Chile, ante su destino: entre un cambio audaz y la reivindicación del pinochetismo

(Foto: Reuters).

Las encuestas pronostican la madre de todas las batallas: un duelo entre una nueva izquierda y el conservadurismo duro. La sociedad parece alejarse del reformismo limitado, pero el ansia de un replanteo profundo del régimen de alto crecimiento y distribución insuficiente enfrenta grandes resistencias.

Una definición quedó consumada, otra está a punto de escribirse y una más alumbrará en el mediano plazo: entre la falta de votos del martes en el Senado para destituir a Sebastián Piñera por corrupción y conflicto de intereses, la elección presidencial del domingo –con segunda vuelta el 19 de diciembre– y el proceso de redacción de una nueva Carta Magna, Chile va delineando qué alcances tendrá la turbulenta etapa de cambio que vive.

Desde el domingo comenzará a dirimirse si el próximo jefe de Estado propondrá una agenda de reformas amplia –a la altura del desafío que supuso la insurrección popular de 2019– o si, en cambio, se convierte en el paraguas de un establishment que no quiere ninguna nueva alteración del modelo socioeconómico legado por la dictadura pinochetista y reformado solo parcialmente por la política en las últimas décadas. En tanto, a nivel de la Asamblea Constituyente, está por verse qué alcances tendrán los planes de ordenamiento del sistema de gobierno, la definición del derecho de propiedad y la amplitud que tendrán servicios públicos como la salud, la educación y el sistema previsional.

Escenario

Las últimas encuestas indican que los candidatos mejor posicionados para salir primero y segundo el domingo son el pinochetista José Antonio Kast y el progresista Gabriel Boric. Este último es un exlíder estudiantil, hoy de 35 años, que se ha presentado como emergente de la rebelión de hace dos años y que encabeza una alianza de izquierda más audaz y alejada de la dócil ex-Concertación. Ambos miden en torno al 30% y se alternan en el primer y segundo puesto, por lo que serían los animadores del balotaje.

Lo que parece un escenario preelectoral consolidado, con todo, se ha visto cuestionado en los últimos días cuando el portal El Líbero reflotó una vieja denuncia contra Boric por acoso sexual.

La misma se remonta a 2012, cuando el candidato de la alianza de izquierda Apruebo Dignidad era presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), y saltó a las redes sociales en junio último. La denunciante, cuyo nombre no se ha hecho público, definió a aquel como «un cerdo que me acosaba cuando trabajé con él» y aludió a situaciones de «violencia». El postulante negó los cargos de acoso, pero vinculó la acusación a que en el pasado pudo haber empleado «lenguaje machista», algo de lo que –afirmó– se arrepiente.

Contraste

La chilena es una sociedad diferente de la argentina, lo que puede hacer que llame la atención aquí que, ante semejante acusación, no se ventilen los detalles, en especial qué significa el señalamiento de «violencia» en un contexto semejante. La preservación de la damnificada y el respeto a su voluntad de no ser revictimizada termina siendo funcional a la estrategia de encapsulamiento del escándalo del dirigente.

Esa reacción comedida se constató claramente en el debate televisado del último lunes, en el que ninguno de los progresistas que compiten con Boric para convertirse en el candidato anti-Kast en el balotaje hizo mención alguna al asunto. Solo hubo una pregunta liviana de la periodista que condujo ese tramo de la cita.

En el medio, Yasna Provoste –Nuevo Pacto Social, la ex-Concertación–, Marco Enríquez-Ominami –Partido Progresista–, Eduardo Artés –de la radical Unión Patriótica– y Sebastián Sichel –un liberal en toda la regla que encabeza la coalición oficialista Chile Podemos Más y pretende disputarle el voto de derecha a Kast– se entregaron a un intercambio cuyas reglas de juego dijo mucho sobre la presión que el establishment comunicacional y empresarial ejercen para limitar el ciclo de cambio.

Reacción

Llamó la atención, en ese sentido, que el debate haya girado durante largos tramos en torno a preguntas de los moderadores acerca de qué garantías ofrece cada postulante para «mantener la gobernabilidad», si están dispuestos o no a reprimir protestas que incluyan piquetes y bloqueos del tránsito y «cuál de sus propuestas genera más incertidumbre a los inversores». Si la inquietud por la gobernabilidad se vincula, comprensiblemente, con el trauma de las manifestaciones de 2019 –que incluyeron dosis fuertes de violencia y que fueron reprimidas brutalmente por Carabineros–, las otras dos resultan reveladoras sobre qué tipo de paz social se pretende asegurar.

Ante eso, Boric pareció dar señales de moderación, alejadas de los dichos de quien había llegado a prometer que «si Chile fue la cuna del modelo neoliberal (en la región), también será su tumba». Así, hizo mea culpa por alguna propuesta impositiva demasiado disruptiva y puso en caja al liderazgo comunista que lo acompaña por haber respaldado al régimen de Daniel Ortega en Nicaragua.

En tanto, Provoste sobresalió más por la progresividad de su agenda social que por la económica y Enríquez-Ominami puso menos énfasis en hablar sobre correcciones de fondo a la mala distribución del ingreso que en su idea de que el Gobierno haga política social en base a un mayor endeudamiento, algo destinado –aseguró sin medir las palabras– a «invertir» la ecuación que hace que hoy haya «un Estado rico y una sociedad pobre».

Mano a mano

Si las encuestas tuvieran razón y si el escándalo que complica la candidatura de Boric no modificara la tendencia prevista para la primera vuelta, resultaría interesante que la pelea de fondo por la presidencia se dirimiera entre un nostálgico impenitente del pinochetismo –régimen al que en los últimos días diferenció, ensalzándolo, de «dictaduras» como las de Venezuela, Cuba y Nicaragua– y un representante de una izquierda alejada de la concertacionista.

Ese clivaje expresaría, a la vez, la frustración de una sociedad harta de que la vida sea demasiado dura y cara después de décadas de crecimiento y reparto injusto de los beneficios como los reflejos defensivos del statu quo.

Junto con la elección del presidente, de los 155 miembros de la Cámara de Diputados y de 27 de los 43 senadores, los chilenos que hagan uso el domingo de su derecho optativo a votar definirán el esquema de poder que deberá someter a referendo y aplicar el texto que salga de la Constituyente. El ansia de cambio tiene raíces profundas en Chile, pero también enfrenta resistencias enconadas. Está por escribirse un capítulo crucial. 

(Nota publicada en Ámbito Financiero).