La carrera entre autorregulación y control político pega duro en las acciones de redes sociales

Los directivos de las principales redes sociales del mundo, bajo creciente presión, pasaron por primera vez a la acción y, haciendo blanco en las cuentas de Donald Trump, comenzaron a moderar contenidos que postean sus usuarios. Así, dispararon una fuerte polémica entre estos y denuncias de censura por parte de especialistas que, en la mayoría de los casos, no simpatizan con el presidente estadounidense, con sus hordas de ultraderecha ni con los asaltos a los palacios legislativos. Lo nuevo llegó ayer, con el veredicto del mercado financiero, que le bajó el pulgar a la suspensión de dichas cuentas con expresivas caídas de las acciones de Twitter, Facebook y otras empresas.

El castigo fue severo. Mientras que el índice tecnológico Nasdaq perdió 1,25% en Wall Street, los papeles de Twitter se desplomaron cinco veces más, 6,43% –en la apertura llegaron a bajar 12%–, mientras que los de Facebook lo hicieron en un 4%. Así, en un sola rueda se evaporaron más de 2.500 millones de dólares de capitalización de mercado de la primera.

En tanto, Alphabet, la marca de Google, declinó 2,24%, Amazon 2,15% y Apple 2,32%.

La respuesta de los inversores se rige por esas percepciones espinosas, pero, por encima de todo, por una constatación: si, por caso, Twitter se anima a arrasar con una cuenta como la del republicano, que tenía 88 millones de seguidores, ¿quién podría sentirse seguro en el futuro? Al fin y al cabo, las redes sociales son foros de discusión, se supone que libres, y no medios de comunicación responsables por la palabra oral o escrita de sus periodistas.

La desconfianza se mide en dólares y se suma a otro azote habitual para los negocios: la incertidumbre. Todo esto último se dirime en varios campos.

Por un lado, y de modo más evidente, al romper con lo dicho durante años y abjurar de la neutralidad de los contenidos que publican los usuarios, los responsables de los gigantes de Internet abren la puerta a resultar en el futuro objeto de juicios por la difusión de mensajes de odio o delictivos. Si alegan neutralidad, cuentan con una narrativa que deja a salvo a sus empresas; en caso contrario, asumen responsabilidades que, eventualmente, pueden resultar muy onerosas.

Pero hay más. Las discusiones acerca de lo impropio que parece que los directorios de las empresas asuman el rol de virtuales censores abren una brecha enorme pata el avance de regulaciones. Se trata de empresas, cabe recordar, que en algunos casos quedaron sospechadas de haber vendido datos de sus usuarios y de manipulaciones electorales, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido, pasando por la Argentina.

Así, más allá de lo mencionado, los derrumbes accionarios de ayer expresan en buena medida la incertidumbre dada por la carrera desatada entre la autorregulación que, a ciegas, ensayan Mark Zuckerberg y sus colegas y el posible avance de los gobiernos. En ese sentido, sobresalen varias definiciones llegadas desde Europa. 

Thierry Breton, comisario (ministro) de Mercado Interior de la Unión Europea (UE) dijo en una columna publicada en el sitio Politico y en la web de Le Figaroque “al igual que el 11-S marcó un cambio de paradigma para la seguridad global, veinte años después somos testigos de un antes y un después sobre el rol de las plataformas digitales en nuestra democracia”. Se refirió, claro, al asalto violento de la semana pasada al Capitolio, que se saldó con cinco muertes, una enorme conmoción internacional y la posibilidad de destitución e inhabilitación de Trump (ver pág. 14).

Al bloquear las cuentas de este “con el argumento de que sus mensajes amenazaban la democracia e incitaban al odio y a la violencia, (las redes) han reconocido su responsabilidad, sus obligaciones y los medios con los que cuentan para impedir la propagación de contenido viral ilegal. Ya no pueden ocultar su responsabilidad hacia la sociedad argumentando que simplemente brindan servicios de hospedaje” de contenidos, añadió. Sus dichos, con los que puso el dedo en la llaga, resonaron en la rueda bursátil de ayer.

La canciller de Alemania, Angela Merkel, una mujer a quien hasta sus rivales le reconocen una dosis elevada de sensatez, dio también su punto de vista. Según la interpretó su portavoz, Steffen Seibert, aquella considera “problemático” que compañías privadas como Twitter, Facebook e Instagram se erijan en guardianes de lo que es lícito y no es lícito decir.

“Es posible intervenir en la libertad de expresión, pero de acuerdo con límites definidos por el legislador, no por la decisión del directorio de una empresa”, añadió. La moderación de contenidos llama, desde esa perspectiva, a una acción de los poderes democráticos.

Los de Breton y Merkel no fueron dichos a la marchanta; el Gobierno de Francia cantó ayer el mismo rap. De acuerdo con el ministro de Economía Bruno Le Maire, “lo que impacta es que sea Twitter el que decidió cerrar” la cuenta de Trump, a quien, más allá de la defensa de su derecho a decir lo suyo, tanto París como Berlín amonestaron públicamente por su instigación a la sedición.

“La regulación de los gigantes de la web no puede provenir de la propia oligarquía digital”, agregó este.

El principio es claro, no así sus matices. Todo el mundo está de acuerdo en que se cancelen contenidos de, por caso, pornografía infantil. El racismo explícito es otro objetivo legítimo. ¿Pero qué pasa con otros mensajes, ya vinculados a la opinión? ¿Dónde está el límite y quién debe ponerlo?

En el actual contexto, Breton salió a dar impulso a las iniciativas que presentó a mediados de diciembre, el Reglamento sobre Servicios Digitales (DSA) y el de dichos mercados (DMA).

Dispuesta a demostrar la fe de los conversos, en este caso al credo de la responsabilidad social, Facebook cerró en los últimos días las cuentas de varios funcionarios del Gobierno de Uganda, que, aseguró, “estaban implicados en un ‘comportamiento falso y coordinado’ para influir en el debate público antes de la elección” que enfrentará este jueves al presidente Yoweri Museveni –quien lleva 35 años en el poder– y al cantante y diputado Bobi Wine.

“Se valían de cuentas falsas o duplicadas para gestionar páginas, comentaban los contenidos de otras personas, se hacían pasar por otros usuarios y, compartían contenidos para que parecieran más populares de lo que realmente eran”, dijo una fuente de la empresa, según la agencia AFP.

Todos esos comportamientos resultan poco sorprendentes y, si no quisiera simplemente cebarse con un régimen que tiene escasos defensores en el mundo, la empresa de Zuckerberg debería limpiarse cancelando muchas, muchas más cuentas. Lo mismo que Twitter.

Las preguntas entonces, quedan sobre el escritorio: tal como van las cosas, ¿quién seguirá en la lista de los “moderados”, los suspendidos o los censurados? ¿Después de Uganda, a quién le tocará?

(Nota publicada en Ámbito Financiero).