La Procuración de Brasil cruza a Bolsonaro por su plan para legalizar el gatillo fácil

Más de la mitad del electorado de Brasil votará, con toda probabilidad, el domingo 28 por Jair Bolsonaro, minimizando sus demasías y sus promesas reñidas con la Constitución. “Son cosas que se dicen; el sistema ya lo va a moderar”, es la respuesta, indulgente, que suele escucharse allí cuando se pregunta por la cuestión. Sin embargo, como parte de un proceso de mutua adecuación o como indicio de los conflictos que se vienen, el ultraderechista ya protagoniza su primer encontronazo serio con la Procuración General de la República, que se opondrá a sus intentos de consagrar por ley el gatillo fácil de las fuerzas de seguridad y de recortar su autonomía.

Ya en agosto, el ex capitán del Ejército y diputado había dicho que «si un policía mata a diez, quince o veinte (bandidos) con diez o con treinta tiros a cada uno, debería ser condecorado y no procesado».

El problema es que eso no fue solo una bravata sino el espíritu de un proyecto de ley que ya tiene presentado en la cámara baja y que promete imponer si llega al palacio del Planalto. El mismo establece que en esos casos se aplique automáticamente el principio de legítima defensa, sin que se abra ninguna investigación sobre el contexto del homicidio, salvo en situaciones en las que esta esté ausente de modo flagrante.

Además de ese, otros dos proyectos, uno del propio Bolsonaro y otro de su hijo diputado, Eduardo, apuntan también a quitar responsabilidades a los efectivos que maten a sospechosos en un país estragado por el delito. El tema fue planteado una y otra vez por el propio ex militar en la campaña para la primera vuelta del domingo 7 y ayudó en sus campañas a varios de los 52 diputados y cuatro senadores del Partido Social Liberal (PSL) elegidos ese día.

Quien ya le salió al cruce fue la subprocuradora general de la República, Luiza Frischeisen, que señaló, en declaraciones recogidas por el diario carioca O Globo, que “cualquiera puede decir que eso es legítima defensa, pero para comprobarlo es necesario investigar”.

“Estamos en contra. La ‘exclusión de ilícito’ ya existe, pero depende de las pruebas”, añadió la fiscal, quien duda, además, de que una norma semejante vaya en beneficio de los policías militares (estaduales) a quienes se les pretende desatar las manos. “Con una investigación se puede llegar a la conclusión de que hubo legítima defensa. Lo contrario genera desconfianza y falta de apoyo de las comunidades a los policías”, añadió según O Globo.

En su visita del último lunes al Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) de la PM de Río de Janeiro, el candidato volvió a insistir en la cuestión, prometiendo condecoraciones en lugar de investigaciones por homicidio y hasta proponiendo incluso extender esa “exclusión de ilícito” a “todos los ciudadanos de bien”. Del gatillo fácil, entonces, Bolsonaro deriva hacia las ejecuciones por mano propia.

Los abusos policiales son motivo de alarma en Brasil. De acuerdo con un estudio del Monitor da Violência (creado por el portal G1, del grupo Globo; el Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de São Paulo, y el Fórum Brasileño de Seguridad Pública), en 2017 se registraron en todo el país 5.012 muertes a manos de efectivos policiales, un incremento del 18,7% con respecto al año previo. En tanto, 385 efectivos fueron asesinados, un 15% menos que en 2016.

La pelea entre Bolsonaro y la PGR, una de las instituciones clave, entre otras cosas, en la operación Lava Jato contra la corrupción, se da en el marco de una fuerte puja de competencias en ciernes.

Tradicionalmente, los fiscales federales de Brasil votan por quien quieren que se convierta en el procurador general. De esa elección surge una terna que se eleva a consideración del presidente de la República.

Los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff asumieron el compromiso de seleccionar al más votado de la terna, un gesto republicano que dio fuerte independencia al Ministerio Público y que explica, en parte, el avance de las investigaciones por corrupción que terminaron acorralando a la segunda.

Nada de eso regirá con Bolsonaro, según prometió.

Según declaró el presidenciable de la derecha dura, ignorará no solo al fiscal más votado por sus pares sino a la propia terna en caso de que le parezca que en ella hay funcionarios vinculados a la izquierda.

“El criterio (…) es alguien que esté libre de un cariz ideológico de izquierda, que no haya hecho carrera con eso. Que no sea un activista pasado”, indicó en el influyente Jornal Nacional de la Globo.

Bolsonaro aclaró que no pondrá en el cargo a un hombre proveniente del Ministerio Público Militar, como se filtró, pero sí a alguien “que tenga realmente una visión macro y que respete la Constitución y a los parlamentarios que tienen inmunidad por sus opiniones, palabras y votos”.

Cuando se le hizo notar que lo dicho podría llevar a un peligro de alineamiento con sus posturas como eventual presidente, el candidato aclaró. “Puede ser que me haya expresado mal. No queremos a la izquierda. Que (el procurador general) sea de centro. No quiero a alguien subordinado a mí, como tuvieron en el pasado a la figura del ‘encajonador general de la Nación’, sino a alguien que piense en grande, que piense en su país. No podemos correr el riesgo de alguien que complique a la nación”.

En la Procuración, parece, no se quedaron tranquilos y ya escriben el primer capítulo del choque de Bolsonaro con el sistema institucional brasileño.

(Nota publicada en Letra P).