(Foto: Noticias Argentinas).
Exige reforma electoral y dice que puede impedir los comicios de 2022 «por fuera de la Constitución». Miedo a Lula y estrategia de tierra arrasada a lo Trump.
La idea de un golpe de Estado en Brasil es tan vieja como la irrupción de Jair Bolsonaro en la política grande. La cuestión vuelve con furia en estos días en medio de las reiteradas e infundadas denuncias del presidente sobre un fraude en su contra en las elecciones de octubre del año que viene, de llamamientos a que sus partidarios se armen, de resistir los procesamientos en su contra por «fuera de la Constitución» y de la indignada reacción de buena parte del círculo rojo institucional, empresarial, mediático y cultural.
Tarde piaste: ese mismo establishment resultó clave hace cinco años –en un triple juego protagonizado por un bolsón del Poder Judicial… ¿con agenda propia?, los medios y el Congreso– para demoler primero al gobierno de Dilma Rousseff y luego la precandidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, quien fue abusivamente enviado a la cárcel y privado de sus derechos políticos.
Hoy la alarma les suena a todos porque la criatura se salió de control.
La secuencia es extensa, pero lineal. Fiel a una postura de ultraderecha que no varió significativamente ni siquiera cuando Donald Trump fue desalojado del poder en Estados Unidos, Bolsonaro recortó a lo largo de su gestión derechos ganados a pulso durante mucho tiempo por diferentes sectores sociales; ofendió a cuantos de ellos pudo, desde las mujeres hasta los homosexuales, pasando por los simpatizantes de la izquierda y hasta países vecinos como la Argentina; politizó peligrosamente a las Fuerzas Armadas; optó por el peor curso de acción posible frente a la pandemia, ignorándola y convirtiendo a Brasil en un desastre de 560 mil muertes señalado por el mundo entero, y, según denuncias de algunos de sus propios partidarios, omitió pedidos de coima desde el Ministerio de Salud para la compra de vacunas. Ante semejantes resultados, comenzó a derrumbarse en las encuestas y la rehabilitación judicial y política de Lula da Silva comenzó a mostrarlo 20 puntos atrás en las encuestas –con riesgo de derrota en primer turno– en la carrera hacia la elección de octubre del año que viene. Así fue cómo perdió la cabeza.
El sistema de votación con urnas electrónicas ha regido en Brasil desde 1996, nunca ha recibido impugnaciones serias y, de hecho, no fue obstáculo para su triunfo en 2018. Sin embargo, él dice que si aquellas no emiten un ticket impreso de los sufragios, quedaría asegurado un fraude a favor de la izquierda con aval del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Supremo Tribunal Federal (STF). En esa tendencia, afirmó que «habrá elecciones confiables o no habrá elecciones».
Y hubo más: en un mensaje difundido en sus redes sociales, dijo que «toda dictadura fue precedida por una campaña de desarme. Para mí es diferente. El pueblo de bien debe estar armado a ejemplo del pueblo estadounidense para que los prototipos de dictadores no quieran hacer valer su voluntad en nuestra patria amada llamada Brasil». El fantasma del copamiento del Capitolio por parte de una horda trumpista quedó definitivamente instalado y un sector del círculo rojo brasileño percibió que se había tocado el hueso del sistema institucional.
En tiempos de debilidad, todos los presidentes echan mano al centrão, un conglomerado de partidos –conservadores, pero más interesados en los negocios que en la ideología– poderoso en el Congreso y útil para bloquear procesos de juicio político que comienzan en Diputados.
Ese matrimonio quedó plasmado con el nombramiento de Ciro Nogueira como ministro jefe de la Casa Civil –jefe de gabinete–. «Cambiar de opinión no es contradicción», dijo el hombre al consumar el casamiento, pero, dados los antecedentes, no es fidelidad máxima lo que cabría esperar de él.
En su ofensiva, Bolsonaro mandó a su ministro de Defensa, general Walter Braga Netto, a decirle al presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira –un oficialista que por ahora bloquea pedidos de impeachment que se acumulan– que no habrá elecciones si no se modifica el sistema electoral. Así lo afirmó el tradicional diario O Estado de São Paulo y la desmentida de los aludidos no detuvo el escándalo.
El Supremo se puso en marcha, los ataques del jefe de Estado contra los magistrados arreciaron y estos, a su vez, contragolpearon. En su última decisión, conocida el miércoles, le abrieron una causa por «calumnias» e «incitación al crimen», entre otras que ya tramitaba.
El juez del STF Alexandre de Moraes denunció en su escrito que «a partir de información falsa, reiteradamente repetida a través de las redes sociales y otras vías similares, se formula una narrativa que deslegitima las instituciones democráticas y estimula a grupos de simpatizantes a atacar a personas que representan a esas instituciones». El ministro es miembro tanto del STF como del TSE, al igual que otros dos de sus pares.
Mientras, el Tribunal Electoral sigue otra causa por su cuestionamiento del sistema electoral y el Senado tiene en marcha una comisión de investigación por su desmanejo de la pandemia, que ha sumado las denuncias de que pudo haber encubierto pedidos de coimas para la compra de vacunas.
Ante el último paso del STF, Bolsonaro disparó el miércoles. «El ministro Alexandre de Moraes abrió una investigación de mentira, me acusa de mentiroso. Es una acusación gravísima, todavía más en una causa sin base jurídica (…). ¿El abre (el caso), investiga y castiga? ¿Eso está dentro de las cuatro líneas de la Constitución? No lo está. Entonces el antídoto no está dentro de las cuatro líneas de la Constitución. Nadie es más macho que nadie», dijo.
El aspirante a macho alfa de la política brasileña embiste, ciego, con sus cuernos. ¿Podrá llevarse puesto todo por delante y sumar al desastre sanitario de Brasil uno institucional?
El futuro ya llegó.
Marcelo Falak 