Alberto Fernández, preso entre la política exterior necesaria y la posible

El golpe de Estado en Bolivia termina de sumarle ruido a la política exterior que diseña Alberto Fernández para superar lo más rápidamente el peligro de default que deja el gobierno de Mauricio Macri. Sin el apoyo de Donald Trump, la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) podría complicarse seriamente y, con eso, la que debe encararse con los acreedores privados, por lo que es necesario encontrar una vía que, si bien mantenga principios ineludibles, permita avanzar en puntos de acuerdo. El problema es que la realidad regional entrega cada día elementos nuevos que dificultan ese propósito.

El presidente electo no se priva de expresar sus posiciones incluso cuando pueden complicarle el futuro, algo que quedó patente en el modo en que reivindicó el carácter injusto del encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva, considerado un insulto por un Jair Bolsonaro que, a raíz de eso, dio rienda suelta a un discurso sorprendentemente agresivo. Además, tiene un factor interno que atender en su alianza, el Frente de Todos, en el que el kirchnerismo puro pesa y mucho. Así, a diferencia de lo hecho por el gobierno saliente, no sorprende que haya sido muy claro respecto del carácter golpista de la salida del poder de Evo Morales, una postura que en el mapa político regional con el que deberá convivir solo le permitirá congeniar con los gobiernos de México y de Uruguay, y esto último si el Frente Amplio logra revertir las previsiones negativas para el ballotage del domingo 24.

Claro, también coincide en la condena con Venezuela y Cuba, pero esos son justamente los gobiernos de los que pretende tomar distancia. La intención, al respecto, era venderle a Trump la idea de que su frustración por la vía muerta a la que llegó Estados Unidos con su apoyo a Juan Guaidó y su apuesta a la salida militar solo podría ser superada a través de las gestiones diplomáticas del Grupo de Contacto Internacional, que propone una salida negociada del poder de Nicolás Maduro y la convocatoria a elecciones verificablemente libres.

El problema es que el caso boliviano, en el que el golpe resultó exitoso, parece volver a trazar la hoja de ruta para una salida de línea dura. Así, la posición oficial de Washington ha sido remitirse a las acciones de la Organización de Estados Americanos (OEA), un cuerpo que controla en buena medida.

La OEA había avanzado hasta pocas horas antes del golpe hasta el punto de constatar irregularidades graves en el escrutinio de las elecciones bolivianas del 20 de octubre y de pedir su repetición y el reemplazo de los vocales de la Justicia electoral de Bolivia, pero no así la salida de Morales. Sin embargo, con la asonada perpetrada, no la condenó, no la llamó “golpe”, salió a reclamar una “salida institucional” a través de La Asamblea Legislativa y hasta pareció sustanciar la posibilidad de una persecución judicial contra el expresidente al hablar de la importancia de que se investiguen las responsabilidades de los funcionarios vinculados a la organización de los comicios fallidos.

Así, y si se tienen en cuenta además posiciones como los del gobierno argentino y, más aún, la de un Bolsonaro que celebró en Twitter que el domingo fue “un gran día”, el golpe queda no solo consumado sino además legitimado.

Bolivia y la secuela de que los halcones de la política regional, en Washington y fuera de allí, consideren que su ejemplo es aplicable a Venezuela no son las únicas acechanzas sobre los planes moderados de Fernández. También lo es la situación procesal del propio Lula da Silva, cuya liberación podría peligrar si el Congreso concreta sus planes de modificar el marco legal.

¿Cómo lo haría? Modificando el artículo 183 del Código Procesal Penal, que establece que, a falta de mérito para la prisión preventiva, las penas de cárcel solo pueden ejecutarse cuando exista sentencia firme. Se trata del texto que fue considerado constitucional por el Supremo Tribunal Federal el último jueves, cuya alteración ya preparan en el Senado. Pero si no alcanzara con eso, podrían ir vía enmienda contra el artículo 5° inciso LVII de la propia Constitución, que establece la presunción de inocencia mientras existan apelaciones posibles. Lo primero violaría el principio de “ley más benigna” y la propia Carta Magna, ya que implicaría la posibilidad de que entren en prisión personas aún “no culpables”; lo segundo, un principio del Derecho liberal occidental que algunos juristas consideran una cláusula pétrea. En cualquier caso, Brasil enfrentaría convulsiones todavía mayores y la posición del futuro gobierno argentino se haría más compleja.

La reunión del fin de semana del Grupo de Puebla en Buenos Aires, mostró a Fernández tratando de articular posiciones con el progresismo regional, pero, a la vez, su soledad como gobernante (desde el 10 de diciembre) en un foro lleno de “sin tierras”: Dilma Rousseff, José Mujica, Ernesto Samper, Fernando Lugo. Y ahora Evo Morales, claro. ¿El 24-N se sumará a la lista de los ex el Frente Amplio Uruguayo como un todo?

A Fernández lo espera un tiempo de soledad política en la región, lo que se suma al recobrado brío de los que proponen salidas extremas para Venezuela. El camino que va de sus principios a las necesidades se hace cada vez más estrecho.

(Nota publicada en Letra P).