Enfrentado a dos crisis superpuestas, la heredada y la del nuevo coronavirus, el Gobierno está condenado a jugarse el todo por el todo a cada paso y, con él, toda la Argentina. Ahora llega el esperado momento de la culminación del proceso de canje de deuda, una apuesta a evitar un default que se concreta, por azar histórico, en un momento por demás inoportuno, con una pandemia en curso que ha desquiciado al mundo financiero. Una cesación de pagos, el escenario negativo y ciertamente no deseado por el presidente Alberto Fernández y por el ministro de Economía Martín Guzmán, probablemente no tendría mayor efecto en el cortísimo plazo, pero sí uno severo en el mediano y largo, cuando el país necesitará restablecer los canales de crédito para apurar la salida de aquellas dos emergencias acumuladas y, con eso, el alivio para una sociedad agobiada desde hace al menos dos años.
El mercado espera que la oferta de canje de bonos se conozca de manera inminente, percepción se que fortaleció tras el pedido de autorización para una ampliación del stock de nuevos bonos a emitir realizada por la Argentina a la Securities and Exchange Commission (SEC), el ente que regula el mercado bursátil de los Estados unidos. La misma eleva a 68.842,528.826 millones de dólares en deuda emitida bajo ley extranjera anunciados en el decreto 250/2020 del 9 de marzo.
A primera hora de la tarde de este miércoles, el riesgo país calculado por JP Morgan subía 5,1% a 4.075 puntos básicos, una indicación del pesimismo prevaleciente sobre el resultado del intento. “Sabemos que en este contexto adverso nos estamos tirando a la pileta, pero no necesariamente está tan vacía como algunos pronostican”, le dijo a Letra P una fuente oficial familiarizada con la negociación. En el Ministerio de Economía están convencidos de que cierto clima de pesimismo que se transmite a través de los medios está operado por acreedores que buscan minimizar el rigor de la oferta, uno que el Gobierno justifica en la necesidad de hacerla de una vez por todas sostenible y en las condiciones de mercado más adversas que generó la pandemia de COVID-19.
Fuente: Rava Burstátil.
La propuesta, se descuenta, establecerá un menú diversificado de opciones compuesto por diversas combinaciones de quita de capital e intereses, extensión de plazos y un plazo de gracia durante el que no deberán efectuarse desembolsos, idealmente liberando de compromisos a Fernández en todo lo que resta de su mandato. Conocida la oferta, comenzará un toma y daca más intenso que prolongado, de cuyo desenlace dependerá que el proceso se cierre con un éxito o con un fracaso.
Roberto Reynolds, gerente de Wealth Management en Balanz Capital, le dijo a Letra P que “esperamos que el Gobierno presente una propuesta muy agresiva, que probablemente sea rechazada por los grandes inversores. Ahí se iniciará un período de negociación con los grandes fondos”.
“Los inversores están dispuestos a aceptar una propuesta si la misma es razonable, por lo que, el que se llegue o no a un acuerdo dependerá de que el Gobierno apueste al pragmatismo o a la épica del default. Esta última alternativa sería nociva para una economía que ya está en terapia intensiva”, agregó.
Gustavo Neffa, socio y director de Research for Traders, señaló ante la consulta de este medio que “el mercado estaba preparado para recibir una oferta que implicara una quita del 50% sobre el valor presente neto (VPN), pero la crisis por el nuevo coronavirus hizo que el cálculo involucre una hipótesis más agresiva. Por eso ahora se espera que el VPN oscile entre ese 50% y un 40%”.
El VPN surge de una fórmula que, tras descontar el costo de oportunidad de recibir los pagos a lo largo del tiempo, establece cuál sería el valor actual de un determinado flujo de dinero comprometido.
Leandro Ziccarelli, economista del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB), por su parte, explicó en diálogo con Letra P que “hasta que se conozca la oferta en detalle la incertidumbre va a ser grande”.
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“En el corto plazo, el foco principal del Gobierno pasa por manejar el impacto de la cuarentena en la economía y que la calle no se desborde. Está bien que sea así, pero eso hace que el problema de la deuda pase a un segundo plano, aunque siga siendo apremiante e importante. Eso es así porque de acá seis meses, digamos, cuando la crisis haya tocado fondo y se reactive el circuito económico, va a hacer falta tener ese frente solucionado”, dijo. “En resumen, lo que vaya a pasar con el canje puede ser secundario hoy, pero condiciona lo que resta del gobierno de Alberto Fernández”.
Se juega mucho, en efecto, para el Presidente y para todos los argentinos, ¿pero cuánto?
En opinión de Gustavo Neffa, “un default de la deuda empeoraría la caída de la actividad económica esperada para este año. En ese escenario, se caerían muchas líneas de crédito de organismos multilaterales, los bancos corresponsales de entidades locales podrían recortar sus vínculos con estas y se produciría una variedad de efectos más. El peor sería la prolongación del cierre total del mercado externo voluntario de deuda”.
“Un buen acuerdo con los acreedores permitiría normalizar el mercado interno de manera ordenada, gradual y controlada» (Leandro Ziccarelli).
Vinculado con eso, suma Reynolds, “un default del soberano impactaría también en el mercado de crédito de las empresas, algo que sería importante preservar en este contexto”, de modo de facilitar la salida de la depresión que augura el llamado Gran Confinamiento.
En otro orden, Ziccarelli añade que “un buen acuerdo con los acreedores permitiría normalizar el mercado interno de manera ordenada, gradual y controlada en lo que respecta a riesgo país, tasas de interés, déficit fiscal, dólar, brecha cambiaria, precios, etcétera”. “En cambio, un mal acuerdo llevaría a equilibrios distintos y con una velocidad no deseada”, advirtió.
Marcelo Falak 