Con el recorte en asignaciones, el Gobierno empieza el ajuste en la ANSES

La reforma del régimen asignaciones familiares, que entre otras cosas establece fuertes recortes a lo que perciben trabajadores de las provincias hasta ahora beneficiadas con un plus por zona desfavorable, puso en pie de guerra a los gobernadores de la Patagonia y agitó el frente interno de Cambiemos, pero no representa un ahorro fiscal significativo.  Además, con el gesto, el Gobierno desmiente su propio relato, ya que mete mano en el gasto social, que hasta ahora se ufanaba de sostener contra viento y marea y contra cualquier sospecha de presión del Fondo Monetario Internacional. Demasiado ruido para tan pocas nueces.

El decreto 702/18 sobre cambios en el régimen de asignaciones familiares reduce desde el próximo 1 de septiembre el universo de familias beneficiadas, al dejar de considerar como límite superior un ingreso combinado de $94.786 y pasar a reconocer uno de $83.917. Asimismo, reduce de $47.393 a $41.959 el ingreso máximo aceptado de uno de los integrantes del hogar y sube a $2.816 el piso salarial para acceder al derecho.

En lo que respecta a las cuatro zonas desfavorables reconocidas hasta ahora (La Pampa, Río Negro, Neuquén, y ciudades de Formosa y Mendoza en la 1; Chubut, en la 2;  municipios de Catamarca, de Jujuy y de Salta en la 3; y Santa Cruz, Tierra del Fuego en la 4), en las que se percibía un plus todos los meses, se las equipara, a la baja, con los beneficios que se pagan en el resto del país.

Mara Ruiz Malec, economista del Instituto de Trabajo y Economía (ITE), le dijo a Letra P que “el cálculo nos da un poco menos de 300.000 chicos afectados y un ahorro fiscal $ 4.000 millones. Lo que más pesa son los beneficios en la Patagonia, que se retiran en su totalidad”.

Gustavo Reija, director de Mecronomic, brindó, en diálogo con este portal, datos que permiten constatar el bajo impacto fiscal de la medida. “Hay tres grandes sistemas de transferencias de ingresos a las familias. El primero es la Asignación Universal por Hijo, que en términos generales apunta a gente que está fuera del sistema y que no percibe salarios formales y que en 2017 representó $ 60.000 millones. Segundo, las asignaciones familiares, el objeto de este cambio, representaron unos $78.000 millones el año pasado. Tercero, la deducción por hijos en el impuesto a las Ganancias, que representó una pérdida de recaudación de 7.700 millones”.

“El ahorro fiscal es prácticamente insignificante”, añadió el economista, sobre todo en comparación con los $300.000 millones que obliga a recortar el año próximo el acuerdo con la entidad que conduce Christine Lagarde.

 

Así las cosas, ¿cuál es el objetivo de la reforma?

“Esto es políticamente costoso, pero lo interpreto como una señal al Fondo y los mercados en el sentido de que van a recortar todo gasto que consideren innecesario o superpuesto. El Gobierno tiene el problema de que, a la hora de ajustar, gran parte del gasto está concentrado en  jubilaciones: tocarlas también tiene un costo elevado, pero eventualmente van a ir por eso”, dijo Mara Ruiz Malec.

Reija brindó una mirada complementaria: “Es una señal de que se va a continuar con la política de reducción de cargas patronales, en particular, y de la presión impositiva, en general”.

En lo que constituye toda una curiosidad, en el pacto firmado con el FMI, el Gobierno se compromete a sostener  “un piso para el gasto de asistencia social de 1,3 por ciento del PIB, un nivel que garantiza la implementación de los programas para el período 2019-20 a la vez que contempla el aumento de los beneficios según la fórmula de indexación existente (…) El piso incluirá un conjunto definido de programas que cubren a los niños a través de la red de seguridad social existente: el programa condicional de transferencias monetarias Asignación Universal por Hijo y la Asignación por Embarazo (…) Además, el piso también protegerá el gasto social en Asignaciones Contributivas por Hijo (incluidas las asignaciones a ‘monotributistas’)”.

Urgido, vuelve sobre esa promesa y parece comenzar a pasar el “peine fino” sobre las erogaciones de la ANSES, que, según el mismo entendimiento, incluso deberá “liquidar activos” del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para hacer frente a gastos corrientes y al pago de la reparación histórica.

Para la economista del ITE, “están viendo cómo desarman el sistema de seguridad social que dejó el kirchnerismo, de impronta verdaderamente universal. Gastarse esos activos es una barbaridad, porque esa caja enorme pertenece a los trabajadores y a los jubilados. Lo hecho con las asignaciones es parte de ese esquema”, destacó la economista del ITE. Además, recordó que “en lo firmado con el fondo se habla del fortalecimiento de las políticas de género, y es sabido que las asignaciones reconocen que los niños generan necesidades que muchas veces las mujeres deben afrontar”.

El impacto, puntualmente en la Patagonia, donde más arrecian las quejas, es fuerte. “Si se considera el tramo de menores ingresos que perciben las asignaciones familiares, con ingresos de hasta $25.000 brutos por grupo familiar, en la Patagonia se cobraba hasta ahora $3.400 por hijo y por mes. Ahora van a pasar a cobrar $1.578…”, explicó Mara Ruiz Malec.

“El Gobierno alega que los estudios indican no justifican la idea de que hay un diferencial de costo de vida en la Patagonia, pero hoy hay una encuesta en curso y se podría haber esperado a tener el resultado. Además, el impacto de los aumentos de las tarifas fue muy fuerte en esa región. Hablamos de una zona que, por sus bajas temperaturas, no puede permitir que haya pobreza e indigencia”, finalizó.

Gustavo Reija, por su parte, coincidió en que “la idea de las zonas diferenciales tenía un sustento”.

En ese sentido, además del daño que ese recorte ocasiona en miles de familias, muy significativo en las de menores ingresos y con más hijos a cargo, hay una mirada que está ausente en la reforma y que se vincula con los incentivos que se deben dar para que la población se arraigue en zonas estratégicas y poco pobladas.

“Para evaluar esta medida hay que tener en cuenta el contexto: estamos entrando en un proceso recesivo. Entonces, hacer una política procíclica, quitar recursos a los sectores de menores ingresos, que son los que tienen una mayor propensión al consumo, claramente no va a ayudar”, dijo Reija.

El presidente, Mauricio Macri, “apostó inicialmente a una política fiscal gradualista y no quería tener un súper ministro. Lo primero fracasó y ahora no solo tiene que tener ese superministro (Nicolás Dujovne) sino también la vigilancia del Fondo. Y va a tener que concentrarse en cumplir con la meta fiscal, algo que este año va a ser fácil pero que el próximo va a ser difícil”, cerró.

(Nota publicada en Letra P).

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