Bolsonaro, la Amazonia y la acumulación originaria. El huevo de la serpiente

Hablar de la emergencia ambiental en la Amazonia implica introducirse en los pliegues del proceso político brasileño encarnado por Jair Bolsonaro, en el patrón económico que pretende inaugurar, en la restauración del poder militar que representa, en su faccionalismo y en sus contradicciones ideológicas. Asimismo, y acaso más importante, en un debate tan denso como la vegetación de esa región misteriosa sobre el carácter de lo nacional en la actual fase del capitalismo global y, dentro de esto último, en el roce que se produce entre las recetas que se dan las naciones rezagadas en el camino al desarrollo y las que ya han superado con creces ese umbral. En el medio, en tanto, como pegamento entre esas dimensiones distantes, estalla la realidad de una forma brutalmente predatoria de acumulación originaria en una zona clave para el, a esta altura precario, equilibrio climático del planeta.

Las quemas de territorio selvático están lejos de constituir una innovación del bolsonarismo, aunque llama la atención el crecimiento que han experimentado desde el que el excapitán del Ejército hubo asumido el poder el último 1 de enero. De acuerdo con datos del oficial Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE), entre enero y agosto de este año 6.404 kilómetros cuadrados de selva resultaron deforestadas a través de ese mecanismo, un 92 % por encima del área afectada en el mismo período de 2018.

En ese sentido, julio y agosto resultaron especialmente alarmantes, con un incremento de las áreas incendiadas del 278  y el 222 % interanuales, respectivamente.

Una cuestión de naturaleza. Es difícil exagerar la importancia y grandiosidad de la Amazonia y es conveniente escapar a los clichés extremos, que o bien la consideran una zona que debe ser mantenida como un museo natural intangible o bien pretenden destruirla en pos de la explotación de las riquezas que se sabe y que se intuye que alberga.

Nos referimos a un espacio de más de 5 millones de kilómetros cuadrados, más del doble que toda la Argentina. Se extiende por nueve países sudamericanos, pero dos tercios de ella están dentro del territorio de Brasil, del que dan cuenta en más de un 50 % y donde abarcan ocho estados.

Su biodiversidad es impactante, al punto que el 15 % de las especies animales y vegetales del planeta se encuentra allí y que resta por descubrirse un 85 % de las que habitan en sus profundidades.

Sin ella, la conversión del dióxido de carbono en oxígeno que la Tierra necesita para respirar perdería su principal pulmón y la desaparición del vapor de agua que genera afectaría dramáticamente el régimen de lluvias en buena parte del mundo. Desde los años 70, la deforestación a alcanzado a un 20 % de su territorio y se considera que el 40 % sería un punto de no retorno en términos del equilibrio climático global. Por eso suenan hoy todas las alarmas.

Lo anterior justifica que el mundo le pida a Brasil garantías sobre su preservación, pero no así el oportunismo de quienes pretenden internacionalizar lo que tiene dueño.

La riqueza amazónica, literalmente incalculable, en oro y minerales diversos, maderas, tierras fértiles para la agricultura y la ganadería, agua dulce y casi todo lo que se pueda imaginar la convierte en objeto de codicia y disputas que van de lo interpersonal a lo interestatal.

Un gobierno, tres facciones y un Estado en retirada. Como en tantos otros aspectos, la administración de Bolsonaro resulta controvertida cuando de la Amazonia se trata. El drama ambiental que aqueja a esa región es una síntesis de las contradicciones que cruzan la alianza política que lo sostiene, que, para simplificar, describiremos como asentada en tres patas.

Uno es el ideológico, nutrido en lo programático por el ensayista de ultraderecha Olavo de Carvalho y que se encarna en el clan Bolsonaro (el presidente y sus hijos influyentes) y en el canciller Ernesto Araújo. Este último, un admirador de Donald Trump que hasta su nombramiento no era más que una rareza irrelevante dentro de Itamaraty, gusta de crear neologismos como “globalismo” (según él, la forma de la globalización anticristiana y antihumana moldeada por el marxismo cultural) y “climatismo” (caricatura ideológica a la que reduce el cúmulo de pruebas científicas sobre el cambio climático).

La alusión a esos neologismos permite darle un toque de humor al texto, pero más importante, pensar en la funcionalidad de ese nacionalismo agresivo con el interés de la segunda de las alas del bolsonarismo: la militar.

Esta, representada de modo casi excluyente por el Ejército, buscó y encontró en Bolsonaro la restauración de un rol político que había perdido desde la restauración democrática, saudade que se hizo llaga ardiente en los años de predominio del Partido de los Trabajadores. El arma llenó de personal propio el elenco de gobierno y hasta instaló su cabecera de playa en la vicepresidencia, pero su contenido ideológico ya no es el que era: no rivaliza sino que coopera con unos Estados Unidos ubicados tan a la derecha como Brasil y abjura de su viejo desarrollismo para abrazarse al liberalismo económico. Esa evolución, sin embargo, tiene límites: el nacionalismo, si se diluye demasiado, pierde su razón de ser, mientras que, de la mano de eso, la pretensión de control estatal de actividades estratégicas como la producción de petróleo, la distribución de energía y otras acotan su actual aceptación del laissez faire.

El sector militar convive así, aunque no sin roces, con la tercera pata del bolsonarismo: la económica y ultraliberal, que representa la visión más dura del mercado financiero globalizado y que articula el ministro de Economía, Paulo Guedes.

En medio de la vocación del Ejército de asegurar para Brasil tanto la soberanía como las riquezas potenciales de la Amazonia y el modelo económico ultraliberal y aperturista anida el huevo de la serpiente de la crisis amazónica: si el Estado no es más que ocupación militar y se retira a tambor batiente de todo lo que hace a regulación de sus instituciones civiles, encargadas, justamente, de ponerle cierto orden a la explotación capitalista de la selva, lo que queda es un proceso caótico de acumulación originaria, expresado en quemas, deforestación y apropiación privada ilegal que, si bien no nació con Bolsonaro, tomó con este un ritmo vertiginoso.

El esfuerzo de dejar hacer, dejar pasar. El episodio más vistoso de los designios de Bolsonaro sobre la Amazonia se produjo a principios de agosto, cuando destituyó al entonces titular del INPE, Ricardo Galvão, simplemente porque no le gustó que ese organismo alertara sobre la multiplicación preocupante de los focos de incendio. “Sensacionalista”, agente de la “psicosis ambiental” y, lo más tremendo en la jerga del actual poder brasileño, hombre “al servicio de alguna ONG”, le disparó el presidente. “Las acusaciones indebidas contra personas del más alto nivel de la ciencia brasileña son una broma propia de un chico de catorce años, incompatible con un presidente de la República”, le devolvió el físico de 71. Dicho lo cual, tomó sus cosas y se fue.

Sin embargo, lo del jefe de Estado, más que arrebato, ha sido modus operandi. Desde la campaña que lo llevó al poder nunca dejó de incitar contra las reservas indígenas (ubicadas en la Amazonia en su mayor proporción) e incluso contra su población, amenazó con retirar a Brasil del acuerdo de París sobre cambio climático, se quejó de las multas que se imponían a quienes vulneraban los límites legales de deforestación con fines agrícolas y se refirió a la Amazonia eminentemente como una zona de explotación económica.

Uno de sus primeros actos como presidente fue la cancelación de una reunión de Naciones Unidas sobre clima que debía tener como sede, justamente, a Brasil. Alegó falta de presupuesto.

Asimismo, transfirió la responsabilidad de certificar los territorios reservados a poblaciones indígenas al Ministerio de Agricultura, en lo que supuso toda una declaración de principios.

Nombró al mencionado Araújo para dar la batalla internacional en nombre del olavismo y, en una nueva versión latinoamericana de lo que Philippe C. Schmitter (1) llamó “gobierno de interés privado”, entregó el Ministerio de Medio Ambiente a un hombre impulsado por el lobby agrícola, Ricardo Salles.

Con la venia presidencial, de acuerdo con el diario Folha de S. Paulo (2), Salles echó a 21 de los 27 superintendentes regionales del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Renovables (Ibama); revisó a la baja multas ya aplicadas por ese organismo y redujo las nuevas en alrededor de un 30 % (no precisamente porque hayan caído en esa proporción las violaciones a la ley); desactivó de facto el Grupo Especializado de Fiscalización (GEF) del Ibama y presionó a funcionarios para que se retiraran. Mientras, el propio Bolsonaro desautorizó las acciones del Ibama contra madederos ilegales y “premió” el hecho de que un grupo de estos quemara un camión cisterna del instituto, con el envío de Salles a darles un discurso durante el que fue vivado.

El listado está lejos de agotar la “obra”, mucho más detallada en un reciente informe de Human Rights Watch (3), que, entre otras cosas, añade la morosidad judicial para investigar los actos violentos e intimidatorios, que llegan al asesinato, de los ejércitos privados de los madereros ilegales.

Cabe destacar que la acción de esos madereros suele ser el inicio del ciclo de depredación, ya que “libera” terrenos que luego son apropiados, de modo igualmente ilegal, para la agricultura y la ganadería. Mientras que el 5 % de la soja brasileña ya es amazónica, la ganadería es la actividad más beneficiada y la región da cuenta de más de un tercio de la producción nacional de carne de buey: el clima cálido y la abundancia de lluvias renuevan velozmente las pasturas, permitiendo que los animales alcancen más tempranamente el porte que permite su faena.

En paralelo, el presupuesto del Ibama para operación y gastos discrecionales, fundamentales en emergencias como la actual, se recortó un 24 %, esto ya en nombre de la austeridad impuesta por Guedes. Otras partidas fundamentales para el cuidado ambiental fueron asimismo reducidas entre el 40 y el 90 %.

¿Y dónde está el Estado? Si la ocupación ilegal medra debido a la retirada de las entidades civiles de control, si superar el límite del 20 % de deforestación en los terrenos legales sale gratis debido a la ausencia de multas y si quemar y tomar resulta más expeditivo que comprar legalmente (con créditos subsidiados) tierras de por sí baratas, ¿qué queda del Estado en la Amazonia brasileña? Apenas el Ejército.

Incluso por encima de la porosa y extensa frontera de más de 16.000 kilómetros (en Sudamérica, Brasil solo carece de límite con Chile) y del litoral atlántico rico en recursos ictícolas y, sobre todo, petroleros (convencionales y de la cuenca presal), la Amazonia es la gran hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas.

La idea es de larga data y se ha adaptado a los diferentes modelos económicos aplicados en el país, desde el desarrollismo de la dictadura hasta el distribucionismo del Partido de los Trabajadores, pasando por las diversas etapas liberales.

La vocación amazónica del Ejército brasileño está plasmada en el programa Calha Norte (Canal Norte), aprobado en 1985 bajo la presidencia de José Sarney para “promover la ocupación y el desarrollo ordenado y sustentable” de la región (4). Esa vocación, en tanto, se reforzó como doctrina en la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva con la Política Nacional de Defensa (PND) de 2005, que centra en la Amazonia buena parte de sus directrices generales, y en la Estrategia Nacional de Defensa (END) de 2008, que convierte a aquellas en planificación detallada con participación de la sociedad (5).

La página web del Calha Norte explica que el programa “desde 1999 está bajo la coordinación del Ministerio de Defensa” y que “abarca a 379 municipios, distribuidos en ocho estados: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia y Roraima”. “En total, son casi nueve millones de brasileños los beneficiados, incluyendo el  46 % de la población indígena en un área que corresponde al 44 % del territorio nacional”, añade.

“La vertiente civil del programa actúa en la promoción del desarrollo regional, con la construcción de caminos, escuelas, hospitales, puertos y la implantación de red eléctrica urbana y rural, entre otras cosas. La vertiente militar desempeña acciones en pro del desarrollo sustentable de la región con la adecuación de las embarcaciones y el ajuste de las unidades militares y de infraestructura de los pelotones especiales de frontera”, explica.

Bolsonaro le dio a su ala militar un presupuesto de defensa equivalente a unos 35.000 millones de dólares, del cual el 98 % se destina al programa Calha Norte, algo elocuente acerca de cuáles son las prioridades.

Esa preferencia no necesariamente es contradictoria con la retirada civil del Estado; al contrario, se refuerza. Más cuando la crisis ambiental lleva a un país central como Francia, que tiene un interés regional a través de la Guayana, uno de sus territorios de ultramar, a sugerir formas de internacionalización de la Amazonia que resultan peligrosas y ofensivas a los ojos del gobierno, la sociedad y las propias Fuerzas Armadas de Brasil.

Lo curioso, sin embargo, es que el despliegue de las fuerzas productivas que busca  el ala económica del bolsonarismo adopte formas predemocráticas, como lo demuestra el tenor de la reforma laboral, de fuerte pérdida de derechos para los trabajadores, y la generalización de la tercerización a todas las áreas, incluso las centrales, de las empresas.

El liberalismo brasileño actual, de vocación predemocrática, como acabamos de señalar, atrasa en términos internacionales y choca con el de los países centrales que admira, al punto de poner en riesgo la materialización del libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, justamente por cuestión climática (o por el excelente pretexto que esta puede suponer).

La economía global, al menos en sus segmentos más dinámicos tiende cada vez más a la responsabilidad con el medio ambiente, como lo atestiguan algunos hechos recientes: la Business Roundtable (6), flor y nata del capitalismo estadounidense, puso recientemente aquella, junto a otras cuestiones, como uno de los objetivos que deben convivir con la búsqueda de ganancias; el compromiso de Amazon con la emisión cero de gases de efecto invernadero en 2040, diez años antes de lo establecido hasta ahora; y el llamamiento de 230 fondos de inversión, que administran 16 billones de dólares, para que Brasil proteja a la Amazonia, entre muchos otros.

Bolsonaro, por ahora, retira al Estado de esa región y deja como única presencia de este a una fuerza de ocupación. Mientras, en una suerte de brutal acumulación originaria en pleno siglo XXI, las bandas de madereros, agricultores y ganaderos ilegales imponen su ley a sangre y fuego, apropiándose de jirones de un patrimonio natural irrecuperable.

Como decía Karl Marx en el capítulo XXIV de , este “viene al mundo chorreando sangre y lodo por todos sus poros”.

(Nota publicada en Le Monde Diplomatique).

 

Foto: Incendios en Santo Antônio de Matupi, Amazonas, 27-8-19 (Gabriela Bilo/Estadao Conteudo/AFP)

 

1 “Neocorporatismo y Estado”, en Reis: Revista española de investigaciones sociológicas, ISSN 0210-5233, nº 31, 1985 , pág. 63.

2 Disponible en <https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2019/08/decisoes-da-gestao-bolsonaro-fragilizam-controle-ambiental.shtml&gt;

3 Disponible en <https://www.hrw.org/report/2019/09/17/rainforest-mafias/how-violence-and-impunity-fuel-deforestation-brazils-amazon&gt;

4 Disponible en <https://www.defesa.gov.br/programas-sociais/programa-calha-norte&gt;

5 Marcelo Massetti Pereira, “Las Fuerzas Armadas Brasileñas en la Amazonia: defensa, integración y desarrollo, Visión Conjunta, número 12, págs, 32 a 35. Disponible en <http://www.cefadigital.edu.ar/bitstream/123456789/224/1/VC%2012-2015%20MASSETTI%20PEREIRA.pdf&gt;

6 Disponible en <https://www.businessroundtable.org/business-roundtable-redefines-the-purpose-of-a-corporation-to-promote-an-economy-that-serves-all-americans&gt;