Grieta política mata señal económica. Así surge, al menos, de las lecturas predominantes sobre la decisión de Alberto Fernández de pegarle dos sablazos a los fondos que envía a la Ciudad de Buenos Aires dentro del esquema de coparticipación: el primero, por decreto, de un punto porcentual; el segundo, a través de un proyecto de ley, para fijarla en 1,4% del total, como ocurrió hasta 2015, antes del traspaso de la seguridad. Obnubilado por la justicia o la arbitrariedad partidista de la medida, el debate omitió la señal que más debería haberle interesado al mercado: el presidente pretende sentarse encima de la caja y el déficit fiscal primario del 4,5% del producto bruto interno (PBI) parece todo el que esta dispuesto a tolerar en 2021, aun cuando se trata de un año electoral. Inaugura así el momento ortodoxo que había anticipado en su campaña.
Más llanamente: si aparece un requerimiento extraordinario de financiamiento, como el generado por el reciente reclamo de la Policía Bonaerense, el Gobierno no pretende apelar dócilmente a la emisión de moneda. Al revés, donde haya una necesidad, nacerá no ya un derecho sino una reasignación de partidas. En primer lugar, como podía esperarse, el ensayo le cupo a un opositor: Horacio Rodríguez Larreta.
De acuerdo con el proyecto de Presupuesto elaborado por ministro de Economía, Martín Guzmán, el 40% de ese desequilibrio primario –antes de pago de deudas– debe ser financiado a través de la toma de deuda en pesos en el mercado local, tendencia que viene rindiéndole buenos frutos y que se traduce en la recepción de ofertas que superan ampliamente las necesidades. El mes pasado, por caso, “durante el último semestre, el promedio móvil (tres meses) del porcentaje de roll over del Tesoro Nacional creció constantemente, consolidando el nivel de aceptación de los agentes locales para refinanciar la deuda pública en pesos. De esta forma, en agosto, mediante las licitaciones llevadas a cabo por la Secretaría de Finanzas de la Nación, el roll over fue de 158%, lo que se traduce en un financiamiento neto positivo de $80.806 millones”, dijo el Palacio de Hacienda.
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En tanto, el año próximo, el Banco Central debería limitar sus aportes al Tesoro al 60% del mencionado rojo presupuestario y la intención es que esa proporción caiga en los años sucesivos, hasta alcanzar un equilibrio fiscal que –pandemia mediante– no llegaría en 2023, como se había prometido a los acreedores al renegociarse la deuda, pero no mucho más tarde.
Así, en agosto, el dinero impreso y entregado por la autoridad monetaria al Tesoro fue menos del 10% del de mayo, cuando la sumatoria de Adelantos Transitorios y Transferencias de Utilidades había alcanzado a $430.000 millones.
Entre enero y el mes pasado, el Central emitió más de 1,5 billones de pesos en ese concepto, 90% de lo cual se vinculó a las necesidades de gasto impuestas por la pandemia.
La consultora Analytica señaló en su último informe que “el proyecto de ley de Presupuesto 2021 contiene algunas definiciones interesantes y, hasta la irrupción del Central a escena (N. del R.: con el endurecimiento del cepo cambiario), de factible cumplimiento. “El dato más relevante (…) es que se busca reducir el déficit fiscal en 2021. Así, se plantea un déficit financiero (el primario más las deudas) objetivo del 6% del PBI, financiado 60% con emisión monetaria (3,6% del producto) y 40% con títulos públicos. Parece un esquema lógico”, continuó.
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“La señal de eliminar todo el gasto extra ocasionado por el covid-19 es un balizamiento acorde a las políticas que plantea el FMI en el actual contexto mundial”, sigue Analytica en referencia a la prevista supresión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP).
El “momento ortodoxo” de Fernández queda, entonces, planteado. Para Ricardo Delgado, director de Analytica, “la preocupación fiscal está y no es trivial. Lo que plantean algunos sectores sobre un gobierno que despilfarra y emite no es así: si lo fuera, seguiría emitiendo como lo hizo en abril y mayo”.
“En el fondo hay una preocupación por la emisión, una preocupación por lo fiscal”, añadió.
El economista Gustavo Reija coincide. Para él, “el Presupuesto 2021, luego de un año en el que Argentina no ha tenido un presupuesto aprobado, da un marco de análisis que permite visualizar el sendero de evolución de las variables macro fundamentales”.
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“En los últimos días, el ministro Guzmán y el presidente Fernandez han intentado brindar una imagen de moderación y cierta ortodoxia en el manejo fiscal y monetario”.
No por nada, Guzmán lanzó el domingo, dos días antes de concurrir al Congreso a defender su proyecto presupuestario, un hilo de Twitter en el que enfatiza especialmente que la “sostenibilidad fiscal” y la reducción de la dependencia del Tesoro con respecto al Banco Central son pilares del mismo.
“La reasignación de fondos de la coparticipación para solucionar la crisis (policial) generada en la provincia de Buenos Aires, más allá de sus implicancias políticas y legales, significa no recurrir a la emisión para realizar más gastos. El déficit del 4,5% del producto que consta en el Presupuesto es un valor alto, pero sería la mitad del de este año. Es un buen indicador si hay un sendero de convergencia”, explicó Reija.
Para el especialista, “la negociación con el Fondo Monetario Internacional es clave para descomprimir pagos durante los próximos años y para el ritmo al que podría reactivarse la economía. Con eso, también, para que mejoren los ingresos fiscales, de modo de dar lugar a una disminución sostenible del déficit”.
“Por supuesto que cualquier previsión presupuestaria estará sujeta a la evolución de la pandemia. Reducir el déficit a la mitad requiere eliminar gran parte de los fondos transitorios comprometidos por la crisis sanitaria. Si el covid-19 da tregua, llegar al sendero de equilibrio será más fácil. No hacerlo llevaría al país a un escenario base más complejo, cerró.
Marcelo Falak 