Como ningún otro tema hasta ahora, la política hacia Venezuela movió las aguas, en general calmas, del Frente de Todos. Cual culebrón, la situación de ese país concentra todas las condiciones para convertirse, una y otra vez, una piedra grande, ubicada justo en el punto de convergencia de las diversas tribus del oficialismo y, en especial, en la relación entre el presidente Alberto Fernández y su vice, Cristina Kirchner.
Pasado el furor de la crisis desatada por el voto favorable del país al duro informe de la alta comisionada Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el análisis se despliega. Aun pisando terreno inexplorado, Fernández se permitió una decisión polémica pero autónoma, satisfizo la expectativa de Estados Unidos en un momento –otra vez– crucial de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), las quejas de la dirigencia kirchnerista quedaron acotadas a referentes de relevancia limitada y la vicepresidenta ratificó con su silencio la decisión de sostener su criatura frentista, más allá de lo sospechado o deseado por algunos. Esto último es una buena noticia cuando el frente financiero se torna difícil, mal escenario para que se hable de gobernabilidad. ¿Todo fue ganancia, entonces, para el Presidente? No: algo tal vez quedó, si no roto, posiblemente ajado entre él y votantes del ala más dura de la alianza, que, si bien lo siguen observando como la opción inevitable, ya no lo consideran una enteramente propia. Esos matices escapan a la lógica binaria de las encuestas.
La coalición panperonista es una de gobierno. A diferencia de ese modelo, Cambiemos se había plantado antes como una alianza solo electoral, algo posible gracias al invalorable aporte de una Unión Cívica Radical (UCR) que lo entregó todo a cambio de casi nada. Si los socios no inciden, se maximiza la impronta del conductor y este, en aquel caso, evidentemente no estuvo a la altura. La frustración macrista puede leerse, retrospectivamente, como un paso hacia un presidencialismo de coalición cada vez más formalizado, inevitable cuando los viejos partidos se rompen en un imparable proceso de mitosis.
El sistema político aprende sobre la marcha. No debe sorprender entonces que un tema tan sensible como el de Venezuela siga pendiente de resolución a diez meses de ejercicio de la actual administración. Más cuando la revolución bolivariana es la Cuba del siglo XXI en el imaginario de las izquierdas latinoamericanas. Lo es en su vocación igualitarista, en tanto bandera del antiimperialismo, como país agredido por sanciones que buscan desestabilizar a un gobierno a través del daño directo a su población y también ante la amenaza latente de una intervención militar. A no engañarse: Estados Unidos le ha impuesto más de un centenar largo de sanciones en los últimos años por ideología e interés, no por principios. El mismo presidente, Donald Trump, que grita por los abusos del chavismo, avala otros en muchos lugares… por no hablar de los que permite y hasta atiza en casa con las poblaciones de color. “Le salvé el culo” al príncipe saudita Mohammed bin Salman, señalado por el asesinato y posterior trozado del disidente Jamal Khashoggi dos años atrás, se ufanó, según consta en el libro Rage (“ira”) de Bob Woodward,uno de los periodistas que destaparon el caso Watergate.
Las sanciones estadounidenses son variadas y van desde la inmovilización de activos de jerarcas chavistas hasta una que desde principios del año pasado obliga a las refinerías del país a depositar los pagos por crudo venezolano en cuentas bloqueadas, lo que cierra en los hechos el principal mercado para esas exportaciones vitales. Por si eso fuera poco, traban las operaciones de terceros países con petróleo venezolano y hasta permiten confiscar cargas de combustible refinado –crucial para la actividad más elemental– que envían países como Irán, también sujetos a restricciones.
Así las cosas, la exportación de petróleo venezolano no supera hoy los 535.000 barriles diarios, el menor nivel desde 1950, de acuerdo con la agencia financiera Bloomberg. El dato, con todo, es una bisagra en el análisis. Incluso antes de las sanciones, los desmanejos, el desquicio económico y el endeudamiento desenfrenado ya habían derrumbado las actividades de la petrolera PDVSA, fuente de más del 90% del ingreso de divisas duras al país.
Lo mismo puede decirse de la parálisis productiva, de una depresión económica que viene de 2013 –inicio del gobierno de Nicolás Maduro–, de la hiperinflación, de la escasez crónica de productos de primera necesidad y de condiciones de vida severamente deterioradas. El Banco Central de Venezuela volvió a publicar las estadísticas más sensibles el año pasado, después de cuatro de apagón y antes de la pandemia que distorsiona cualquier indicador, admitiendo indicadores de terror: un desplome del producto bruto interno (PBI) del 52,3% en los seis años previos y una inflación de más del 130.000% en 2018, limitada en el último bienio por la propia hiperrecesión. Como en Cuba, el bloqueo es a la vez como causa y autoindulgencia.
Si el legado actual de la llamada –en tiempos de de Hugo Chávez– “revolución bonita” muestra tan poco para rescatar y aleja velozmente en el espejo retrovisor todo lo que aquel pudo haber dejado de positivo, también cabe lamentar el saldo reciente en materia de derechos humanos. Bachelet señala en su informe que la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela “ha identificado incidentes y patrones específicos que establecen motivos razonables para creer que se han cometido violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho penal internacional”. Ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; detenciones arbitrarias , así como tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes son “patrones de conducta” que se comprobaron, indica.
Sin embargo, surgen impugnaciones. El trabajo no tendría validez por surgir de una investigación realizada sin acceso al país y solo en base a fuentes contactadas de forma remota, dice el primer cuestionamiento al informe Bachelet. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el Estado denunciado no dio acceso a los miembros de la misión a pesar de ocho pedidos en ese sentido.
La segunda objeción se vincula con que la investigación viola el principio de no injerencia. ¿Condenarán los objetores de hoy, retrospectivamente, la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de septiembre de 1979, primera puerta abierta al mundo sobre las atrocidades del Proceso de Reorganización Nacional?
El tercer foco de crítica a todo aquel que hable de violaciones a los derechos humanos bajo el madurismo indica que eso oculta los crímenes promovidos por la oposición más recalcitrante. No hay cómo esconder las culpas de la contra radical, pero el derecho internacional y la debida denuncia de la “teoría de los dos demonios” indican que los crímenes de lesa humanidad los perpetran los aparatos de Estado u otros con pretensión de tales por ejercer dominio en cierta área geográfica. Lo demás son simplemente crímenes que corresponde perseguir, a la vez, con dureza y con las debidas garantías.
Asimismo, se imputa que si se habla de violaciones de los derechos humanos en Venezuela, es necesario hacer lo propio con los de otros países de la región, por caso Colombia. La verdad es que los mismos –paramilitarismo, asesinatos, tormentos, secuestros, desplazamientos forzados y crímenes de campesinos hechos pasar por guerrilleros bajo la forma de “falsos positivos”, entre otros abusos– han sido ampliamente ventilados a nivel internacional por muchos años.
El informe Bachelet merece ser leído, más cuando organismos internacionales de prestigio se expresan en un sentido equivalente.
Por fin, se cuestiona a los organismos internacionales y a la propia Bachelet. Si se habla de la OEA de Luis Almagro, es claro que la parcialidad ideológica no podría ser mayor. Sin embargo, el informe de la polémica actual merece ser leído, más cuando organismos internacionales de prestigio se expresan en un sentido llamativamente equivalente.
De acuerdo con Amnistía Internacional, Venezuela sufrió el año pasado “una crisis de derechos humanos sin precedentes. Continuaron las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza y los homicidios ilegítimos por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de una política de represión para silenciar la disidencia”.
“Las autoridades respondieron a la creciente protesta social con una amplia variedad de violaciones de derechos humanos y una intensificación de la política de represión. Se sometió a presos y presas de conciencia a procesos penales injustos. La libertad de reunión y de expresión siguió bajo amenaza constante. Los defensores y defensoras de los derechos humanos sufrían estigmatización y afrontaban cada vez más obstáculos para desempeñar su labor”, continuó.
En tanto, Human Rights Watch indicó ya este año que “desde que se declaró el estado de excepción para combatir el covid-19 a mediados de marzo de 2020, las autoridades venezolanas han detenido en forma arbitraria y procesado penalmente a periodistas, trabajadores de la salud, abogados de derechos humanos y opositores políticos que critican al gobierno de Nicolás Maduro”.
“A muchos de los detenidos se les imputan delitos previstos en una ‘ley contra el odio’ absurda y excesivamente amplia, y son procesados por un poder poder judicial sin la más mínima independencia. A los abogados de los acusados se les concede un acceso muy limitado a los expedientes judiciales y a los fiscales debido al cierre de tribunales por el covid-19. Algunos detenidos han sufrido abusos físicos que podrían constituir torturas”, siguió.
El tema se hace escabroso por amplitud y sistematicidad y hasta Cristina Kirchner dijo hace tres años que allí, como en la Argentina macrista, no había Estado de derecho.
¿Doble patrón? No. Tanto la primera como la segunda oenegé tratan todos los casos, lo que incluye a los Estados Unidos y, tanto en un caso como en el otro hasta a la Argentina democrática, con sus carencias y sus avances.
Si la no injerencia es un pilar de la política exterior argentina, también lo es la defensa de los derechos humanos. ¿Pudo abstenerse el Gobierno en Ginebra en lugar de condenar, sin dejar de sentar sus quejas a Caracas? ¿Actuó influido, acaso demasiado, por el deseo de evitar otro roce con Estados Unidos? Probablemente, aunque parte de las críticas mencionadas, exclusivamente fuego amigo fueron cruciales en el desenlace por no haber medido tonos, equilibrios ni oportunidad. Por otro lado, se lanzó así a un camino arriesgado, que podría obligarlo a tomar partido ante cada país señalado, incluso cuando resulte poco prudente.
Por ahora, las cabezas de la coalición oficial no se prestan, al menos en público, al show de los fuegos artificiales. No es poco en la complejidad del momento.
Marcelo Falak 