(Foto: Noticias Argentinas).
El Estado auxilia a los trabajadores mejor remunerados. Una isla en un archipiélago de necesidad. Los límites de la apuesta al consumo en el año electoral.
El proyecto de ley para subir el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias tiene dos efectos: uno, político, destinado a complacer a sectores medios golpeados en el año electoral, que capitaliza, antes que nadie, su autor, Sergio Massa; otro, económico por tratarse de uno de los primeros proyectos que el Gobierno puede poner en marcha para cumplir con su propósito original de encender la economía apagada durante el macrismo.
Por esa razón, además del alineamiento esperado de un funcionario de su rango, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dio su visto bueno a la idea el 17 de enero en la reunión que mantuvo en Chapadmalal con el jefe de la Cámara de Diputados y con el presidente Alberto Fernández. En su cálculo, el costo fiscal que implica liberar de ese gravamen a todos los trabajadores y jubilados que perciben más de $150.000 brutos por mes, estimado en $ 40.000 millones, será dinero que se vuelque al consumo o al ahorro.
Dicho costo, estimado por el Palacio de Hacienda en 0,11% del producto bruto interno (PBI) y en 0,48% del Presupuesto 2021, será más que compensado con la reversión de la rebaja para las empresas contemplada en la reforma tributaria de Mauricio Macri. Así, según decidió el Congreso en diciembre último, el impuesto a las Ganancias para las sociedades de capital se mantendrá en el 30% y el aplicado sobre los dividendos distribuidos, en el 7%.
Gustos aparte, esto demuestra que la solución de los problemas económicos es tanto técnica como político-ideológica: el viaje hacia el equilibrio fiscal implica elegir quién pone lo que falta.
«Lo que ocurrió con la reforma tributaria que llevó adelante el gobierno anterior es que se hizo sobre la base de que ciertas reducciones impositivas iban a generar un efecto positivo sobre la oferta, y eso no ocurrió (…). Nosotros estamos resolviendo un problema para los trabajadores porque, como las escalas de Ganancias iban de la mano de la inflación, la reducción del salario real generó que mucha más gente lo pague. Al mismo tiempo, se suspende una baja de Ganancias de sociedades y, de hecho, el efecto fiscal neto es positivo, por lo que la sostenibilidad fiscal no está alterada», dijo el ministro el martes en Tucumán.
La reforma beneficia al sector más acomodado de los trabajadores, que se desempeñan en buena medida como camioneros o aceiteros, entre otros rubros, además del personal jerárquico de diversas actividades. Aliviaría a casi 1,3 millones de empleados y jubilados, con lo que el gravamen pasaría de alcanzar al 25% de la masa de trabajadores en relación de dependencia a solo el 10%.
El auxilio del Estado descomprimirá las paritarias en dichos sectores. La respuesta, con todo, es parcial, ya que alcanza a los trabajadores ubicados en la cúspide de la escala de ingresos. Como muestra, cabe señalar que la media de los salarios más altos registrados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) es de unos $65.000, mientras que la «ley Massa» establece un corte de 150.000.
El daño que le hicieron a los ingresos de la población los tres años recesivos del macrismo –2016, 2018 y 2019– y la depresión que provocó la pandemia en el primero de Fernández será difícil de revertir.
El Gobierno, con su manual de Economía conocido y sus necesidades electorales, pretende que este año los salarios en general le ganen a la inflación, pero la exigente meta del 29% –más cuatro puntos de posible dispersión– le impone cautela para evitar una peligrosa carrera nominal.
De acuerdo con un estudio de la consultora Ecolatina, «entre 2018 y 2019, el salario real de los trabajadores formales retrocedió 17,5%».
«El Frente de Todos enfocó su campaña de 2019 en apuntalar los ingresos de los asalariados y los aumentos de suma fija decretados al comienzo de 2020 intentaron cumplir esta promesa. Como resultado, el salario formal trepó casi 14% durante el primer trimestre del año pasado, prácticamente duplicando la inflación del período. Sin embargo, la llegada de la pandemia y la cuarentena dieron por tierra con cualquier intento de recuperación del salario real«, añadió.
De ese modo, entre abril y agosto, los meses más duros del aislamiento social y de caída de la actividad, «muchos gremios postergaron sus paritarias, resignando cualquier mejora de poder adquisitivo, pero apostando a mantener los puestos de trabajo». Como resultado, «los salarios nominales de los trabajadores registrados avanzaron 3,3% en estos meses, muy por debajo de una inflación que acumuló más de 8,5% en el período», indicó.
Más difícil fue la situación de los trabajadores informales, que «perdieron directamente la totalidad de sus ingresos en muchos casos –o quedaron a merced de la «buena voluntad» de sus empleadores–».
Superada la cuarentena dura, la restauración de las paritarias, siempre según Ecolatina, permitió una recuperación del 13% de los salarios en el sector formal entre septiembre y diciembre, pero en ese lapso la inflación se aceleró hasta un 14,4%. Así, en el año, el saldo neto para los ingresos de los trabajadores en blanco fue negativo en 2,3%, con lo que 2020 fue el tercer año consecutivo de retracción, un impactante 20% punta a punta.
La economía argentina responde, en dos tercios, al consumo y sin una recuperación real de los salarios, cualquier reactivación no pasaría de la estadística.
Lo ocurrido en el cierre del año pasado, cuando los incrementos salariales –costos al fin para empresas de todos los tamaños también empobrecidas– entablaron una carrera con los precios, indica las limitaciones de la estrategia oficial en el año electoral. Ahora, en un escenario complejo, Guzmán deberá hacer frente a las necesidades de las empresas que pagan esos sueldos y a los ingresos de las franjas de trabajadores menos favorecidas.
Marcelo Falak 