Guardianes de la República: el caso brasileño que mancha la “ficha limpia”

La decisión de Juntos por el Cambio de reflotar en la Cámara de Diputados la denominada ley de “ficha limpia”, destinada a impedir que personas que arrastran condenas judiciales accedan a cargos electivos, constituye un parche sobre las carencias de una Justicia que suele llegar tarde o no llegar del todo, además de plantear serios problemas éticos y constitucionales, como la posible vulneración de los principios de presunción de inocencia y de respeto a la voluntad popular.

Una iniciativa similar, planteada por el diputado macrista Pablo Tonelli, ya naufragó el año pasado en el cuerpo por falta de cuórum. Esta vez, según informó Letra P, llevará la voz cantante el diputado y titular del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Alfredo Cornejo.

La idea presenta varias curiosidades. La primera es que el hecho que la precipita es el escándalo protagonizado la semana pasada por el diputado Juan Emilio Ameri, quien, en plena sesión virtual, se entregó a un fugaz acto de intimidad con su pareja a la vista de todo el país. Más allá de que el legislador fue suspendido casi en el acto por la Cámara y que, abandonado por sus pares del Frente de Todos, renunció el mismo día, el concepto de la “ficha limpia” no habría afectado en nada su elección. En efecto, Ameri había sido objeto de acusaciones de acoso sexual, pero las mismas jamás tuvieron estado judicial y, mucho menos, derivaron en condena.

Con todo, los aspectos más problemáticos de la iniciativa derivan de su propia naturaleza. Por un lado, porque pone en juego el principio de presunción de inocencia al cercenar el derecho a presentarse para cargos electivos antes de que pese una condena firme. Por el otro, porque, desde el lado del electorado, limita el ejercicio de la voluntad popular.

Dado que la idea fue tomada de Brasil, en el ejemplo de ese país corresponde sacar las conclusiones acerca de las ventajas o desventajas de la “ficha limpia”.

Como se sabe, quien era entonces el político más popular de ese país y favorito descollante para ganar las elecciones de octubre y noviembre de 2018, Luiz Inácio Lula da Silva, se vio impedido de participar en el proceso debido, justamente, a que tenía “ficha sucia”.

El Supremo Tribunal Federal determinará, probablemente el año que viene, si el juez que lo condenó en primera instancia, Sergio Moro, actuó con parcialidad y motivación política en el caso del tríplex de Guarujá, que atribuyó a una presunta coima. Si fallara en ese sentido, Lula quedaría liberado por ese caso y, en tanto no reciba otra condena en segunda instancia, sería otra vez “elegible”. Así, sería imposible disimular los abusos judiciales que derivaron en su proscripción y en el triunfo de Jair Bolsonaro, quien, llamativamente, terminó nombrando al exmagistrado como ministro de Justicia, cargo del que lo eyectó en abril último.

“Ficha limpia” es el nombre popular dado en el país vecino a la Ley Complementaria nº 135, promulgada el 4 de junio de 2010, que modificó la Ley Complementaria nº 64 de 1990, que detallaba los casos de inelegibilidad.

En su artículo 2, inciso L, la norma establece que no podrán aspirar a cargos electivos “quienes sean condenados a la suspensión de los derechos políticos, en decisión tramitada en juzgado o emitida por un órgano judicial colegiado, por acto doloso de improbidad administrativa que suponga lesión al patrimonio público y enriquecimiento ilícito”.

La expresión “órgano judicial colegiado” se refiere a cortes de segunda instancia como el Tribunal Regional Federal (TRF) nº4 de Porto Alegre, que fue el que le dio la estocada final a la candidatura de Lula da Silva al confirmar la sentencia de primera instancia de Moro.

La mayor curiosidad de la ley de “ficha limpia”, impulsada por iniciativa popular, es que la promulgó el propio Lula seis meses antes de abandonar el poder. Surgida como iniciativa popular, el Partido de los Trabajadores (PT) la abrazó con fervor dado que bregaba entonces por asegurar la sucesión de su líder a través de Dilma Rousseff, para lo que necesitaba darse un baño de transparencia tras varios casos de corrupción denunciados a lo largo de los ocho años previos.

No solo Lula da Silva cedió a la ola de punitivismo que comenzaba a atravesar a una sociedad cansada de la corrupción. El inicio de la operación Lava Jato (lavadero de autos) por parte de Moro influyó para que los tribunales se adaptaran a la ola a través de una jurisprudencia “creativa”. Así, no solo la “ficha limpia” sino algo aun más osado, la prisión tras fallo de segunda instancia, pasaron en su momento por el tamiz del Supremo, lo que hizo que Lula, además de haber sido proscripto, pasara 19 meses en prisión.

Ante un caso de semejante perfil, el propio alto tribunal decidió, en noviembre del año pasado, releer la Constitución, que indica taxativamente en su artículo 5°, inciso LVII, que “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”. “Tránsito en juzgado” significa sentencia firme.

Lenio Luiz Streck –abogado constitucionalista, profesor universitario y procurador del estado Rio Grande do Sul de 1986 a 2014– se cuenta entre los críticos de ese “populismo judicial” que proscribe electoralmente y encarcela a personas formalmente inocentes.

“Una ley de ‘ficha limpia’ es siempre un tipo de ley moralista, a través de la cual el Poder Judicial y el parlamento le quieren enseñar al pueblo a elegir candidatos ‘limpios’”, le dijo a Letra P desde Brasil.

“Eso viola la presunción de inocencia. Un candidato no puede ser impedido de competir en tanto no se agoten todas las instancias judiciales”, añadió.

“Además, si todo poder viene del pueblo, el hecho de que el pueblo elija a alguien que no está limpio es, en definitiva, el riesgo de la democracia”, remató.

¿Los cambios en el humor popular justifican la “mitigación” de derechos y principios fundamentales de cualquier democracia liberal?

Los defensores de la Ley Complementaria nº 135 defienden la jurisprudencia vigente del Supremo, según la cual ningún derecho es absoluto y es factible posible “mitigar” el principio de presunción de inocencia en aras de los anhelos sociales.

Oscar Vilhena Vieira, profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos y director de la Escuela de Derecho de la prestigiosa Fundación Getulio Vargas, expresó impecablemente ese osado punto de vista en un foro organizado en marzo de 2018 por el Instituto Fernando Henrique Cardoso. “La Constitución es clara, pero está equivocada”, dijo respecto de la prisión anticipada.

¿Los cambios en el humor popular justifican la “mitigación” de derechos y principios fundamentales de cualquier democracia liberal? Antes que replicar el ejemplo de Brasil, ¿no sería mejor que los legisladores trabajaran para que las causas por corrupción solo encontrasen sentencia en la eternidad?

Si eso hicieran, no serían necesarios parches como la doctrina Irurzun del “poder residual” para prolongar prisiones preventivas o, ahora, una ley de “ficha limpia”.

Argentina, esa república sin republicanos.

(Nota publicada en Letra P).