Ruido interno por Venezuela: un radical suelto en la OEA

La Argentina ratificó su posición sobre las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, apoyó “con fuerza” y votó este martes a favor del duro informe realizado sobre el tema por la alta comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet. El Gobierno puso así punto final a la polémica generada por declaraciones previas del representante ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el exradical Carlos Raimundi, que habían sido interpretadas como un cambio de la postura oficial.

Esa fue la instrucción que cumplirá en la reunión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el embajador argentino Federico Villegas

En una actitud que en el Gobierno se consideró apartada de la debida responsabilidad diplomática, Raimundi había dicho el martes 29 en la OEA que “cuando uno pone el foco en un determinado tipo de situaciones o en un país, es ahí donde se puede correr el riesgo de hacer una interpretación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos”. La referencia se consideró un rechazo político al informe Bachelet.

“No compartimos cierta perspectiva de cuáles son las causas que han llevado a esa situación y cuáles son los caminos para resolverla (…) Venezuela ha sufrido un fuerte asedio internacional, amenazas de intervención, operativos frustrados, cortes de energía a la central eléctrica. También es cierto que hay una situación de bloqueo a la renta de su principal recurso (…) el petróleo. Hay un bloqueo a sus riquezas en oro que están depositadas en Londres”, agregó en un foro en el que, de acuerdo con la Cancillería y con el presidente Alberto Fernández, no debió referirse de modo tan informal a un reporte que se ventila en otro, esto es en la ONU.

“Primero se crean condiciones para que exista una situación de emergencia, después se acusa únicamente al Gobierno por esa situación y, acto seguido, se le pide que respete estándares en todos los niveles como si esa situación no existiera”, abundó el exradical.

Ese gesto le salió caro a Raimundi, que fue amonestado por el propio jefe de Estado, lo que forzó al primero a dar marcha atrás. 

“Gracias a una gestión de Eduardo Valdés“, titular de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, “logré intercambiar dos mensajes con el Presidente para desmontar cualquier operación y sellar la posición argentina, que tiene ser única y seria”, señaló en declaraciones a El Destape Radio.

Para el canciller Felipe Solá, en tanto, “el problema fue que Raimundi dijo una parte sobre Venezuela, pero no la otra parte, que es la preocupación de Argentina en relación a los derechos humanos”.

Felipe Solá, ministro de Relaciones Exteriores. (Foto: Noticias Argentinas).

Horas antes de la votación en Ginebra, el Ministerio de Relaciones Exteriores había fijado su postura a través de un comunicado que resaltó que “nuestro país mantendrá su liderazgo en la defensa global de los derechos humanos y sostendrá los principios de paz y resolución política de la crisis venezolana”.

“Asimismo, valorará y apoyará con fuerza el trabajo realizado por la alta comisionada de las Naciones Unidas Michelle Bachelet. En ese marco, instamos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a cooperar plenamente con el Consejo y todos sus mecanismos y a implementar íntegramente las recomendaciones hechas por la alta comisionada en sus informes. Así como con su llamado a que conduzca investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, lleve a los perpetradores ante la justicia y garantice una reparación adecuada a las víctimas”, añadió.

Si bien Raimundi llegó a la embajada en la OEA promovido por Máximo Kirchner y su punto de vista expresa lo que piensan muchos en el ala más radical del kirchnerismo, sería excesivo suponer que sus dichos originales expresan la posición de la vicepresidenta, Cristina Fernández. De hecho, hace algo más de tres años, esta se refirió a su situación en diversas causas judiciales al afirmar que “en Venezuela no hay Estado de derecho y en Argentina tampoco hay Estado de derecho”.

“Posiblemente esté muy cuestionable el Estado de derecho en Venezuela porque hay un estado de división y de fractura en la sociedad muy fuerte. Y esto es lo que tenemos que tratar de evitar en la Argentina”, agregó entonces en una entrevista con Infobae.

El informe en cuestión, difundido a fines del mes pasado y que complementa uno de julio último –también respaldado por la Argentina–, ratifica el involucramiento de funcionarios chavistas en crímenes tales como ejecuciones extrajudiciales, torturas, secuestros y actos de violencia sexual.

“Me preocupan los altos números de muertes de jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad. Mi oficina registró 711 muertes de junio a agosto, llegando a más de 2 mil muertes desde enero de 2020”, señaló Bachelet la expresidenta de Chile.

(Nota publicada en Letra P).