El ballotage presidencial de Perú será un referendo sobre el modelo liberal

(Foto: Agencia Andina y Telam).

Participarían Pedro Castillo, izquierdista radical, y un representante de la derecha: el economista Hernando de Soto, Keiko Fujimori o el ultra López Aliaga. 

La elección presidencial del domingo en Perú dejó pocas certezas, tanto que aún no se conocen los resultados definitivos. Entre lo que se sabe, sobresalen los hechos de que el sistema político es un archipiélago de pequeños partidos de papel –anclados en nombres que interpelan apenas un poco más–, que dos de esos nombres competirán en un ballotage el 6 de junio y que este dirimirá, incluso más allá de la presidencia por los próximos cinco años, la pelea de fondo en el país: la controversia sobre un modelo económico liberal que ha sido calificado como un “milagro” pero que no goza de legitimidad en la calle.

De acuerdo con el avance del escrutinio al 64% de las actas, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) atribuía hacia el mediodía de este lunes en la Argentina el primer lugar al candidato de izquierda radical Pedro Castillo (foto), de Perú Libre, con 16,55%, seguido por el economista liberal Hernando de Soto (Avanza País) con 13,26%, Keiko Fujimori (Fuerza Popular con 13% y el empresario Rafael López Aliaga (Renovación Popular), conocido como “el Bolsonaro peruano” con 12,78%.

Así las cosas, el escenario más probable era el de un segundo turno entre Castillo y o bien De Soto o bien Fujimori, o entre izquierda y derecha liberal o populista. Será una suerte de referendo sobre el modelo económico que hizo del país, hasta la pandemia, el de mayor crecimiento en Sudamérica y redujo la pobreza, aunque sin reducir los históricos abismos sociales.

En lo que va del siglo y hasta la llegada del nuevo coronavirus, el país, que adoptó una versión del modelo chileno ultraliberal, registró un crecimiento anual promedio del 6%, lo que permitió reducir la pobreza del 52% en 2002 a 20% en 2019. 

Entre aquel año y 2013, la etapa de oro del llamado “milagro peruano”, las exportaciones se multiplicaron por seis y el producto bruto interno (PBI) per capita más que se triplicó hasta 6.600 dólares. El país obtuvo el codiciado “grado de inversión” de las calificadoras de riesgo, que abarata su capacidad de financiamiento en los mercados internacionales.

Sin embargo, el escaso derrame de la renta minera –fuente de tres cuartas partes de las exportaciones–, la atávica postergación del interior agrícola y la elevada flexibilidad laboral e informalidad económica en las grandes ciudades han impedido que el mismo, muy valorado por la comunidad de negocios, se legitimara socialmente.

El “milagro”, basado en un derrame muy avaro, terminó de mostrar su fragilidad en la pandemia, que golpeó duramente a Perú en lo sanitario y en lo productivo. El año pasado cerró con una caída del PBI del 11,1%, una de las mayores de la región, más incluso que la de Argentina (9,9%). La diferencia es que Perú venía creciendo y nuestro país arrastraba una larga recesión, con una caída promedio del 4% anual antes del estallido del nuevo coronavirus.

La informalidad laboral, del orden del 70% antes de la emergencia sanitaria y de alrededor del 75% en la actualidad, facilitó una destrucción masiva de empleos en 2020 e hizo que la pobreza escalara otra vez a niveles de 28 a 30%, de acuerdo con proyecciones privadas.

Los peruanos de a pie han mantenido una relación de amor-odio con el modelo, base de una prosperidad macro a la que nadie querría renunciar, pero incapaz de mejorar sustancialmente las condiciones de vida de amplias capas sociales. Eso se ha traducido en gobiernos cada vez más precarios en lo político y en presidentes que sistemáticamente se han retirado del poder no solo con niveles de popularidad ridículamente bajos, sino también cargados de sospechas de corrupción y causas penales. La fragmentación sin precedentes del voto registrada el domingo va de la mano de estas tendencias.

Todos los expresidentes vivos recibieron condenas y pasaron por la cárcel o han estado privados de la libertad. Más dramático fue el caso de Alan García, que gobernó entre 1986-1990 y entre 2006-2011, y se suicidó hace dos años, acorralado por la derivación local de la operación brasileña Lava Jato contra la corrupción.

Alberto Fujimori (1990 y 2000) fue condenado a 25 años y permanece en la cárcel, algo que su hija Keiko prometió resolver con un indulto en caso de resultar elegida jefa de Estado. En tanto, Alejandro Toledo (2001-2006) cumple arresto domiciliario en Estados Unidos, donde estuvo prófugo por un largo tiempo, a la espera de un proceso de extradición. Ollanta Humala (2011-2016) fue preso en 2017 y hoy vive en régimen de libertad controlada. También vinculado a coimas atribuidas a la constructora brasileña Odebrecht, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) cumple arresto domiciliario tras haber recibido una condena de tres años.

La otra cara de ese descrédito de la política ha sido la inestabilidad institucional. Kuczynski fue elegido en 2016, pero renunció antes de ser destituido en 2018. A él lo siguieron Martín Vizcarra –removido por el Congreso, al que este antes había disuelto en uso de sus atribuciones constitucionales–, el efímero Manuel Merino y, ahora, Francisco Sagasti.

Este mal amenaza con perpetuarse, ya que la atomización del electorado se trasladará a la composición del Congreso unicameral, cuyos 130 miembros fueron renovados el domingo. 

El momento sanitario del país es el peor en lo que va de la pandemia. El sábado, documentó 384 muertes por covid-19, un número récord. En tanto, la cifra de decesos desde el inicio de la emergencia llega ya a casi 55 mil y la de contagios subió la semana pasada a un promedio diario de 9.667, también récord. Para peor, la campaña de vacunación no arranca, como reconoció el mismo presidente interino Sagasti.

Sobre ese trasfondo se dirimirá la puja por el futuro del modelo económico. Castillo, un profesor de 51 años recordado por haber marcado el principio del fin de Kuczynski con una huelga enorme del sector entre junio y septiembre de 2017, promete darlo vuelta como una media. “Planeamos cambios, no parches o reformas como otros candidatos de izquierda”, afirmó Castillo en la campaña, algo para lo que, incluso, promoverá una reforma constitucional.

De superar el viento de frente que le espera en la campaña hacia los comicios de junio y de llegar al poder, ¿sostendrá esa promesa o será él quien se dé vuelta como una media, como ocurrió en su momento con Alan García, Toledo y Humala?

(Nota publicada en Letra P).