LA QUINTA PATA | Los últimos serán los primeros (en lo posible)

(Foto: Noticias Argentinas).

“Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa”. Así define, en primera acepción, la Real Academia Española –en algo hay que basarse– el verbo “ajustar”. En economía, ese “algo” es el gasto público y la “otra cosa” con la que tiene que “casar” son los ingresos del Estado. De modo gradual, con atención a equilibrios sociales mínimos y con la mira en que el proceso no ahogue la relativa recuperación de la economía que se espera para el 2021 pospandemia, eso y no otra cosa es lo que están intentando el presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía Martín Guzmán. Decir lo contrario apenas es una mentirita blanca para no agitar la interna del Frente de Todos y no empeorar un ánimo social que viene mal en la tabla de los promedios y que podría terminar en la B, la mayor desgracia que existe. Ahora bien, ¿cómo se lo está llevando a cabo?¿Es compatible con la promesa presidencial de “empezar por los últimos para llegar a todos”? Esas preguntas –y no la de si la nieve es blanca– son las corresponde abordar.

Tras dejar de lado la acepción 16 que entrega la RAE por constituir un modismo salvadoreño inaplicable a la realidad nacional, hay que recordar que Letra P insistió una, otra y otra vez en que el Gobierno se está lanzando hacia un ajuste, peculiar, pero ajuste al fin. Con todo, el viernes, en la videoconferencia en la que anunció obras ferroviarias en Merlo, Morón y Moreno, Fernández negó eso y luego tuiteó contra quienes lo corren por izquierda para construir a su derecha.

A favor de su tesis, el Presupuesto 2021 establece un déficit fiscal primario –antes del pago de deudas– del 4,5% del producto bruto interno (PBI), similar al 8% que dejaría este año si se descontaran el gasto extra de la pandemia. Asimismo, está previsto que el gasto primario aumente el año próximo 6,7% real –por encima de la inflación esperada– con respecto al de 2020, excluidos los del covid-19. La inversión pública, locomotora del rebote, se duplicará al pasar del 1,1 en 2019 al 2,2% del PBI en 2021. Por último, si bien se eliminaron del Presupuesto las partidas correspondientes al gasto de la emergencia sanitaria, habrá refuerzos de los planes sociales y otras ayudas.

Como las consignas deben ser interpretadas, un indicador resulta relevante. El Gobierno ha estimado para 2021 una inflación del 29% (+/- 4 puntos). Sin embargo, el consenso de los analistas ya apunta a un incremento del orden del 50%. Tras la difusión del preocupante índice de precios al consumidor (IPC) de octubre, que mostró un salto con garrocha hasta el 3,8%, el Gobierno celebró que la inflación vaya a terminar el año unos 20 puntos por debajo de la de 2019. Se hace trampa en el solitario: la causa de esa merma fue una actividad abolida durante varios meses por la pandemia y una depresión económica resultante 12%. ¿Por qué la inflación no habría de volver al nivel en que la dejó Mauricio Macri?

Fuente: INDEC.

En ese escenario, el gasto crecería nominalmente pero caería en términos reales, lo mismo que la recuperación de los salarios –apaleados de 2018 a esta parte–, prevista en 4 puntos por encima del IPC. En paralelo, la sumatoria de un rebote de la actividad –que el Gobierno estima en 5,5%– y la propia inflación incrementarían los ingresos tributarios, tendencia que ya se insinúa. ¿El resultado? “Hacer y poner algo de modo que case y venga justo con otra cosa”.

Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

Es probable que si el salto inflacionario se concreta, la presión social y sindical, la interna de Todos, el horizonte electoral de octubre y, por qué no, la propia voluntad oficial suavicen el ajuste. Sin embargo, no hay que olvidar el otro término de la ecuación, compuesto por la sumatoria de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y un mercado financiero que acecha al dólar y marca ya los límites de la estrategia de Guzmán para domesticar sus tramos paralelos.

El ajuste, entonces, ¿dónde está?

En primer lugar, como se dijo, en el desmonte del gasto por el nuevo coronavirus, comenzando por el final del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la conversión en créditos del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP). Uno no se sabe si sentir ternura o molestia ante la desconexión con la realidad que mostraron los funcionarios que llegaron a decir que el IFE iba a ser la base de un ingreso universal o que se burlaron de quienes advertían que el incremento del gasto en la pandemia podía generar presiones cambiarias e inflación.

En segundo lugar, como también se mencionó, el ajuste asoma detrás de un gasto que crecerá nominalmente, pero menos que la inflación y que la recaudación. Es cierto, en este sentido, que el “impuesto inflacionario” será fuente de gastos no presupuestados, pero el FMI mirará con lupa esa triquiñuela tan argentina como cantar falta envido con 7.

Tercero, en la reducción de los salarios reales de los trabajadores del Estado, que comenzó con Macri y que siguió este año.

La ternura y la irritación se confunden cuando se asiste a la discusión sobre qué fórmula, si la actual o la futura, beneficia más a los jubilados. Nadie propone esos cambios para pagarles más.

Cuarto, en el fin del congelamiento nominal de las tarifas de servicios públicos, lo que, con la actualización por inflación prevista, hará languidecer con el tiempo el valor real del subsidio remanente.

Quinto, el ajuste se hace ver en el cambio previsto de la fórmula de movilidad jubilatoria. Otra vez, la ternura y la irritación se confunden cuando se asiste a la discusión sobre qué fórmula, si la actual o la futura, beneficia más a los jubilados. Nadie propone esos cambios para pagarles más. Apenas si se trata de diferentes caminos para restarle peso, con el correr de los años, al principal ítem de erogaciones del presupuesto, estimado en 2019 en 34% del total

En ese sentido, el macrismo pasó de la fórmula que actualizaba las prestaciones desde 2008 a una nueva, en la que la inflación pasada se ponderaba en un 70% y la evolución de los salarios, en un 30%. Picarones: lo hicieron en diciembre de 2017, en paralelo al relajamiento de las metas de inflación, blanqueo de un incremento de los precios. Así, con jubilaciones “creciendo” de acuerdo a la inflación vieja y los ingresos públicos respondiendo a la nueva y acelerada, pasó lo que tenía que pasar: las prestaciones se atrasaron en términos reales.

Federico Sturzenegger, Marcos Peña, Nicolás Dujovne y Luis Caputo en el día de los Santos Inocentes de 2017, al anunciar un relajamiento de la política monetaria y de las metas de inflación.
Sebastián Romero, conocido como “el hombre mortero”, durante las violentas protestas de diciembre de 2017 contra el cambio de la movilidad jubilatoria.

Pero si la fórmula macrista reduce las jubilaciones cuando la inflación sube, las incrementa cuando esta baja, que es lo que, Fernández, Guzmán y Kristalina Georgieva esperan que ocurra desde 2022. Por eso regresan a las fuentes, con una movilidad que descanse, por mitades, en la evolución de los salarios y en la recaudación previsional. El problema es que las dos variables se vinculan con la inflación y el crecimiento, y que si la primera debería ir hacia abajo tras el salto esperado en 2021, el segundo distaría de resultar espectacular. Picarones II: las jubilaciones se desindexarán para que pesen menos en la estructura futura de gastos del Estado.

Por otro lado, ¿hay un sexto recurso que permitiría acelerar el ajuste –perdón… la convergencia al imprescindible equilibrio de las variables macro–? Para el economista Gustavo Reija, sí, “si se negociara con el Fondo un recorte de los gastos en inversión pública y subsidios”. “Hay margen para converger al número mágico de 3% de déficit primario”, le dijo a Letra P

¿El ajuste descripto es una maldad? No porque la Argentina no tiene cómo financiar su actual nivel de gastos: el endeudamiento ya es no solo desaconsejable sino imposible por falta de inversores externos dispuestos a volver a martillarse los dedos; asimismo, el dinero impreso en exceso –está probado– termina cayendo en manos de argentinos con capacidad de ahorro y disposición a comprar dólares, kilómetro cero de todas las crisis nacionales.

El ajuste existe, aunque no en modo de shock. Y aunque, en su diseño, el Gobierno busque redondearle las aristas más filosas al no dolarizar tarifas como hizo Macri, al no demorar la reforma de la movilidad jubilatoria para generar una licuación de los haberes que sería mayor en los próximos meses de esperado salto inflacionario y al plantearse el cuidado de que los salarios no se atrasen demasiado más para no comprometer el consumo. Fernández empieza por los últimos, pero solo en la medida de lo posible.

Todos los gobiernos dicen detestar la inflación, pero todos la usan para cambiarle la forma, como si de arcilla fuera, al reparto de la riqueza social.

Ay, rencor… Tengo miedo de que seas amor.

(Nota publicada en Letra P).