Nace otro relato: el Estado lobo y el empresario cordero

El estallido del caso de los cuadernos del chofer del Ministerio de Planificación durante la era K, Oscar Centeno, fue presentado el 1 de agosto, con acierto, por la investigación periodística del diario La Nación como la punta del ovillo de la histórica trama entre gobiernos y contratistas de obra pública. Con foco, en este caso, en la corrupción kirchnerista, aparecía un relato valioso sobre funcionarios, contratistas de obra pública, encuentros furtivos, bolsos con dinero vivo y delivery a domicilios de la propia ex familia presidencial. Y, sobre todo, el concepto de coima. Pero la estrategia legal de los hombres de negocios detenidos, traducida al lenguaje mediático por los múltiples voceros del establishment económico, abrió el grifo de otra narrativa sintetizada en el título que dejó el CEO Claudio Belocopit en una entrevista con este portal (“La responsabilidad empresaria en la corrupción no similar a la del Estado“) y alimentada por las confesiones que cambian sobornos por aportes de campaña concretados al calor de la extorsión estatal. ¿Son los empresarios corderos corrompidos por los lobos de la política?

La primera discusión sobre la ausencia de los cuadernos originales quedó pronto superada cuando Centeno confirmó la autenticidad de las copias sacadas por los periodistas y entregadas al fiscal Carlos Stornelli. Su relato se convirtió, entonces, en un sucedáneo suficiente de los papeles y la atención se centró en el modo en que este se contrastaría con evidencia física para constituirse en prueba judicial.

En ese esquema, era crucial la información que pudieran aportar otros “imputados colaboradores”, especialmente los empresarios. Cuando estos comenzaron a aparecer, los argumentos en defensa de la ex presidenta, Cristina Kirchner, se hicieron más endebles, ya que esos hombres de negocios admitían la comisión de los delitos. ¿Por qué lo haría un inocente?

El volumen de información que podía ser convertida en prueba judicial, la coexistencia promiscua entre ex funcionarios y empresarios, así como la envergadura de algunos de estos últimos hizo pensar que el caso tenía todo el potencial para convertirse en un émulo criollo de la operación Lava Jato con la que el juez federal Sérgio Moro ha mantenido en vilo a Brasil en los últimos cuatro años. Sin entrar a valorar los métodos de ese operativo, muchas veces discutidos con razón, sí cabe ubicar sus resultados como patrón de medida para la investigación argentina: dinero recuperado y numerosos políticos, entre ellos el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y verdaderos pesos pesado del empresariado de ese país, como Marcelo Odebrecht, condenados.

NUEVO RUMBO. Menos de una semana después del inicio del caso de los cuadernos, los resultados parecen apuntar aquí en una dirección muy diferente. Las confesiones de cinco de los empresarios involucrados, que se acogieron al régimen del arrepentido, tienden a generar un nuevo relato en el que la corrupción queda relativamente desligada de la obra pública y en el que los pagos ilegales responden, no ya a una cartelización y direccionamiento de la misma, sino a la extorsión de los funcionarios kirchneristas para la realización de aportes de campaña. Y lo más serio, todo homologado por el juez Claudio Bonadio.

Quienes se escudaron en esa narrativa hasta el momento son el ex presidente de la constructora IECSA y primo de Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra; quien fuera su número dos en ella, Javier Sánchez Caballero; el ex titular de la filial argentina de la firma española Isolux, Juan Carlos de Goycochea; el ex titular de Emgasud, Alejandro Ivanissevich; y el entonces mandamás de MSU Manuel Santos Uribelarrea.

No puede obviarse el detalle de que, en el caso de IECSA, Sánchez Caballero haya caído preso en la primera tanda, lo que forzó a Calcaterra a acudir voluntariamente a declarar a Comodoro Py. Si no lo hubiera hecho, la posibilidad de declarar como imputado colaborador, que supone la obligación de señalar responsables superiores, se habría limitado a aquel, complicando mucho más la posición del primo presidencial. Así, Calcaterra, sin estar inicialmente ni siquiera imputado, declaró brevemente y se volvió a su casa.

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Agustín Flah, abogado y director del Programa de Compliance y Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad Torcuato di Tella, le dijo a Letra P que “la gran pregunta es si este será un punto de inflexión o un caso más. Uno desea que sea el inicio de un trabajo en serio, que considere la corrupción no ya como un problema moral sino que afecta el orden social y económico de un país en vías de desarrollo”.

“En el sistema de sanciones por corrupción de los organismos multilaterales de desarrollo como el BID o el Banco Mundial, donde fui funcionario, se considera por ejemplo que un soborno viola el fiduciary duty (ndr: la obligación legal que está en el Convenio Constitutivo del Banco Mundial de que los fondos sean usados para el propósito que fueron originalmente destinados). Si estos fondos se desvían en coimas, ahí vemos como la corrupción mata, porque el puente comprometido no se construye o se elige al contratista que sobornó y no al mejor oferente en una licitación”, añadió.

“Es esperable que si alguien es acusado, se defienda para no ir preso. Si esa persona es un empresario y cuenta con los recursos suficientes, lo puede hacer. En este caso, entonces, pareciera que la línea de defensa es que sufrieron extorsión”, explicó el especialista.

¿CÓMPLICES O VÍCTIMAS? En tanto, Silvina Martínez, abogada especializada en delitos de corrupción y asesora de Margarita Stolbizer, en tanto, le dijo a este portal que “había dos vías. Previo a cada elección, es obvio que los empresarios que ganaban una licitación o que tenían negocios con el Estado debían poner una especie de cuota obligatoria para las campañas. Desde ese punto de vista, lo que cuentan los empresarios imputados no es mentira. Pero también había un sistema de coimas mensual para los empresarios que ganaban licitaciones. Esto es lo que omiten”.

De acuerdo con Martínez, los empresarios “actúan así por una cuestión de estrategia procesal. Si se comprueba el pago de coimas, es tan culpable el que las da y como el que las recibe, y en los dos casos la pena máxima prevista es de seis años de prisión”, es decir condenas de cumplimiento efectivo por su extensión. Además, esa situación podría agravarse si se aplicara la figura de la asociación ilícita, que prevé penas máximas de diez años.

“Entonces, la estrategia no es confesar coimas sino otro cosa, que son las exacciones ilegales, que implican la extorsión de un funcionario. El funcionario podría verse sujeto también a una condena de seis años de cárcel por las exacciones, pero los empresarios se transformarían en simples víctimas y terminarían por eludir toda responsabilidad.

Si bien la gambeta es admisible en tanto estrategia de defensa, lo llamativo es que ese tipo de “arrepentimiento” sea homologado por Bonadio.

Flah explicó que “el tema de los acuerdos o settlements es una práctica común en Estados Unidos en este tipo de leyes como la FCPA (Ley de Soborno Transnacional), que es en la que se inspiró la OCDE y la actual ley argentina sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Nunca se sabe el contenido exacto de un acuerdo entre el imputado y el fiscal o el juez. Es esperable que si un acuerdo se homologa y se concede una excarcelación sea para luego obtener un bien mayor, como conocer más datos de la causa y seguir en la cadena de responsabilidades hacia arriba”.

Para Silvina Martínez, que todo apunte a que la figura marco para el caso sea el de asociación ilícita para la comisión de exacciones ilegales, descripto este último en el artículo 266 del Código Penal, “implicaría que los funcionarios queden como únicos responsables, a los que les darían durísimo, y cero para los empresarios”.

“Esto genera un relato de funcionarios malos y empresarios buenos. Esto es preocupante, porque si cae algún empresario, van a ser los dos o tres que no se arrepientan. Pero el país no va a resolver el problema de que quienes pagaron coimas desde hace décadas ahora sigan teniendo obras”, completó.

“Las pruebas no dan para esa calificación de delito sino para hablar de cohecho. Los empresarios pagaban voluntariamente y los funcionarios recibían la plata”, remató, contundente.

RELATO. Semejante enfoque, de empresarios inocentes chantajeados por el Estado, es funcional al sentido común argentino de cierta tolerancia con la corrupción. Que un funcionario coimero se entremeta entre una empresa y un negocio, para muchos no implica de ningún modo una renuncia al mismo; el soborno queda justificado.

Asimismo, la narrativa resulta útil al concepto de que la intervención del Estado en la economía es, por sí misma, promotora de corruptelas. Toda una señal de época.

Sin embargo, la idea del empresario extorsionado hace agua. Bonadio, que homologó esas “confesiones”, ¿indagará en el origen de los fondos entregados en negro supuestamente para campañas? Como mínimo, el mismo proviene de la evasión impositiva.

En Brasil, la delación premiada no se entregó a cambio de meras confesiones. Como el arrepentido tiene, en base a la disminución de su futura condena, incentivos para mentir, se le exigen pruebas documentales, ya sean fotos, audios, transferencias de dinero, números de cuentas, entre otras. Y, además, no hubo atajos a través de tipificaciones más convenientes.

Como se recordará, el señalamiento del cuevero Leonardo Meirelles contra Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), se basó en extractos de transferencias bancarias. El final de esa historia, curiosamente puesto también por Claudio Bonadio, fue la validación de las explicaciones del funcionario y un inviable pedido de captura del delator. Con este antecedente, seguramente en el caso de los cuadernos exigirá pruebas más sólidas como respaldo de las declaraciones.

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“En otros casos de arrepentidos, Leonardo Fariña declaró varias horas, de la mañana a la noche, y lo hizo tres veces. Alejandro Vandenrboele también declaró largamente y varias veces. Lo que ocurrió el lunes con los empresarios fue un trámite exprés, más parecido a una declaración testimonial breve que a la de un imputado”, dijo Silvina Martínez. “Se supone que en la Argentina el sistema funciona cuando un imputado se arrepiente, el juez homologa su declaración y después se abre un período de un año para la presentación de pruebas, fechas, detalles… El beneficio inmediato del arrepentido es la excarcelación, pero el que decide la baja de pena es el tribunal que lleva adelante el juicio oral. Si esto no se aplica de este modo sería un chiste”, siguió.

¿Pero quién interviene en la elaboración de este nuevo relato?

“Por conocer a Bonadio y cómo se maneja, en primera instancia no creo que el Gobierno haya tenido información anticipada sobre esta causa. Ahora, una vez que se generó el escándalo, puede ser que se haya tratado de generar una estrategia desde un lugar centralizado. Los que se arrepintieron (el lunes) fueron empresarios cercanos al Gobierno y contaron con el abogado del presidente” Mauricio Macri, dijo Martínez.

Combatir de frente una corrupción enquistada y endémica tiene costos. En Brasil, el freno que la Lava Jato supuso para la obra pública y para la firma de contratos con el Estado por parte de las empresas señaladas fue una de las causas de la recesión de 2015 y 2016, con una caída acumulada superior al 7%.

¿Será que, una vez más, la Argentina optará por los atajos?

(Nota publicada en Letra P).

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