La decisión del Banco Central de tratar en su reunión de Directorio de este jueves una batería de medidas para incrementar la regulación del sector de finanzas digitales (fintech) puso en guardia a esas firmas, que temen que la autoridad monetaria ceda a la presión de la banca tradicional y le incremente la carga tributaria.
Los rumores sobre lo que aprobará la autoridad monetaria que conduce Miguel Pesce corren desde hace varios días. Allí se enojan por la filtración, colocan afuera las sospechas sobre su autoría y hasta ponen en duda algunos de sus detalles: “El tema se va a tratar este jueves en la reunión de Directorio, pero todavía estamos trabajando”, se limitan a señalar.
Las fintech apuntan como fuente de las mismas al lobby de los bancos tradicionales. Estos, en tanto, también patean la pelota afuera y se limitan a reiterar su antigua queja sobre un esquema regulatorio, legado por el gobierno de Mauricio Macri, que generó el auge de las finanzas digitales a costa de privilegiarlas desde el punto de vista impositivo. La intriga es tal que el off the record manda ante todas las consultas.
Las versiones, de padre desconocido, apuntan en primer lugar a la prohibición de que empresas transfieran fondos entre las cuentas virtuales uniformes (CVU), propias del ecosistema digital, y la obligación, en cambio, de que el dinero que deseen mover termine en cuentas bancarias tradicionales, denominadas en base a la CBU (Clave Bancaria Uniforme). De esta forma, las personas jurídicas que operan en la banca digital terminarían alcanzadas por el impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuenta Corriente, conocido como “impuesto al cheque”, un ítem relevante para la AFIP. Todo indica que las transferencias entre personas físicas quedarían a salvo de la nueva normativa.
En segundo lugar, el Central se aseguraría de que las firmas de dinero digital cumplan efectivamente con la prohibición de fondear otros negocios financieros con el dinero colocado en las billeteras virtuales de sus clientes.
Todo eso es parte de la agenda que enarbola desde hace años la banca tradicional en su reclamo de igual trato con respecto a un sector que fue la niña de los ojos del Banco Central macrista desde los tiempos de Federico Sturzenegger, bajo el ala de quien fuera su vicepresidente, Lucas Llach, quien lo consideraba un vehículo ideal de modernización e inclusión financiera. Desde entonces se registró un despegue impresionante del ecosistema fintech, compuesto por una variedad de compañías que van desde el comercio digital a los pagos electrónicos, pasando por el otorgamiento de préstamos a individuos y empresas, el manejo de inversiones y otros servicios. Los bancos están convencidos de que lo que reclaman este jueves sale o sale. “Lo que decida va a estar muy cerca de lo que trascendió”, le anticipó a Letra P una fuente del sector tradicional.
Sin embargo, la agenda de este incluye otros ítems. Las fintech no asumen costos que sí tienen los bancos en términos de seguros de depósitos ni encajes. Además, si bien no pueden hacer intermediación financiera (prestar el dinero que los usuarios les colocan a través de las billeteras virtuales), no dan cuenta de si obtienen alguna rentabilidad por esos fondos paralizados. “En algunos casos ofrecen colocar el dinero de las cuentas virtuales en fondos comunes de inversión, y eso está bien, porque el usuario da su aceptación. Pero la nueva conducción del Central se pregunta qué pasa con los fondos sobre los que el usuario no da ninguna autorización específica. Si las fintech dicen que todo eso queda inmovilizado, muy bien, pero tiene que estar regulado y hoy no es así”, añadió la fuente.
El crecimiento de las plataformas financieras digitales ha sido tal que solo el año pasado la cantidad de esas firmas se incrementó en un 63% hasta totalizar 223, de acuerdo con datos de la Cámara Argentina de Fintech. Su nave insignia es Mercado Pago, brazo de Mercado Libre, el unicornio (empresa con una capitalización en bolsa de más de 1.000 millones de dólares) de Marcos Galperín.
En el sector emergente se defienden de la nueva andanada y temen que esta vez la influencia de la banca tradicional cale en la autoridad monetaria.
Alegan que el dinero que los clientes colocan en sus billeteras electrónicas (con CVU) de hecho se deposita en una cuenta bancaria tradicional (con CBU), lo que hace que siempre esté totalmente líquido y disponible para su retiro o uso. En paralelo afirman que las firmas que otorgan créditos se fondean de modo totalmente separado.
Desde noviembre último, “las fintech son agentes de retención de IVA, Ganancias e Ingresos Brutos provinciales. En lo que respecta al ‘impuesto al cheque’ no estamos alcanzadas”, explican. La diferencia con la banca tradicional es que este último gravamen no se aplica a las transferencias entre cuentas con CVU, al revés de lo que ocurre con las tradicionales (CBU), lo que involucraría, según los bancos, $ 12.000 millones que en lugar de ir al fisco quedan en manos de las fintech.
Fuentes del sector digital enfatizan que el carácter electrónico de los movimientos de dinero es, justamente, la mejor garantía de su trazabilidad y transparencia, lo que hace que sea sencillo distinguir los movimientos de dinero entre personas de los que corresponden a operaciones comerciales, ya que se detecta si las ventas que se acreditan en una cuenta superan las 50 por mes o si suman montos superiores a los $ 20.000 en el mismo período.
El sector de finanzas digitales teme, por último, que una eventual prohibición de que las empresas transfieran fondos entre cuentas virtuales (CVU) genere casos de doble imposición, ya que la ley 21.526 de Entidades Financieras haría que la operación se considere como una entre terceros por más que el titular de aquella y la tradicional, con CBU, sea el mismo.
Marcelo Falak 