El Gobierno busca liberar a Alberto F. de pagarle al Fondo

Impedido de hacer frente al exigente cronograma de pagos al Fondo Monetario Internacional (FMI) estipulado en el acuerdo Stand-by de 2018, que concentra una fuerte carga de vencimientos entre 2021 y 2022, el Gobierno de Alberto Fernández planteará una extensión de plazos que exceda el mandato del actual presidente.

Según supo Ámbito Financiero, el planteo argentino se basa en lo que considera una corresponsabilidad del organismo en la larga crisis desatada hace dos años y en la necesidad de que se dé a la economía tiempo suficiente para volver a crecer y generar los recursos suficientes para honrar esos compromisos.

El tema será parte de la agenda que comenzarán a tratar este miércoles en el Vaticano el ministro de Economía, Martín Guzmán, y la directora gerente del Fondo, Kristalina Georgieva, quienes coincidirán en un seminario económico.

De acuerdo con el Stand-by firmado por el Gobierno de Mauricio Macri, el país debería devolver 5.600 millones de dólares este año, 21.200 millones el que viene, 22.300 millones en 2022 y 7.600 millones en 2023, último año del actual mandato.

Con todo, esos números deberían ser revisados dado que el Presidente rechazó recibir los desembolsos correspondientes al año en curso. Así, la factura total no asciende a los 56.700 millones de dólares iniciales sino a 44.500 millones, una cifra, de cualquier modo muy elevada e imposible de reembolsar en los plazos estipulados.

Además de despejarse el panorama de los vencimientos con el principal acreedor del país a lo largo de todo el actual mandato, el Gobierno tratará de evitar que la extensión de plazos que reclama sea enmarcado por el FMI en un Programa de Facilidades Extendidas (EFF, según su sigla en inglés).

Los EFF permiten prolongar los cronogramas de reembolso hasta los diez años, pero, diseñados como están para atender “a países que enfrentan problemas serios de balance de pagos a mediano plazo debido a debilidades estructurales”, imponen mayores condicionalidades que el Stand-by en vigor. Los negociadores nacionales le ponen nombre a esas exigencias: reformas previsional y laboral, algo que la Casa Rosada no quiere plantear.

Los diálogos mantenidos hasta el momento han sido descriptos por las partes como “muy constructivos”, pero esos dos asuntos espinosos pondrán a prueba el optimismo.

Para el Fondo, la Argentina es una enorme complicación, ya que tiene destinado al país alrededor del 60% de su capacidad prestable. Sin embargo, su condición de acreedor privilegiado, al que no se le pueden plantear quitas en los montos adeudados, hace que su vos sea potente, por caso, en la evaluación sobre la sustentabilidad de la oferta que el Ministerio de Economía les presentará a los bonistas privados a mediados de marzo, en un proceso que, se espera, culmine al final de ese mes.

A la reunión entre Guzmán y Georgieva, le seguirá la llegada de una misión del organismo entre los próximos 12 y el 14. En esos diálogos comenzarán a jugarse las ambiciones y necesidades del Gobierno.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).