Cuadernos K: un Gran Hermano con guion escrito en Brasil

Un hecho inicial aparentemente fortuito. Una investigación que queda en manos de un “juez de ataque”, personalmente motivado. Una trama densa y de larga data de políticos y empresarios corruptos. Aplicación por primera vez, al menos de un modo masivo, de la figura del “imputado colaborador”, o “arrepentido” en la jerga popular. Filtración estratégica de esas confesiones a la prensa. Alta publicidad de allanamientos, detenciones y procedimientos judiciales convertidos casi en un reality show cotidiano y destinado a conquistar el respaldo de la opinión pública. Un contexto general de crisis económica y de descrédito del sistema político. El escándalo de los cuadernos de la corrupción kirchnerista sigue un guion al estilo Gran Hermano cuidadosamente escrito en Brasil, en el que nada queda librado al azar.

Decir esto no implica, de ningún modo, subestimar los hechos de corrupción que se están destapando ni diluir la responsabilidad de sus perpetradores, tanto políticos como empresariales. Tampoco dejar de celebrar que ciertas verdades salgan a la luz de una buena vez. Sí, en cambio, encontrar una lógica en la actuación de magistrados, medios de comunicación y otros factores de poder, quienes siguen un camino ya transitado no una sino dos veces con éxito judicial y con consecuencias políticas sísmicas.

La operación Lava Jato (lavado a chorro, de modo literal, pero en verdad el nombre que reciben en ese país los lavaderos de autos) no fue producto de la causalidad sino de un plan cuidadosamente pergeñado desde una década antes de su inicio. En efecto, si la misma comenzó formalmente en marzo de 2014, un texto publicado en 2004 la anticipó en sus detalles.

Se trata del artículo “Considerações sobre a operação Mani Pulite”, publicado en la Revista del Centro de Estudos Judiciários (n° 26, julio-septiembre de 2004), y firmado por Sérgio Fernando Moro, el juez que tiene en vilo a la clase política y empresarial del país vecino desde hace cuatro años. En él, el magistrado analizó la ofensiva anticorrupción que liquidó la Tangentopoli, la “ciudad de las coimas, en la Italia de principios de los años 90 y, con ella, el sistema político y los partidos de la época. Para Moro, ya en 2004 estaban presentes en Brasil las condiciones para llevar a cabo una “cruzada” semejante, tal la palabra que él mismo usa en el texto.

¿UN COMIENZO CASUAL? La operación Mani Pulite en Italia, que hizo mundialmente famoso al fiscal Antonio Di Pietro, comenzó “a mediados de febrero de 1992, con la prisión de Mario Chiesa, que ocupaba el cargo de director de una institución filantrópica de Milán” y fue capturado con un bolso en el que había “cerca de siete mil liras (US$ 4.000)”, recuerda al brasileño. Tirar de ese hilo, aparentemente menor, llevó a descubrir una impensada red de corrupción sistémica.

En Brasil, el inicio fue una simple denuncia de lavado de activos que se tenía como fachada una red de estaciones de servicio y lavaderos de autos. Para poner en jaque al sistema político solo fue necesario solamente seguir la ruta de ese primer y modesto dinero.

Aquí fue suficiente con la aparición de ocho cuadernos escritos a mano durante años por Oscar Centeno, el chofer de Orlando Baratta, número dos de Julio De Vido, en el Ministerio de Planificación Federal en la era K. La desaparición de los originales, debidamente escaneados por los periodistas del diario La Nación que destaparon el caso, resultó anecdótica una vez que él mismo, además de testigos y arrepentidos, confirmaron su contenido en sede judicial. Después de eso, solo fue cuestión de apretar el acelerador.

En su texto anticipatorio, Sérgio Moro, juez federal de Curitiba (Paraná, sur de Brasil), hoy de 46 años, señala como una de las causas que hizo posible la operación italiana la existencia, allá por 1992, de “una coyuntura económica difícil, aliada a los costos crecientes de la corrupción”. En su propia ofensiva, allá por 2014, el proyecto distributivo de Luiz Inácio Lula da Silva, que continuaba la desangelada Dilma Rousseff, estaba agotado en un contexto en el que el boom de los commodities había terminado, el crecimiento a tasas chinas era cosa del pasado, el mercado financiero imponía su visión de que era necesario equilibrar las cuentas públicas y la nueva clase media, empoderada en la etapa anterior, pugnaba por cambios institucionales y por derechos de segunda generación. La ola de masivas manifestaciones previas a la Copa de las Confederaciones de 2013, iniciada por grupos de izquierda y tomada rápidamente por grupos de derecha y ciudadanos autoconvocados, había expresado una irritación inespecífica y establecido el caldo de cultivo para la estocada.

La Argentina de 2018, en tanto, impide hablar de cualquier cosa que no lleve el rótulo de crisis.

LA CONDICIÓN DE LA OFENSIVA. Moro pondera en su texto como una condición necesaria de la operación Mani Pulite la existencia de fiscales y jueces independientes, condición que diez años después se atribuyó a sí mismo y que encontró en bolsones de la Procuración General de la República, de la Policía Federal y de algunos tribunales de alzada. Cabe recordar que esto último fue obra, tal vez irónicamente, del talante republicano de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, que dieron amplia autonomía a la PF y que se obligaron a nombrar como procurador general al primero de una terna votada por todos los miembros del Ministerio Público.

Claudio Bonadio es un magistrado de otra cepa, pero su aptitud para convertirse en lo que Moro prescribe como un “juez de ataque” deviene de su relación hostil de larga data con Cristina Kirchner. La anomalía con respecto al modelo funciona porque si en Italia y Brasil los cruzados judiciales embistieron contra políticos y partidos todavía encaramados en el poder, en Argentina el fenómeno se da cuando los apuntados se encuentran en el llano. No hace falta aquí tanta independencia.

EL “CÍRCULO VIRTUOSO”. Moro, un hombre con posgrado en Harvard y considerado un experto en lucha contra el lavado de dinero y delitos contra la administración pública, señala en su texto que la figura del arrepentido, “delator premiado” en Brasil, es crucial para el avance de las investigaciones. Estas deben ser abordadas como una “estrategia” que someta a los sospechosos “a la presión de tomar la decisión sobre confesar, diseminando la sospecha de que otros ya habrían confesado y levantando la perspectiva de permanencia en prisión por lo menos durante el período de prisión preventiva en caso de mantenimiento del silencio o, viceversa, de liberación inmediata en caso de una confesión (una situación análoga al arquetipo del famoso ‘dilema del prisionero’)”.

En el modelo italiano, continúa, “además había una diseminación de informaciones sobre una corriente de confesiones que ocurrían detrás de las puertas cerradas de las oficinas de los magistrados. Para un prisionero, la confesión puede aparentar ser la decisión más conveniente cuando otros acusados en potencia ya confesaron o cuando él desconoce lo que los otros hicieron y fuera de su interés anticipárseles. El aislamiento en la prisión era necesario para impedir que los sospechosos supieran de la confesión de otros”.

La Lava Jato actuó en función del molde de la Mani Pulite, el que ahora se aplica al escándalo de los cuadernos. Las noticias cotidianas sobre confesiones y arrepentimientos, inmediata y hábilmente filtradas, generan ese tipo de efectos en los imputados que siguen en la fila de los citados, lo que explica la cascada de quince arrepentidos que tiene la causa hacia este martes. Asimismo, llevan a otros, ya colaboradores pero que habían ofrecido una versión insuficiente a la luz de testimonios posteriores, a pedir ampliar sus declaraciones ante Bonadio o el fiscal Carlos Stornelli.

Nos enteramos de inmediato, así, si un arrepentido habló de aportes de campaña o de coimas y a quiénes mencionó. De ese modo, Ángelo Calcaterra se hace cargo del dinero negro entregado a funcionarios para no quedar fuera de los beneficios de arrepentirse tras la confesión de su número dos en IECSA, Javier Sánchez Caballero. También Paolo Rocca asume las coimas pagadas para lograr una indemnización de la Venezuela chavista a Techint tras los dichos de Luis Betnaza. Y el ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina se hace cargo de los dichos de su secretario Martín Larraburu. El secreto del arrepentido es siempre señalar a alguien ubicado más arriba en la asociación ilícita, algo que los magistrados explotan para ampliar la investigación.

Moro no evita el abordaje de las críticas a la figura del delator, que tiene un incentivo para mentir a fin de mejorar su situación procesar. Para él, la dificultad de probar los crímenes contra la administración pública requiere apelar a la “colaboración de uno de los participantes”, algo para lo que no encuentra ningún obstáculo moral ni jurídico. Eso sí, dadas las ambigüedades de la figura del arrepentido, recomienda “tomar el debido cuidado en obtener la confirmación de los hechos (por ellos) revelados por medio de fuentes independientes de prueba”.

En un consejo que él mismo siguió a medias, como en el caso del tríplex de Luiz Inácio Lula da Silva, que hoy lo mantiene en prisión, la idea es que una condena o serie de condenas no descansen exclusivamente en la concordancia de diferentes delaciones, porque estas no son libres y por lo tanto, tienen un valor jurídico menor que las declaraciones de testigos no imputados que, en tanto tales, no tienen interés en falsear la verdad.

Hasta aquí, Bonadio ha homologado las mencionadas colaboraciones, incluso cuando algunas de las iniciales se probaron insuficientes al hablar de simples “aportes de campaña”, pretensión caída en desgracia cuando Carlos Wagner le puso a la trama el nombre que todo el mundo sospecha: coimas a cambio de obra pública. Pese a eso, habrá que esperar el plazo de un año para que los arrepentidos aporten pruebas y se sepa si, a la hora del juicio oral, pueden ser beneficiados con una reducción de sus condenas o si, al revés, las verán agravadas por haber prestado falso testimonio.

Ya vemos en el caso argentino aplicados dos de los tres elementos prescriptos por Moro de acuerdo con el patrón de la Mani Pulite: aplicación masiva de prisiones preventivas y, de la mano de ellos, producción en serie de arrepentidos. Falta la tercera pata del trípode prescripto: la divulgación de las declaraciones y los operativos.

JUSTICIA DE PUERTAS AFUERA. Para Moro, la presión que ejerce una opinión pública sensibilizada por el combate a la corrupción es crucial para que la ofensiva no se estrelle contra los reflejos defensivos de políticos y empresarios poderosos. En Italia y en Brasil sobran los ejemplos de manifestaciones multitudinarias, de sesgo mayormente de clase media, lo mismo que en la Argentina previa al cambio de mando de diciembre de 2015.  Esa agenda se retoma este martes frente al Congreso bajo la etiqueta  #21-A.

Para lograr ese efecto, prescribe en su artículo estimular con prisiones preventivas e informaciones filtradas la pérdida de legitimidad de la clase política. “La deslegitimación, al mismo tiempo en que tornaba posible la acción judicial, era alimentada por ella”, señalaba.

El modo de lograr ese efecto pasa por la divulgación quirúrgica de las actuaciones judiciales, comenzando, como se dijo, por la filtración de las delaciones pero no limitándose a ello.

“Tan pronto como alguien era detenido (en Italia), detalles de su confesión eran vehiculizados en L’Expresso, en La Repubblica y en otros diarios y revistas simpatizantes”, decía en su texto. En Brasil, la Lava Jato avanzó durante años en “fases” numeradas, al modo de una telenovela entregada en capítulos y que exhibían redadas espectaculares en diferentes puntos del país y capturas de peces gordos y no tan gordos.

“Las prisiones, confesiones y la publicidad conferida a las informaciones obtenidas generan un círculo virtuoso, en el que consiste la única explicación posible de la magnitud de los resultados”, explicaba el súper juez.

Vemos ahora en la Argentina una cobertura amplísima en la prensa escrita, cámaras de canales de noticias apostadas de modo permanente frente a los tribunales federales de Comodoro Py e imágenes de ingreso y salida de autos de magistrados o imputados. Cuando le tocó declarar a Cristina Kirchner, un canal hizo seguir su vehículo con una cámara a lo largo de su trayecto, entorpecido por un tránsito infernal, por la avenida Santa Fe.

El cálculo de cuánto dinero costó la corrupción, real o proyectado en base a porcentajes confesados y partidas entregadas para obra pública, es parte de la estrategia para sensibilizar a la opinión pública. También lo es la filmación de estanterías que se presentan como bóvedas y hasta de las celdas en las que purgan sus pecados los corruptos. Cautivan así a los espectadores y amedrentan a los apuntados.

“Tal vez la lección más importante de todo el episodio” italiano, deseado en 2004 por Moro para Brasil, concretado en 2014 y aplicado hoy en la Argentina, “sea la de que la acción judicial contra la corrupción solo se muestra eficaz con apoyo de la democracia. Es esta la que define los límites y posibilidades de la acción judicial. En tanto esta cuente con el apoyo de la opinión pública, tiene condiciones para avanzar y presentar buenos resultados. Si eso no ocurre, difícilmente tendrá éxito”, señala el juez de Curitiba.

Encontrar dinero, ya sea guardado en bóvedas secretas, en cajas de seguridad o en baúles bajo tierra debería ser el eje del próximo capítulo. Solo así logrará la Lava Jato criolla el máximo impacto y podrá legitimarse para continuar hasta el objetivo final, cuando, como recordó Sérgio Moro, logra “rediseñar el marco político”.

Ocurrió en Italia. Ocurrió en Brasil. Ocurrirá en la Argentina.

(Nota publicada en Letra P).

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