PPP: los riesgos de un sistema que llevó a Turquía a la crisis

El Gobierno salió este lunes a salvar una de sus pocas cartas económicas para encarar el 2019 electoral: el programa de Participación Público-Privado. Lo hizo a través de la creación de un fideicomiso que pretende suplir la extrema dificultad de las empresas adjudicadas para conseguir el financiamiento prometido, aunque a riesgo de toparse con la resistencia menos esperada: la del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El fideicomiso en cuestión será administrado por el Banco de Inversiones y Comercio Exterior (BICE), lo que marca el regreso a las grandes ligas, tras un breve ostracismo, del titular de esa entidad y amigo de Mauricio Macri, el ex ministro de Producción Francisco “Pancho” Cabrera.

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, fue el encargado de anunciar el salvataje, un intento de que las obras de los seis corredores viales adjudicadas efectivamente comiencen hacia fines de octubre, como estaba previsto. Con eso, el Gobierno pretende asegurarse la puesta en marcha de obras que, en el primer año de ejecución, esto es, a lo largo del 2019 electoral, involucren una inyección de 1.200 millones de dólares a la construcción, una actividad clave por su efecto multiplicador en materia de actividad y empleo. La cifra, equivalente a unos $38.000 millones, permitiría compensar los recortes a la obra pública tradicional impuestos por el acuerdo en curso con el Fondo.

La explicación oficial para su decisión omite, claro, el interés electoral y, por el contrario, enfatiza el peso del escándalo de los cuadernos, en los que aparecen mencionadas varias empresas adjudicatarias. Según ese argumento, este caso complica el acceso de éstas a las líneas de crédito necesarias para emprender las obras y el Gobierno se ve obligado a evitar la reiteración de lo que ocurrió en Brasil a raíz de las revelaciones de la operación Lava Jato, que contribuyeron a una severa recesión de dos años.

ESCUDO. El fideicomiso opera como una barrera protectora entre los bancos y las constructoras y se erige, al modo en que ocurre en cualquier emprendimiento privado de construcción desde el pozo, en un virtual contratante de empresas a las que encarga los trabajos. Si éstas no cumplen en tiempo y forma con los avances requeridos, el fideicomiso puede, en teoría, reemplazarlas sin comprometer todos los fondos previstos.

Si bien es cierto que hay resistencia de grandes bancos internacionales a prestarles a empresas que, en el mediano plazo, pueden verse sometidas a denuncias, fuertes multas, pérdidas de contratos y hasta problemas de solvencia, la realidad es que el problema para financiar los PPP es muy anterior a esta coyuntura. Después de que se anunciaran las adjudicaciones de los corredores viales, las compañías ya advertían que el riesgo país, entonces en 450 puntos básicos, les cerraba los mercados crediticios. La historia es conocida: ese indicador trepa hoy a prohibitivos 700 puntos.

Con todo, compelido por sus necesidades, el Gobierno avanzó con el programa y logró que las compañías dieran el primer paso al formalizar el proceso a través de la entrega de garantías. Después de eso, tienen seis meses, renovables por otros seis, para presentar el financiamiento que deben conseguir en bancos internacionales, un imposible en la actualidad.

En este punto entra el nuevo fideicomiso. Sin financiamiento privado, naturalmente, el que hace punta, como siempre, es el Estado, en esta ocasión a través del Banco Nación, que, según anunció este lunes su titular, Javier González Fraga, prestará “entre 200 y 300 millones de dólares en condiciones de mercado”. La idea es que, detrás del principal banco del sistema, se arrimen luego las entidades privadas.

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INTERROGANTES. “A esta altura, surgen algunas dudas. Una es si tiene sentido que el Gobierno asuma la constitución del fideicomiso cuando no sabemos los riesgos potenciales asociados a la solvencia de las empresas que lo compondrán”, le dijo Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, a Letra P.

Más allá de las compañías extranjeras involucradas y de algunas nacionales de escala importante, varias concesionarias son empresas medianas, que no cuentan con gran capital propio. Eso, a priori, incrementa los riesgos.

Además, se supone que la ventaja del sistema PPP es que las firmas constructoras liberan al Estado de la carga de conseguir el financiamiento, pero en las actuales condiciones ése ya no es el caso.

“Que no haya que comprometer recursos fiscales actuales (para la realización de las obras) quedaría ahora comprometido por la asunción, por parte del Gobierno, de un riesgo potencial de proporciones no posibles de estimar aún. Este riesgo se exacerba por la casi segura participación de bancos públicos en el esquema de financiamiento”, añadió Reija.

La esencia del modelo de negocios de participación público-privada implica que, a cambio del avance de las obras, el Estado entrega a las compañías títulos de deuda que son la garantía de repago de las mismas. La rentabilidad de las constructoras, entonces, terminará pasando, a futuro, por peajes o explotaciones de las obras efectuadas y por pagos a cuenta del Estado. El PPP es, en el fondo, (más) deuda pública por otros medios. ¿Cuál será la opinión del FMI sobre eso?

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EN LA NEBLINA. “Sabemos que ese organismo ya ha realizado una advertencia en el sentido de que los esquemas de obras financiadas por PPP son deuda encubierta, ya que el monto de su costo se computa en ejercicios futuros”, siguió Reija. “Además, esa deuda encubierta podría ser mucho más alta ahora, ya que existiría un pasivo contingente que todavía no puede ser medido”, añadió el hombre de Mecronomic en referencia a los motivos que encarecen el financiamiento.

En su revisión de la economía de Turquía bajo el artículo IV, aprobada en marzo por su directorio, el FMI advirtió sobre “los pasivos contingentes derivados de una aún elevada actividad de asociaciones público-privadas (PPP) y de una expansión de las garantías crediticias estatales”. Las alusiones a ese esquema, mezcladas con advertencias, son continuas a lo largo del documento.

La turca es, junto con la argentina, la economía más vulnerable entre las emergentes y arrancó la semana con nuevos traspiés de su moneda, la lira.

“La política monetaria parece demasiado laxa y su credibilidad es baja; y la política fiscal (incluyendo los esquemas de garantía y las actividades PPP) es expansiva y pone en riesgo la credibilidad fiscal duramente ganada por Turquía”, señaló el Fondo. “La actividad PPP debe ser manejada y monitoreada cuidadosamente y las garantías crediticias del Estado deben ser reducidas gradualmente y limitarse a casos claros de falencias del mercado”, siguió.

Según el organismo, la deuda pública de Turquía se incrementó ligeramente a un todavía bajo 28,5% del PBI, con ratios de refinanciación superiores al 100%. Sin embargo, los pasivos contingentes se incrementaron rápidamente debido a una todavía elevada actividad de asociaciones público-privadas (PPP) y a una extensión de las garantías crediticias estatales”.

El monto total del primer plan nacional de PPP asciende a 6.000 millones de dólares, pero la idea oficial es generalizarlo en los próximos años. La Argentina va así contra la corriente internacional.

Más allá del ejemplo turco, en el que contribuyó decisivamente a su crisis económica actual, hay que consignar los inconvenientes del esquema constatados en países tan diversos como Colombia, el Reino Unido y España, entre otros. De hecho, la Corte Europea de Auditores dijo en marzo último que fue necesario destinar 1.500 millones de euros extras para culminar cinco autopistas en Grecia y España.

CUESTIÓN DE EFICIENCIA. “El problema del financiamiento existía en forma previa al escándalo de corrupción y estaba relacionado con el nivel de las tasas de interés doméstica y el creciente riesgo país. Esto hacía que se calculara que el precio final de las obras realizadas por el sistema de PPP estuviera entre tres y cuatro veces por sobre el costo tradicional”, explicó Reija, poniendo el dedo en la llaga de otro elemento fuerte: el costo final de las obras.

Si cuando el problema era el riesgo argentino de 450 puntos básicos se consideraba que los fondos para las obras PPP podían obtenerse a tasas (elevadas) del orden del 10% anual, preocupa entonces cuál será el saldo financiero del esquema en las actuales condiciones.

“En definitiva, el Gobierno se encuentra en un trade off entre asegurar el inicio de las obras en octubre, manteniendo un nivel de obra pública que permita que no se profundice la caída de la actividad, o minimizar el riesgo sin comprometerse en el esquema de financiamiento de las empresas ganadoras de las licitaciones por los corredores viales”, señaló Reija.

FUTURO. La idea de los PPP se la vendieron al Presidente el ministro Dietrich y uno de los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui. Otros funcionarios, sobre todo los del ala política de Cambiemos, fueron desde el principio mucho más cautos al respecto y en las actuales condiciones lo son mucho más.

Con posibilidades limitadas de cebar la obra pública con gasto corriente, FMI mediante, las chances de una recuperación del nivel de actividad económica quedan limitadas al punto o punto y medio que el campo pueda aportarle al PBI… si no llueve demasiado ni demasiado poco.

Los programas PPP aparecen, entonces como la carta más importante que el Gobierno puede jugar para reeditar, de algún modo, las condiciones que le hicieron posible la resurrección política, justo a tiempo, antes de las legislativas del año pasado.

Así las cosas, ¿el mercado dará su visto bueno al nuevo fideicomiso, la tabla de salvación de su proyecto estrella?

(Nota publicada en Letra P).

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