Acefalía en Perú: cuando el juicio político deviene arma en la lucha por el poder

(Foto: Telam).

No serán cinco, como tuvo la Argentina en los días inolvidables de fines de 2001 y principios de 2002, pero el libro Guinness de los récords bien podría hacerle un lugar. El Perú que amaneció sin presidente y sin siquiera un gabinete que diera una mínima certeza de continuidad en la gestión, buscará este lunes darse un nuevo jefe o jefa de Estado, que –se espera– sea capaz de completar un período de gobierno por el que ya pasaron Pedro Pablo Kuczynski –renunció en marzo de 2018–, Martín Vizcarra –fue destituido la semana pasada– y el anterior titular del Congreso Manuel Merino, quien dimitió el domingo. ¿La cuarta será la vencida?

En la tarde de este lunes el Congreso hará un nuevo intento de, al menos, encarrilar la crisis en la que metió al país el 9 de noviembre, cuando destituyó por “incapacidad moral permanente” a Vizcarra y lo reemplazó, al día siguiente, por su entonces titular Merino. El problema es que este último renunció el domingo después de una semana de protestas y de una noche de sábado de represión feroz, que dejó dos muertos y casi un centenar de heridos. Todo es tan vertiginoso que este, que pasó de cero a héroe y de héroe a cero sin demorar, sigue presentándose en su cuenta de Twitter como “presidente constitucional de la República”.

Con la calle soliviantada y los comandantes militares y policiales en virtual rebeldía, el legislativo no logró el domingo consenso para elegir una nueva dirección, de la que debe salir el futuro mandatario interino. O mandataria, tal vez, porque Rocío Silva Santisteban –escritora, abogada y militante de los derechos humanos– insistirá en lo que acaba de fracasar: ella parecía tener todos los números… hasta la hora de votar, cuando le faltaron 18 de los 60 sufragios que necesitaba. Así, la acefalía es doble: ni el poder ejecutivo tiene cabeza ni el legislativo.

Rocío Silva Santisteban, diputada peruana. (Telam).

Kuczynski renunció ante una destitución inminente hace dos años y medio, empetrolado por la mancha que dejó la brasileña Odebrecht en la región. Vizcarra había zafado en septiembre de una primera votación de “vacancia” por haber aleccionado a sus colaboradores a mentir en la investigación por la contratación, al parecer irregular, de un cantante, pero cayó en la segunda, por el presunto cobro de una coima en 2014, cuando era gobernador. Un problema no menor de la saga es que los jueces de ocasión –los diputados– no gozan precisamente de confianza popular respecto de la pureza de sus actos y parecen actuar en base a coaliciones ocasionales de intereses non sanctos.

Si bien Vizcarra ya no es la figura anticorrupción que parecía cuando era el vice de Kuczynski, aún gozaba antes de su caída de una imagen positiva del 57%, mientras que el 72% rechazaba su remoción, de acuerdo con un sondeo de Ipsos realizado en septiembre. El hombre presentó un recurso contra el juicio político que se le siguió, que todavía debe ser dirimido por el Tribunal Constitucional: ¿habrá espacio para un regreso espectacular en el imprevisible Perú actual?

Así las cosas, la insatisfacción popular con un “milagro económico” de brazos cortos se conjugó con la percepción de que los legisladores jugaban con fuego en un contexto en el que la pandemia pega duro en los hospitales y en una economía que cae a un ritmo del 10% interanual. Crisis sobre crisis. En ese contexto, el desplazamiento de Vizcarra no le dio ni un minuto de paz al efímero Merino, lo que terminó de conformar un estado de situación preocupante en lo institucional.

Manuel Merino, efímero presidente interino de Perú. (Telam)

Perú se rige por un sistema semipresidencialista o semiparlamentario, una rareza en América Latina, en el que el jefe de Estado surge de votación popular pero que debe hacer aprobar en el Congreso el nombramiento de un presidente del Consejo de Ministros –primer ministro, en la jerga cotidiana–, quien, de acuerdo con la Constitución, está sujeto al control de la mayoría de los legisladores.

Sin embargo, el presidente de la República es el encargado de “dirigir la política general del Gobierno”, lo que hace que la figura del premier no sea el fusible pretendido para que las crisis de gobierno no se transformen en crisis institucionales, como sí ocurre en Europa. De este modo, las amenazas y, especialmente, las declaraciones parlamentarias de vacancia en el Ejecutivo resultan un torpedo bajo la línea de flotación del sistema.

Una cosa es el texto constitucional y otra la práctica cotidiana, en la que el recurso repetido al juicio político termina convirtiéndose en un proceso equivalente a una moción de censura, solo que no apunta contra el primer ministro sino contra el titular de una presidencia poderosa, lo que lo hace más filoso. Al reiterarse, el procedimiento deviene en una forma de revertir el veredicto de la voluntad popular expresada en el voto, con un Congreso que borra con el codo lo que los votantes escriben con la mano.

¿Eso significa que hay que tolerar la corrupción de un presidente incluso si surgen pruebas contundentes en su contra? Claro que no y, de hecho, los mismos peruanos que respondieron a la encuesta de Ipsos señalaban en un 79% su deseo de que Vizcarra respondiera por las acusaciones una vez que abandonara su cargo al final del mandato. Por otro lado, la acusación de soborno se encontraba al momento de la vacancia en un estadio judicial solo preliminar.

La ola de empoderamiento militar, encarnada en el bolsonarismo en Brasil y que hace apenas un año tuvo una aparición fulgurante en Bolivia con la eyección de Evo Morales, no deja de crecer en la región.

El recurso abusivo al juicio político como embate contra la voluntad popular no es, claro, patrimonio peruano: los casos de Dilma Rousseff (2016) y Fernando Lugo (2012), entre otros, dan cuenta de que ese es un mal regional consolidado. Asimismo, como se vio en Brasil, Paraguay y otros países, los vacíos de poder que genera no resultan gratuitos, ya que liberan del control civil propio de las democracias a las fuerzas armadas y de seguridad, que se terminan erigiendo en árbitros de última instancia.

Tras la noche de terror del sábado, Merino convocó a los comandantes militares a una reunión a las 7:45 del domingo. Literalmente, nadie se quiso hacer cargo de los muertos… Así las cosas, este presentó su renuncia.
La ola de empoderamiento militar, encarnada en el bolsonarismo en Brasil y que hace apenas un año tuvo una aparición fulgurante en Bolivia con la eyección de Evo Morales, no deja de crecer en la región.

(Nota publicada en Letra P).