(Foto: Reuters).
La titular del cuerpo, la lingüista Elisa Loncon, podría reunir los dos tercios de los votos necesarios para su plan de restitución de tierras y reconocimiento de autonomía a los pueblos originarios. ¿Un choque de trenes con el poder militar y el establishment?
«Grupo de Convencionales de Vamos por Chile [la alianza de derecha] pide que se vuelva a entonar Himno Nacional tras la accidentada sesión» de apertura de la Constituyente, dijo ayer uno de los principales titulares de portada del sitio de El Mercurio. En tanto, el sitio web El Mostrador indicó: «Declaración sobre los presos del estallido [social de 2019, a quienes se pretende amnistiar], el primer gran nudo de la Convención». La política chilena arde en el inicio de las deliberaciones del cuerpo que en los próximos nueve meses –prorrogables por otros tres– deberá redactar una nueva constitución. Los disturbios que lo rodearon el domingo en el edificio del viejo Congreso de Santiago, los silbidos que se escucharon cuando se cantaba la canción patria y, sobre todo, la elección como presidenta de la referente mapuche y feminista Elisa Loncon levantan ya ampollas en los sectores más conservadores. ¿Se dirige Chile a un conflicto sin precedentes desde el final de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990?
Loncon, una lingüista e intelectual de 58 años que accedió a una de las 17 bancas reservadas a pueblos originarios, acudió vestida con ropa tradicional de su pueblo, exhibió la wenufoye –la bandera que ella misma ayudó a diseñar en 1992– y hasta pronunció un saludo en mapudungún. «Esta Convención transformará Chile […]. Es un sueño de nuestros antepasados y este sueño se hace realidad. Es posible, hermanos y hermanas, compañeros y compañeras, refundar este Chile, establecer una relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país», se esperanzó al anticipar su propuesta de que el nuevo texto constitucional cambie el sistema unitario, proclamado en el artículo 3 de la Carta Magna vigente, en uno plurinacional, al estilo de Bolivia.
¿Será una utopía? No necesariamente porque Loncon y su programa llegaron a la presidencia del cuerpo con 96 de los 155 votos del mismo, cerca de los dos tercios necesarios para aprobar las iniciativas.
La aspiración de dar nacimiento a un Chile que reconozca particularidades regionales y étnicas merecedoras de cierto grado de autonomía choca con la tradición del país, en particular con la visión de las Fuerzas Armadas.
Las regiones chilenas en las que los mapuches reclaman la restitución de tierras ancestrales son Biobío y la Araucanía, donde los índices de pobreza alcanzan a 13,2% y 17,4% de la población, respectivamente, muy por encima de una media nacional del 10,8%.
Cabe recordar que el conflicto mapuche, violento en Chile y tratado durante años por el Estado en base a una cuestionada ley antiterrorista, también tiene ecos en la Patagonia argentina. A uno y otro lado de la frontera, los sectores más conservadores temen que esas reinvindicaciones territoriales excedan el reclamo de autonomía y deriven en separatismo.
Jaime Abedrapo Rojas, analista político y director de la Escuela de Gobierno de la Universidad San Sebastián, le dijo desde Santiago a Ámbito que «las Fuerzas Armadas han sido actores centrales en la construcción de la chilenidad, por lo que este proceso de revisión de esa construcción no les será fácil».
«Hasta hace poco, seguían realizando acciones para chilenizar a los descendientes de pueblos originarios. Hoy ello parece contrario a lo que se vive en el país. Sin embargo, en la actualidad las Fuerzas Armadas no tienen la influencia de décadas anteriores ni demuestran interés en referirse a estos asuntos de manera pública», tranquilizó.
La Constituyente, se espera, avanzará también sobre el modelo económico ultraliberal legado por el pinochetismo, reformado, pero nunca revisado a fondo desde el retorno de la democracia. La idea de los grupos de izquierda, tanto independientes como ligados a partidos tradicionales, es superar el actual carácter subsidiario del Estado en materia de salud y educación, sectores en los que prima más el lucro privado que una concepción de servicio público. La noción de un modelo que reconozca derechos negados largamente y más anhelados después de décadas de un crecimiento desigual motivó, en buena medida, las marchas de fines de 2019.
En ese sentido, Abedrapo Rojas explicó que esa evolución «será difícil de asumir para la gran empresa porque involucra un cambio cultural respecto de la propiedad privada y de la defensa de intereses, en particular de las compañías forestales». «Seguramente lo que está ocurriendo significa para ese sector incertezas que no le resulta fácil asumir», señaló.
Marcelo Falak 