Busca lograr su eliminación –y un ahorro grande– antes de fin de año. Otras alegrías del comunicado. De las palabras a los hechos. ¿Acuerdo en el verano?
Bastó una breve referencia dentro del comunicado de ocho páginas y media que recogió las conclusiones de la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de bancos centrales realizada en Washington para que al Gobierno le volviera el alma al cuerpo. La misma abre –y no cierra, negativamente, como se había dicho– la cuestión de las sobretasas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cobra a los países altamente endeudados por largo tiempo, un punto sensible de la agenda argentina para culminar la renegociación de la deuda de 44.000 millones de dólares tomada en tiempos de Mauricio Macri. La expectativa oficial es ahora convertir esas palabras en concreciones antes de fin de año, de modo de avanzar hacia la firma de un acuerdo definitivo entre ese momento y marzo de 2022 como máximo.
«Agradecemos al FMI la actualización de su política de sobrecargos y esperamos una discusión más amplia en el Directorio en el contexto de la revisión interina de los saldos precautorios», señaló.
La mención, retórica por el momento, mantiene sobre la mesa de las discusiones ese tema a pesar de que la agencia de noticias Bloomberg lo había dado por liquidado el lunes. «El Directorio rechazó el mes pasado en una reunión informal una propuesta para discutir un alivio temporario de las sobretasas, esto es, las comisiones que se cargan a los países que usan líneas de crédito de manera extensiva», había dicho.
“El comunicado es un respaldo al pedido de la Argentina y desestima la nota que decía que nos habían bajado el pulgar», dijo un funcionario que acompañó a Martín Guzmán, quien notó la obviedad de que Estados Unidos, el país que cuenta con mayor poder de decisión en el FMI, firmó sin objeciones el texto. El ministro tejió intensamente esa mención en el comunicado durante los encuentros que mantuvo con sus pares en el foro.
PPese a la euforia oficial, que el G20 respalde discusiones al respecto no indica que las mismas vayan a convertirse necesariamente en una reforma. Sin embargo, la intención del representante ante el FMI, Sergio Chodos, es intentar que ese tema llegue al Directorio y se resuelva favorablemente antes de fin de año para, luego, encarar el tramo final de la negociación para convertir el Stand-by caído en un programa de Facilidades Extendidas (EFF) a diez años, que le dé al país al menos cuatro años de gracia para realizar pagos y que, además, pueda extenderse a un plazo mayor en caso de que el organismo avance en una reforma amplia que le otorgue más instrumentos para lidiar con países altamente endeudados, como la Argentina.
Lo que está en juego es grande y marcará en buena medida cuán costoso le resultará al país devolver la montaña de plata que debe.
El FMI regula el costo de los créditos que otorga a los Estados miembros en base a dos criterios: la relación entre su monto y la cuota que cada uno de ellos tiene depositada y el plazo de devolución. Esa regulación de las tasas de interés se realiza en base a los Derechos Especiales de Giro (DEG), la unidad de cuenta del dinero del organismo.
De acuerdo con su reglamentación, «la tasa de préstamo comprende: 1) la tasa de interés de los DEG determinada por el mercado —con un nivel mínimo de 5 puntos básicos— más un margen (actualmente, 100 puntos básicos), que juntos representan la tasa básica de cargo; y 2) sobretasas, que dependen del monto y el plazo de reembolso del crédito. Se paga una sobretasa de 200 puntos básicos sobre el monto del crédito pendiente que supere el 187,5% de la cuota (del país). Si el crédito se mantiene por encima del 187,5% de la cuota después de tres años, esta sobretasa se eleva a 300 puntos básicos», señala en su página de Internet. Argentina, el país más endeudado del mundo con el Fondo desde 2018, está pasada en todos los criterios, por lo que le correspondería pagar la mayor sobretasa existente, de 3 puntos porcentuales por encima de la básica.
¿Se trata de un castigo al deudor? La intención es, más bien, desalentar el uso extendido de recursos de la entidad.
Por otra parte, el comunicado de los ministros y jefes de bancos centrales del G20 dejó otros dos elementos de satisfacción para el país.
El primero fue el respaldo a que se ofrezcan «opciones viables a los miembros con fuertes posiciones externas para canalizar voluntariamente una parte de sus DEG asignados, de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, para ayudar a los países vulnerables». Guzmán ha defendido la posibilidad de que los países ricos que no usaron la distribución de dinero que el Fondo realizó este año entre sus miembros para ayudarlos a combatir los efectos de la pandemia se convierta en un mecanismo de solidaridad con los más afectados. Eso incrementaría la asignación de 4.300 millones de dólares ya recibida por el país.
En segundo lugar, el texto del G20 alienta al FMI a establecer un Fondo de Resiliencia y Sostenibilidad para financiar a largo plazo a los países de ingresos medios y bajos, otro de los planteos que viene realizando el ministro de Economía.
Marcelo Falak 