El fugaz arresto del jefe del parlamento sugiere divisiones en el chavismo

El breve arresto del presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral) de Venezuela, Juan Guaidó, disparó el domingo una serie de versiones sobre la posible existencia de una fractura en el gobierno de Nicolás Maduro.

Guaidó, respaldado por buena parte de la comunidad internacional, desconoció la jura de Maduro para un segundo mandato hasta 2025 por considerar ilegítima su elección y se proclamó presidente de Venezuela, lo que inmediatamente lo puso en la mira de las fuerzas de seguridad del chavismo. Así, el domingo, cuando viajaba para encabezar un “cabildo abierto” opositor en Caraballeda, estado Vargas, fue interceptado en la autopista Caracas-La Guaira por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

Lo curioso es que su arresto, calificado como un secuestro por su entorno y por su partido, Voluntad Popular (el del encarcelado Leopoldo López), duró pocos minutos. En ese lapso, se difundió y viralizó el video del episodio, captado por un automovilista, que muestra cómo agentes encapuchados y con armas bajan de dos vehículos que le cierran el paso al de Guaidó y se lo llevan a la fuerza.

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En medio de un inmediato escándalo nacional e internacional, poco después se anunció que el joven diputado había sido liberado y que pudo retomar su camino al acto opositor.

“Me secuestraron, estuvimos en un carro, me pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela. Trataron de ponerme unas esposas, no lo permití porque soy el presidente de la AN, porque represento a un poder legítimo”, dijo luego Guaidó.

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Las versiones sobre desacuerdos en la cúpula chavista se hicieron fuertes cuando el ministro para la Comunicación y la Información, Jorge Rodríguez, salió a aclarar que “un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, realizaron un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó”. “Esos funcionarios que se prestaron a este hecho contra el normal desenvolvimiento de la vida en la República están en este momento siendo destituidos y sometidos al procedimiento disciplinario más estricto”, añadió el mismo domingo.

En tanto, para sumar elementos, Elías Jaua, ex ministro de Educación y uno de los hombres más notorios del régimen, arengó a los suyos al indicar que “el golpismo” que atribuye a la oposición “no debe provocar un desenfreno autoritario que contribuya al incremento de la agresión extranjera”.

Frente a esas posiciones oficialistas, Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional, explicó el caso refleja “un conflicto en torno a la conducción de la crisis”, aunque eso no debe ser entendido como “ruptura ni desplome“.

Rocío San Miguel, titular de la organización venezolana Control Ciudadano.

La especialista, opositora al chavismo, le dijo a Letra P desde Caracas que cuenta con información según la cual la orden de la detención partió del propio gobierno, pero que no siguió los canales correspondientes dentro del Sebin. A continuación, el diálogo que mantuvo con este medio.

-Parece advertirse en lo que ocurrió con Juan Guaidó una marcha y contramarcha del chavismo. ¿Cómo interpreta el episodio?

-El proceso de toma de decisiones sobre las actuaciones de los órganos de inteligencia da cuenta de la profunda crisis que existe en el poder. Hay información de que la orden fue dada por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la Republica, directamente al director de Contrainteligencia del Sebin, general (de la Guardia Nacional Bolivariana) Ramón Balza Liota. Por lo tanto no fue una acción inconsulta. Pero lo interesante es que esa orden no fue dada directamente al director (general de división Manuel Ricardo Cristopher Figuera).

-¿Entonces hubo una contraorden para arrestarlo o una desobediencia de los agentes?

-Ninguna de las dos cosas. Fue una orden de Miraflores (palacio presidencial), nuevamente con injerencia cubana. Y, más tarde, un “control de daños”, sacrificando, supuestamente, a comisarios en un país en el que no hay garantías que serán procesados o privados de libertad pues no existe transparencia, rendición de cuentas ni independencia de los poderes públicos. Lo que vimos es una decisión errática con consecuencias erráticas. Seguiremos viendo decisiones de ese tipo.

-¿Hasta qué punto este caso ilustra una fractura en el régimen?

-Lo que hay es un conflicto en torno a la conducción de la crisis, que es un signo de enormes riesgos e inestabilidad del sistema. Pero eso solo significa conflicto, no ruptura ni desplome.

(Nota publicada en Letra P).

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