Uso y abuso del juicio político en América Latina, un atajo que burla la voluntad popular

(Foto: Reuters).

La destitución de presidentes latinoamericanos, mayormente a través de juicios políticos polémicos, no es un fenómeno que haya surgido en los últimos años, pero sí es uno que se ha cobrado recientemente víctimas importantes, que ha exhibido en muchos casos la aplicación de remedios peores que la supuesta enfermedad y que, dada la falta de legitimidad de quienes se erigen en jueces, ha deparado crisis institucionales de envergadura. Entre las hendijas de los procesos más recientes se han colado heridas como el desconocimiento de la voluntad popular y un renovado protagonismo de fuerzas militares y policiales, que se constituyen cada vez con mayor frecuencia en árbitros de última instancia de conflictos políticos ante los que deberían ser neutrales.

La última de esas víctimas es el peruano Martín Vizcarra, removido la semana pasada por el Congreso en base a una acusación de corrupción que data de sus tiempos de gobernador de Moquegua, en 2014. Sus enemigos le tenían ganas desde hacía tiempo: apenas dos meses antes habían fracasado en un primer proceso de vacancia, basado en audios en los que el entonces mandatario aleccionaba a colaboradores para mentir en una investigación sobre la contratación supuestamente irregular de un cantante.

Antes que él, por solo hablar de Perú, Pedro Pablo Kuczynski había renunciado en 2018 para evitar la destitución. Y, en 2000, Alberto Fujimori.

Estas situaciones –algunas justificables, otras no– no se han limitado a Perú. En un hecho de matriz diferente, hace un año, una conjura cívico-militar –que pasó más por la calle y los cuarteles que por el palacio legislativo y que contó con respaldo técnico de la Organización de Estados Americanos (OEA) y su secretario general Luis Almagro– se deshizo de Evo Morales en Bolivia. Los casos de este y de Vizcarra tienen un punto en común y una diferencia. El parecido es que los dos gozaban de una popularidad elevada, lo que en el caso de Bolivia significó una revuelta popular conjurada de modo sangriento y que el régimen de facto durara lo que se tardó en abrir las urnas, mientras que en Perú también se sucedieron protestas callejeras, con un saldo trágico en la noche del sábado. La diferencia es que el Movimiento al Socialismo (MAS) es un partido fuerte y organizado, capaz de dar pelea en una coyuntura adversa, en tanto que Vizcarra tiene mucho menos en ese sentido.

Además de los casos mencionados, hay que recordar las destituciones parlamentarias de la brasileña Dilma Rousseff (2016), del guatemalteco Otto Pérez Molina (2015), del paraguayo Fernando Lugo (2012), del hondureño Manuel Zelaya (2009), del ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2005) y del boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada (2003)… ideológicamente, hubo de todo. En los años 90 también se registraron varios casos.

No todas esas destituciones pueden ser calificadas de golpe y, desde ya, eso no debe denunciarse solamente cuando el depuesto resulta más o menos simpático en función de sus ideas o discurso. Algunas, como la de Morales, lo han sido claramente. En tanto, las de Lugo y Zelaya han sido ampliamente denunciadas como abusivas. Alguna más, como la de Rousseff, cumplió con todos los rituales legales, aunque exhaló un tufo fétido a conspiración. Otras, por último, no han sido objetadas mayormente ni local ni internacionalmente; la de Vizcarra parecía seguir este último guion.

La tentación de cortar un nudo político a través del expediente del impeachment es tentadora para algunos. Recientemente, incluso el estadounidense Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro debieron enfrentar procesos de los que salieron airosos.

El problema de esos procedimientos, más allá de que estén previstos en los textos constitucionales, es que tienden a borrar con el codo lo que la voluntad popular escribió con la mano. Ese detalle debería imponer mucha cautela en su uso.

Asimismo, una vez que el conflicto político se desata, los poderes fácticos, con las fuerzas de seguridad en primer plano, adquieren un rol de árbitros que de ninguna manera podría considerarse aceptable en regímenes democráticos en los que, se supone, esos cuerpos están sometidos a control civil. Así ocurrió, al desnudo, con Evo Morales, quien terminó depuesto y exiliado tras recibir una “recomendación” de las Fueras Armadas, insólitamente aceptada como válida por algunos defensores del republicanismo basado en el valor del voto y la división de poderes.

En Perú, los comandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía desoyeron ayer una convocatoria de Manuel Merino para una reunión a las 7:45; he ahí los árbitros de esta crisis, que no quisieron hacerse cargo de los muertos de la noche del sábado y le dieron el empujón final al presidente efímero. Mientras, el Congreso se reunía de urgencia para “exhortar” a este a apartarse, imaginando en eso un modo de enmendar el estropicio de la destitución de Vizcarra. Este puede ser culpable de muchas cosas, pero probablemente en una medida bastante menor que la de sus jueces de ocasión.

A fuerza de desatinos, el futuro de Perú se ha convertido en un enigma.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).