principio de integridad territorial de los Estados, sin dar lugar alguno a reclamos separatistas por parte de poblaciones implantadas. Asimismo, en lo que respecta a Medio Oriente, debería ser política de Estado el reconocimiento de los derechos nacionales del pueblo palestino, condicionados casi al punto de la fatalidad por la persistente colonización israelí de territorio arrebatado.

Más allá de consideraciones éticas, ese tipo de posturas debe surgir del propio interés nacional de la Argentina, en el que no hay lugar para seguidismos ideológicos ingenuos –o no tanto– que alineen a los cultores de uno y otro bando de la grieta con poderes externos que no hacen más que perseguir su propio juego.

¿Ideología o intereses?

A tono con lo anterior, cabe volver sobre formas recientes de abandono de una idea de interés nacional que ha permeado en las últimas décadas en un sector amplio de la clase dirigente argentina, algo que, por cierto, no se permitirían jamás sus homólogas de países como Estados Unidos, Brasil o el propio Reino Unido. Pero el drama es transversal: si a la derecha le toca lo que le toca, hay que decir que el progresismo sigue sin registrar que la herencia de la dictadura merece el tratamiento que tiene –el de memoria, verdad y justicia–, pero que poco sirve a la patria el sostenido desconocimiento de la necesidad de que esta se dé una política de defensa democrática y eficaz.

El magnífico litoral marítimo argentino –reconocido por la ONU a través de la demarcación del límite exterior de su plataforma continental– así lo reclama, lo mismo que fronteras terrestres y pluviales vastísimas y porosas con cinco países hermanos. ¿Son necesarias las Fuerzas Armadas? ¿Qué finalidad deben cumplir en un marco democrático? Esas son preguntas que una derecha empeñada en ajustar el gasto sea como sea y un progresismo negado a pensar la defensa nacional no terminan de responder. Mientras, la pesca ilegal hace lo que quiere y depreda recursos que podrían alimentar a muchas personas necesitadas, en tanto que quijotescos intentos de control equivalen a enviar a la muerte a marinos y marinas valientes a bordo de submarinos desvencijados, como ocurrió con los y las 44 tripulantes de ARA San Juan.

Tal como están dadas las cosas, ¿será Malvinas una causa perdida? El presente no puede dar jamás una respuesta semejante, no al menos sin que la Argentina intente  superar su presente pequeño y comience a pensarse como el país relevante que puede ser. Uno que cuente con estabilidad, condiciones y recursos para explotar sus riquezas y distribuir con equidad los frutos de esta, uno cuya voz internacional deje de repetir letanías que giran exclusivamente en torno a la necesidad de refinanciar deudas impagables.

El futuro, apasionante, es una aventura abierta. De los argentinos y argentinas depende que se convierta en realidad.

Más allá de homenajes y feriados de compromiso, las respuestas que la sociedad se brinde a sí misma en torno de la causa Malvinas, sentida como es por una amplia mayoría, condensan el porvenir posible de la Argentina.

¿Nos animaremos definitivamente a reconstruir el país que, aunque sea en el fondo, todos y todas anhelamos?

Bien vale la efemérides para recordar los sueños más queridos.

(Nota publicada en Letra P).