Inflación y segunda ola: Guzmán, en una baldosa cada vez más chica

El condicionante de las restricciones de hoy y mañana. El Gobierno y el reto de gastar de más. ¿Hasta qué punto puede atrasar el dólar? Abril caliente.

La esperanza oficial de una reducción de la inflación a partir de este mes podría concretarse, aunque no del modo esperado: todo indica que eso será posible porque marzo marcó un techo inaceptablemente elevado del indicador y no porque la realidad vaya acomodándose a la ambiciosa meta presupuestaria del 29 al 33%. En ese contexto, la política del Gobierno para contener los precios parece comenzar a encontrar ciertas limitaciones, en especial en el principal de sus ítems: el control estricto del tipo de cambio.

La inflación de 4,8% registrada por el INDEC el mes pasado hizo que el acumulado del primer trimestre trepara al 13%, esto es un tercio de la meta para todo el año. Para que esta se cumpliera, sería necesario que los precios comenzaran a avanzar muy por debajo de su ritmo actual, algo que consultoras privadas ven cada vez más difícil en un contexto de pandemia recargada y elecciones a la vista. Todas las consultadas realizadas por Letra P prevén un incremento promedio de los precios al consumidor de alrededor de 4%.

La consultora Ecolatina ha señalado que el Índice de Precios al Consumidor en el Gran Buenos Aires (IPC GBA) que elabora cada mes “trepó 4,5% entre la primera quincena de abril y el mismo período de marzo. Esta dinámica incluye la aceleración que tuvieron los precios hacia el cierre del mes pasado, reflejada en el IPC INDEC de marzo, de modo que esperamos que la suba de precios se desacelere en la segunda mitad de este mes”. Pese a ello, “esta baja no alcanzaría para perforar el 4% en el promedio mensual. Como resultado, la inflación acumularía 17% en los primeros cuatro meses del año, consumiéndose casi el 60% del objetivo anual de 29% fijado en el Presupuesto 2021 (…). Ecolatina proyecta que la inflación alcanzará 42,5% en 2021”, añadió.

En tanto, el consenso de los analistas privados apunta a un 46%, de acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

Otra consultora, Analytica, señaló en un informe que, en base al diagnóstico del ministro Martín Guzmán de que la inflación es un fenómeno multicausal, idea que hace poco acompañó el propio Fondo Monetario Internacional (FMI), “la estrategia antiinflacionaria del equipo económico se basa en tres pilares: control de agregados monetarios, consolidación fiscal y retraso de los precios relativos (tipo de cambio y tarifas). La velocidad en que comience a dar resultados es central porque difícilmente pueda sostenerse en el tiempo”.

De acuerdo con el primero de esos ítems, la firma presidida por Ricardo Delgado señaló que el Banco Central viene reduciendo el dinero circulante y los depósitos a la vista desde mayo del año pasado, aunque “en el margen comienza a modificarse la tendencia”. “Mientras la tasa de interés real siga siendo negativa, profundizar la contracción monetaria depende cada vez más de reducir el déficit fiscal y del atraso de los precios relativos. Y allí es donde la estrategia anti inflacionaria se vuelve insostenible”, advierte.

¿Por qué? En lo que respecta al desequilibrio presupuestario, porque la pandemia recrudece y encuentra una vez más al país sin margen para financiar con deuda un aumento del gasto público, lo que dejaría esa eventual necesidad exclusivamente en manos del Banco Central y su capacidad de emitir pesos para uso del Tesoro. “En declaraciones públicas, el Gobierno ya señaló que, de los nueve millones de argentinos que dejaron de recibir el IFE, su preocupación se concentra en tres millones que no tienen ningún tipo de ayuda estatal. De replicarse una asignación como la de 2020 de forma bimestral únicamente a ese sector, el déficit aumentaría en 0,4 puntos del PBI hasta 4,6%, tomando como base la proyección del Presupuesto”, advierte Analytica.

Como se sabe, Guzmán intenta que la segunda ola del nuevo coronavirus no se lleve puesta esa ley, que ha definido como su plan económico. Para lograrlo, no deberá hacer frente solo a la emergencia sanitaria, sino, también, a las presiones del ala política del Frente de Todos –el cristinismo, pero no solo él– para contener con recursos una problemática social que preocupa a todo el Gobierno.

Más allá de lo anterior, Analytica pone el foco en la política cambiaria. “El tipo de cambio es el precio relativo más importante de la economía y sobre el cual el Gobierno tiene mayor poder de fijación en el corto plazo”, señala. “En términos reales, este año se apreció 5% respecto de las monedas de los principales socios comerciales y, en particular, 8% en relación al real brasileño”, recuerda. Por otra parte, cabe comparar esa cifra con el 13% de inflación acumulada hasta marzo.

“Esta situación puede profundizarse en los próximos meses”, anticipa Analytica, aunque señala un primer escollo: “La gran mayoría de los países de ingreso medio, que a su vez son nuestros socios comerciales (Brasil, México, Chile, India, etcétera) tienen una cuenta capital desregulada y enfrentan potenciales salidas de fondos, debilitando sus monedas, máxime si tenemos en cuenta que han reducido sus tasas de política monetaria debido a la pandemia”. De concretarse eso, la economía argentina perdería competitividad y vería cómo se limitan las posibilidades de incorporar reservas de manera robusta, un requisito indispensable de la paz cambiaria.

“El atraso cambiario solo es compatible con un cepo cambiario cada vez más restrictivo, una política que evita la venta de dólares del Banco Central en el corto plazo, pero que tiene un efecto contrario en el mediano” por la razón arriba mencionada.

Ante un escenario complejo, el Gobierno apuesta a las políticas de concertación y, en el extremo, de control de precios. Su obsesión es llegar a las urnas en las mejores condiciones posibles.

(Nota publicada en Letra P).