(Foto: Reuters).
La reciente sanción en el Congreso de los Diputados de la llamada ley Celaá –por su impulsora, la ministra de Educación Isabel Celaá– plantea una serie de reformas en el terreno educativo que provoca una intensa polémica en España. Entre esos aspectos, uno sobresale: la eliminación del castellano como «lengua vehicular» en los colegios de todo el país, una demanda de partidos regionales de distintas tonalidades soberanistas que apoyan en la legislatura al Gobierno del socialista Pedro Sánchez.
El Diccionario panhispánico del español jurídico de la Real Academia Española define «lengua vehicular» como aquella «usada habitualmente por la comunidad educativa en sus relaciones cuando existen diversas lenguas maternas entre sus miembros. Equivale al tradicional concepto de lengua franca». «El ordenamiento jurídico indica que esa lengua vehicular deberá ser el castellano», añade.
Ya no, al menos si, como se espera, el Senado aprueba el texto sin cambios. El lío amenaza con hacerse mayúsculo ya que la ley Celaá omite darle ese estatus al castellano, aunque la ministra recordó que ese concepto jamás existió hasta que fue recogido, también por ley, en 2013.
«Si hasta 2013 (el castellano) no era vehicular y hubo presidentes del Gobierno que no lo pusieron, será porque no era necesario», se defendió.
Su reforma contiene otros asuntos controvertidos, como una nueva poda a la materia Religión –su calificación no será considerada para el otorgamiento de becas y quienes opten por no cursarla ya no deberán inscribirse en alguna como asignatura espejo–, la limitación del requerimiento de dinero a las familias por parte de las «escuelas concertadas» –semipúblicas– y la posibilidad de que los alumnos pasen de año arrastrando asignaturas. Pero ninguno se compara con la cuestión idiomática, en la que españolistas y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y otros encuentran un nuevo campo de batalla para dirimir una disputa cultural que, en el fondo, es política.
Mientras el conservador Partido Popular (PP) y otras expresiones de la derecha como el liberal Ciudadanos y los ultras de Vox ya anunciaron que apelarán al Tribunal Constitucional contra esa disposición, referentes del independentismo catalán la celebraron. De acuerdo con Monserrat Bassa Coll, diputada por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), «blindar la inmersión lingüística en Cataluña es más que un triunfo porque esta ley establece que la lengua vehicular se decide según lo dispuesto en los estatutos de autonomía y en la Ley de Educación de las Comunidades Autónomas (LEC)». «I la nostra és molt clara: el català és la llengua vehicular de l’ensenyament» en Cataluña, señaló, de acuerdo con Euronews, sin necesidad de ser traducida.
El analista político Antón Losada le dijo a Ámbito desde España que se trata de «un falso conflicto inventado por la derecha española. Lo de ‘lengua vehicular’ fue introducido por el PP en la Ley Wert de 2013 en un intento de ‘españolizar’ a los niños, según dijo textualmente el ministro (José Ignacio) Wert en el Congreso. Hasta ese momento, ninguna ley lo establecía ni era necesario generar semejante conflicto». «¿Por qué una ha de ser vehicular?», se preguntó.
Además del castellano, España tiene cuatro lenguas cooficiales en sus respectivas regiones: el catalán, el gallego, el euskera (vasco) y el aranés.
Losada, que es profesor titular de Ciencia Política en la Universidad De Santiago de Compostela y ha escrito libros y artículos académicos sobre política educativa, añadió que «los datos disponibles nos dicen que en esas comunidades los niños manejan el castellano en la media o por encima de la media del Estado».
«El Tribunal Constitucional ha reconocido el derecho a recibir educación en castellano, pero no la obligación de que sea vehicular. Se seguirá enseñado en castellano en igualdad con las otras lenguas oficiales (en cada región autónoma) y en los términos reglados por la administración responsable, como claramente pretendían los redactores de la Constitución», le dijo el especialista a este diario.
De hecho, el artículo 3 de la Carta Magna señala que «el castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla».
«Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección», añade.
Nada parece indicar en la ley Celaá que esto vaya a cambiar y, de hecho, una norma de ese tipo no podría contradecir el texto constitucional. Sin embargo, la pelea por la primacía en el uso del idioma, sobre todo en la enseñanza, en las comunidades autónomas que históricamente han albergado movimientos separatistas de mayor o menor envergadura tiene un enorme trasfondo político.
La ley Celaá, atribuida por sus detractores a la necesidad de Sánchez de apoyar su frágil mayoría parlamentaria en partidos que ponen en cuestión la unidad del Estado, seguirá su camino en el Senado y, si este la aprueba, en el Tribunal Constitucional.
La puja de fondo, se sabe, es otra y no se detiene.
Marcelo Falak 