Arrecia la pelea por las retenciones, un botín de U$S 1.500 millones

Todas las luces de alerta están encendidas en las entidades representativas del sector rural. Pese a que el presidente, Mauricio Macri, dijo haber puesto punto final al debate sobre la interrupción del sendero a la baja de las retenciones a la soja, la persistencia del mismo hace pensar que más temprano que tarde habrá un anuncio al respecto.

Primero fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, el que filtró la idea, en el marco de su urgencia por reducir la brecha fiscal. Tras la sonora queja de quien es, al mismo tiempo, productor, hombre de la Sociedad Rural Argentina y ministro de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, Macri dijo no y prometió ajustarse al cronograma prometido de una rebaja del tributo de medio punto porcentual por mes.

Pero la cuestión volvió, esta vez al conocerse el documento del staff técnico del Fondo Monetario Internacional que negoció el “blindaje” de 50.000 millones de dólares para el país y que sugiere terminar con la escalera descendente y fijarlas en el 25,5%. ¿No se había dicho que el programa no era del FMI sino del propio Gobierno?

Así las cosas, Macri puede haber vuelto a ratificar el rumbo, pero el runrún no cesa y referentes del sector con los que conversó Letra P creen que se transformará en anuncio en algún momento. No lo van a decir en público, claro, porque es mucho el dinero que está en juego.

El sector presiona para que el Presidente mantenga su palabra y, hasta ahora, este cedió. Macri no teme por lo eminentemente electoral, porque el voto rural propiamente dicho no alcanza al 10% del padrón en las principales provincias productoras, sino a que el quiebre de la alianza que contribuyó a instalarlo en el poder active una serie de mecanismos mediáticos y políticos sensibles al dinero del campo.

Es por eso que, mientras pudo, le dio todo y más. Hay consenso de que las dos principales políticas del Gobierno para el sector rural han sido excesivas. Por un lado, la “tablita” de retenciones a la baja equivale a la entrega de un bono en dólares al 6% anual, un rendimiento difícil de igualar; por el otro, la exención para la liquidación de las divisas provenientes de la exportación por diez años directamente resulta absurdo en un contexto de escasez de dólares tan agudo como el actual.

Como se habla de futuro, solo se puede calcular el impacto fiscal de las retenciones a modo de hipótesis. Las mismas están hoy, en el caso del poroto (soja sin elaborar) en el 26,5% y deben seguir bajando medio punto porcentual por mes. Por lo tanto, deberían terminar el año en el 24% y 2019, en 18%. De continuar ese sendero, desaparecerían hacia 2022.

Dada la altura del año y el recorte fuerte de producción que generó la sequía, no queda mucho poroto disponible, por lo que la polémica sobre las retenciones es, en lo inmediato, virtual. La expectativa está puesta entonces en un 2019 que, además de ser electoral, será también el año de la retomada de la producción (si el clima no vuelve a meter la cola) y el del mayor esfuerzo del ajuste prometido al Fondo, estimado en unos $300.000 millones para alcanzar el déficit fiscal del 1,3% del PBI.

Los técnicos de Christine Lagarde recomiendan frenar el descenso y fijar los derechos de exportación en el 25,5%. De acuerdo con los cálculos de Hacienda, a valores de hoy de la oleaginosa (en torno a los 350 dólares por tonelada) y con una cosecha esperada el año próximo de unas 55 millones de tn, dichas retenciones supondrían casi 5.000 millones de dólares. Se trata, desde ya, solamente de un escenario y de números gruesos.

En pesos, esa cifra equivale a 135.000 millones al cambio actual, un 45% del esfuerzo fiscal comprometido para el año que viene. Sin embargo, no se debe comparar retenciones del 25,5% con retenciones cero, sino con las de 18% prometidas para fin de 2019, equivalentes a casi 3.500 millones de dólares. Así, la pelea efectiva es por 1.500 millones, unos $42.000 millones, un 14% del ajuste comprometido para 2019, cifra menos impactante pero fuerte cuando se deberán cancelar obras públicas, subsidios varios y transferencias a provincias en momentos en que Macri y Cambiemos se jueguen su suerte en las urnas.

La vieja idea de Dujovne de restaurar retenciones del 10% al maíz y al trigo engrosaría esa cifra.

Pero, objetarán los productores, ¿por qué se toma una soja de 350 dólares para esos cálculos oficiales si la tonelada cerró apenas por debajo de los 300 dólares la semana pasada en Chicago? La razón, que la parte interesada nunca va a reconocer en público, es que el conato de guerra comercial entre Estados Unidos y China hizo que la soja estadounidense haya prácticamente perdido ese canal comercial, por lo que el gigante asiático debe concentrar sus compras en la Argentina y en Brasil, lo que desengancha la cotización del poroto de los dos grandes productores sudamericanos. Curioso: ni los defensores de las retenciones son conscientes de este detalle.

Así, la soja nacional efectivamente se vende hoy a China a alrededor de 350 dólares, mientras que la brasileña trepa a unos 380 dólares. La diferencia está dada por la mayor capacidad instalada que tiene nuestro país para industrializar el poroto, lo que deja un menor saldo exportable.

El sector rural se defiende afirmando que se lo pretende sobregravar justo después de una sequía que vació muchos bolsillos (se perdió, en efecto, una producción potencial de 20 millones de tn, un 35% de la cosecha esperada) y justo cuando el precio internacional de la oleaginosa viene cayendo en picada. Los sectores del Gobierno que plantean la puja aceptan el primer argumento pero se apoyan en la recuperación esperada para la próxima campaña, a la vez que directamente desestiman el segundo. En lo que va del año, la soja perdió en Chicago un 15%, que se estira a un 17% en los últimos doce meses. Entretanto, el dólar subió un 50%, lo que justifica, afirman, la idea de una rentabilidad extraordinaria potencialmente gravable en la emergencia.

Pero la defensa es recia. También los insumos necesarios para la siembra que comenzará en septiembre se encarecieron de la mano de la escalada del dólar, afirman. La urea tiene componente fuerte de gas, lo mismo que los fertilizantes. También se encarecieron por la devaluación el glifosato usado en la siembra directa, el gasoil y, aunque en menor medida, las semillas. La cuenta no es tan sencilla.

Del mismo modo que callan los argumentos que no los favorecen, los productores tampoco reconocen en público su sensación de que el tema, de tan comentado, terminará calando hondo en la opinión pública, lo que los puede llevar a perder la pulseada. Macri refuta las versiones, pero estas, sugestivamente, persisten. A Dujovne se le sumó el ala política del Gobierno, deseosa de mostrarle a la sociedad que el esfuerzo del ajuste va a ser equitativo, sin dejar indemnes a sectores privilegiados. También, como se supo, el FMI y ahora un componente de Cambiemos como la Unión Cívica Radical. El viento es fuerte.

Los pesimistas esperan malas nuevas, aunque no este mes, el de la exposición de la Sociedad Rural. Acaso tampoco antes de septiembre, el mes de la siembra, porque eso desplomaría las expectativas y la desalentaría. Pero lo que reste del año los tendrá en vilo.

¿Habrá, en tal caso, guerra gaucha contra el que es (¿fue?) el Gobierno del sector, con cortes de rutas como contra el kirchnerismo? Nadie lo cree, porque en medio de los dolores de un ajuste que pegará duro no habrá apoyo social como en el expansivo 2008. Sí prometen, en cambio, que se multiplicarán otros reclamos, como el costo del gasoil y los insumos.

Habrá decepción, afirman, pero no la sangre no llegará al río.

(Nota publicada en Letra P).