“Reasignación” de bonos: ¿ventana a nuevos juicios de acreedores contra el país?

La negociación de 66.000 millones de dólares de deuda emitida bajo legislación extranjera entra en su recta final, con la extensión del plazo para las gestiones hasta este viernes y a la espera de la presentación de una oferta mejorada del Gobierno y de la respuesta de los acreedores. Sin embargo, un aspecto del proceso, esto es la posibilidad de que las autoridades decidan al final reagrupar los bonos que serán canjeados, incluyendo algunos y excluyendo otros, a fin de alcanzar los porcentajes mínimos de aceptación establecidos en los respectivos pliegos, puede abrir la puerta a litigios contra el Estado en cortes internacionales. Esto devuelve la memoria al difícil trance de los años 2010-2015, cuando el entonces juez neoyorquino Thomas Griesa acorraló al país con los embargos que le solicitaban los fondos buitres.

Según averiguó Letra P, el ministro de Economía, Martín Guzmán, considera que hubo un acercamiento alentador con la generalidad de los tenedores en las últimas semanas, aunque aún hay diferencias, en especial con uno de los tres sectores involucrados en las tratativas, el llamado Grupo Ad Hoc, que asegura tener en su haber más del 15% de los títulos que surgieron de los canjes de 2005 y 2010 y más del más del 25% de los emitidos por el gobierno de Mauricio Macri. Este está formado por gigantes como Ashmore, BlackRock, Fidelity, AllianceBernstein y Amundi, entre otros.

En particular, el problema se da con el primero de estos, Ashmore, que tiene bonos en pesos y quiere salir de esa posición en condiciones más ventajosas que las que el ministro entiende como “sostenibles” para el país.

Ante la eventualidad de que un acuerdo resulte parcial, el Gobierno estableció en el artículo 3 del decreto 391/2020 que “el Ministro de Economía podrá realizar las modificaciones que fueren necesarias en el modelo del Suplemento de Prospecto (…)” en ciertas condiciones.

Más en concreto, en la formalización de la oferta ante la Securities and Exchange Commission (SEC, el organismo regulador de la bolsa de Nueva York) planteó que en la “orden de licitación”, “al consentirse y autorizarnos a redesignar, en cualquier momento (incluso después de la fecha de expiración), las series de bonos elegibles (…) eso podría resultar en que sus series sean excluidas”.

El significado de eso es que, en caso de falta de un acuerdo con la totalidad de los acreedores, el Gobierno podría reestructurar los bonos en los que se cumplan las cláusulas de acción colectivas (CAC) destinadas a hacer el entendimiento obligatorio para todos los tenedores –de modo de poner al país a salvo de juicios– y “redesignar” los que no lo hagan para futuros acuerdos. Eso abriría la puerta a una estrategia de canjes parciales y secuenciales.

Sebastián Maril, economista de Research for Traders especializado en títulos públicos y litigios internacionales, le dijo a Letra P que “la gran pregunta es cómo el Gobierno los va a reagrupar”.

“Hay que considerar que hay un grupo de acreedores, los tenedores de bonos de los canjes de 2005 y 2010, que desde el principio se sabía que no iban a aflojar en sus insistencia en tener nuevos bonos reestructurados pero bajo el mismo indenture (condiciones de contrato) de 2005. Es necesario recordar que Argentina quiere emitir los nuevos títulos bajo el indenture de 2016 porque le da una protección contra litigios más sólida frente a los acreedores”, es decir porque sus CAC establecen límites de aceptación más bajos, explicó Maril.

La ventana para la judicialización de un proceso que aún no terminó está abierta, pero esa posibilidad no es inexorable.

De acuerdo con el especialista, “según reportes periodísticos recientes, el país accedería a emitir (para el canje) dos tipos de bonos: unos (con el indenture de) 2005 y otros (con el de) 2016. Así, no se puede descartar que haya bonos con la misma fecha de vencimiento, pero emitidos de acuerdo con diferentes indentures”. ¿Eso podría abrir la puerta a nuevos juicios contra el país en cortes extranjeras?

“Si Argentina mantiene la estructura legal de la primera oferta del 21 de abril, que hasta ahora es la única conocida, podría afrontar juicios por diferentes motivos. Uno de ellos, efectivamente, es la cláusula de reasignación, que le permite al Gobierno excluir series del canje que previamente habían sido ingresadas por los acreedores”, dijo el hombre de Research for Traders. “Es decir que si un acreedor acepta las condiciones, el Gobierno puede sacarlo del canje porque el resultado de su serie no ayuda al cómputo final de las cláusulas de acción colectiva”. He ahí una posibilidad de litigio.

Pero hay otras ventajas de judicialización del canje.

“En segundo lugar, más allá de lo anterior, hay que considerar la pretensión de los acreedores que todos los títulos que se les entreguen tengan la cláusula RUFO” (rights upon future offers, o derechos sobre ofertas futuras), que obliga al Estado a equiparar en beneficio de quienes ingresen al canje actual mejores condiciones que, eventualmente, pueda ofrecer a otros acreedores en el futuro, explicó Maril.

“Tercero, podría haber litigios por parte de quien opte por quedar fuera del canje pero que debe entrar obligadamente al mismo debido a las cláusulas de los bonos actuales y a aceptar el más largo de los nuevos”, siguió.

“En cuarto lugar, si Argentina permanece en default, quien quedó fuera del canje puede pedir la aceleración de los pagos de los bonos o litigar para cobrar”, añadió Maril.

“Quinto -finalizó–, porque puede que se entregue a ciertos tenedores un título que no sea de su interés. Es la llamada ‘cláusula cascada’. Dado que el Gobierno dijo que pondría límites a la emisión de los bonos más cortos, si algún tenedor ingresa al canje y opta por el más corto, este ya puede tener cubierto el cupo, por lo que automáticamente se le reasignaría el siguiente bono elegible para su serie, uno diferente al que aquel prefería”.

La ventana para la judicialización de un proceso que aún no terminó está abierta, pero esa posibilidad no es inexorable.

“Antes de concluir que van a producirse muchos juicios, hay que ver qué estructura legal es la que el Gobierno aplica finalmente”, cerró Sebastián Maril.

(Nota publicada en Letra P).