Un juez ordenó liberar a Lula y desató una guerra legal

Un juez de un tribunal de segunda instancia de Brasil ordenó este domingo liberar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso desde el 7 de abril en Curitiba (sur) en cumplimiento de una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero, pero fue refutado poco después por otro magistrado, sumiendo al país en la confusión y la zozobra.

Así lo decidió inicialmente un juez de turno del Tribunal Federal Regional de la 4ª Región, con sede en porto Alegre, a través de la concesión de un recurso de habeas corpus presentado por tres diputados del Partido de los Trabajadores.

Los abogados del ex jefe de Estado trabajaban afanosamente para hacer efectiva la excarcelación, pero hacia la noche del domingo chocaban con la negativa a actuar de la Policía Federal que, ante la saga de decisiones judiciales encontradas que se desató durante la tarde, decidió simplemente cruzarse de brazos, en una actitud que para la izquierda supuso una desobediencia a una orden de habeas corpus y un quiebre del Estado de derecho.

El fallo señaló: “Cúmplase con carácter de URGENCIA en esta fecha mediante presentación de Carta de Excarcelación o de esta orden ante cualquier autoridad policial presente en la sede de la prisión de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra el recluso”.

La determinación del magistrado del TRF4 deja en suspenso la ejecución de la pena hasta el agotamiento de los recursos de la defensa.

La decisión correspondió al juez Rogério Favreto, del TRF4, quien dio la razón al planteo de los abogados del líder de la izquierda brasileña y dejó en suspenso el cumplimiento de la condena a 12 años y un mes de prisión impuesta por esa misma corte en el caso del tríplex en Guarujá, litoral del estado de San Pablo, considerada en el fallo como una coima pagada por la constructora OAS a cambio de contratos en Petrobras.

Favreto, que estaba de turno, es lo que en Brasil se llama un desembargador, esto es un juez de un tribunal colegiado (de segunda instancia) que tiene entre sus atribuciones el examen de los pedidos de habeas corpus de los detenidos. Se trata de una figura importante en el sistema judicial de ese país y que requiere, para su nombramiento, un riguroso proceso de selección.

Sin embargo, en el caso del ex mandatario enseguida comenzaron las polémicas y la parte de la prensa que lo cuestiona resaltó que el magistrado trabajó en la Vicejefatura de Asuntos Jurídicos de la Casa Civil (jefatura de gabinete) en 2005, durante la primera administración de Lula.

El juez federal Sérgio Moro, autor del fallo de primera instancia que condenó a Lula, salió de inmediato a cuestionar la legalidad de lo hecho por el desembargador, un magistrado de una instancia superior, pero este se ratificó en su determinación y ordenó su cumplimiento a la Policía Federal. La pelea judicial continuó cuando, impulsado por Moro, el juez federal João Pedro Gebran Neto, el instructor del caso ante el TRF4, contradijo a su colega y dejó en suspenso la decisión original.

“Para evitar un mayor tumulto en la tramitación de este habeas corpus, incluso porque la decisión emitida en carácter provisional podría ser revocada por mí, el juez natural de este processo, en cualquer momento, DETERMINO que la autoridad coautora y la Policía Federal de Paraná se abstengan de llevar a cabo cualquier acto que modifique la decisión colegiada (…)”., indicó Gebran Neto.

La batalla fue encarnizada durante horas y derivó en que el titular del TRF4, Thompson Flores, determinó en la noche que sea Gebran Neto y no el juez de turno, Favreto, quien defina la cuestión, del modo previsible. La puja seguirá ahora hacia arriba, poniéndole más presión al dividido Supremo Tribunal Federal.

En tanto, el PT y sus movimientos sociales afines consideran que el no cumplimiento de la orden original de excarcelación violó gravemente los derechos de Lula y conculcó el Estado de derecho en el país.

De acuerdo con jurisprudencia vigente del Supremo Tribunal Federal (STF), es posible el comienzo del cumplimiento de las penas de prisión después de fallo en segunda instancia, que es lo que ocurrió con Lula cuando el TRF4 validó la condena del juez anticorrupción Moro e incluso agravó la pena de prisión que había impuesto este.

El caso de Lula da Silva iluminó un sensible debate judicial en Brasil, dado que numerosos juristas entienden que dicha jurisprudencia es violatoria de la Constitución, que en su artículo 5°, inciso LVII, establece el principio de presunción de inocencia al señalar que  “nadie será considerado culpable hasta el tránsito en juzgado de sentencia penal condenatoria”. “Tránsito en juzgado” no es otra cosa que el agotamiento de las posibilidades de apelación hasta la más alta instancia disponible en cada caso, es decir hasta que exista una sentencia firme.

La discusión ha sido de tal intensidad que algunos constitucionalistas que defienden esa licencia en lo que respecta a una violación del principio constitucional de presunción de inocencia alegan que la carta magna es clara pero que hoy impide llevar a cabo una luchar eficaz contra la corrupción. Obviamente, desde el otro lado se responde que, en tal caso, la Constitución debe ser reformada pero no violada.

El debate llegó a un STF agriamente dividido y es sabido que hoy hay una mayoría de 6 votos contra 5 para revertir esa jurisprudencia, generada al calor del impacto social de la operación Lava Jato (lavadero de autos).

Sin embargo, la presidenta del cuerpo, Cármen Lúcia Antunes Rocha, parte hoy de la minoría en esa cuestión sensible, ha resistido las presiones para colocar el asunto en la pauta del pleno. Pese a ello, se creía que la misma llegaría allí el mes que viene, una vez que pase la actual feria judicial, o a más tardar en septiembre, cuando la titularidad del cuerpo recaiga en manos de Dias Toffoli, un juez del sector garantista del Supremo.

Los sucesos de este domingo incrementan la urgencia de que el STF clarifique la discusión jurisprudencial de fondo.

La decisión inicial de liberarlo de este domingo pareció adelantarse a una determinación que era solo cuestión de tiempo en el STF. La contraofensiva judicial, con todo, dejó todo en el aire en lo inmediato.

Otro aspecto importante, cuyo debate se actualiza, es el de la viabilidad de la candidatura presidencial de Lula da Silva, sobre la que insisten tanto él mismo como su Partido de los Trabajadores. Pero en este caso, las chances no parecen estar de su lado y crece el ruido interno en el PT para que él mismo deposite su apoyo en un postulante alternativo.

En el último tramo de su segundo mandato, el propio Lula promulgó una ley, llamada de “ficha limpia”, que establece que todo condenado en segunda instancia por delitos como los de corrupción o contra la administración pública quedan privados de de su derecho a ocupar cargos en el Estado.

Si bien se discute también la constitucionalidad de esta norma, por conculcar derechos de personas que, hasta que no se agote el “tránsito en juzgado” de sus casos son formalmente inocentes, el consenso judicial sobre su aplicabilidad es mucho más amplio.

Además, al propio Lula y al PT, que defendió con ardor la ley de “ficha limpia” en el Congreso, les resultaría complejo explicar porqué borran con el codo lo que han escrito con la mano.

Lula lidera todas las encuestas de intención de voto para las elecciones de octubre, pero la perspectiva de su descalificación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) hace que otros candidatos sean observadores como potenciales protagonistas de un segundo turno.

Entre ellos, y en un escenario electoral enormemente fragmentado, se destacan, por ahora, el ex militar y diputado de ultraderecha Jair Messias Bolsonaro y la ecologista Marina Silva.

Aun en el caso de confirmarse el extremo de su inhabilitación, una eventual salida de Lula de la cárcel no sería inocuo para lo que viene

“Como todos los brasileños, estoy sorprendido. Es un factor nuevo en lo que respecta a las próximas elecciones que representa la posibilidad de que Lula vuelva a la calle a hacer campaña”, le dijo a Letra P el analista político y profesor de la Universidad Católica de Brasilia Creomar de Souza.

“Lula es un animal político muy competente y eficiente y su posible liberación cambiaría las perspectivas para los otros candidatos, sobre todo si esa situación se extiende hasta la elección”, añadió.

“La militancia del Partid de los Trabajadores recibiría una inyección de energía para poner en marcha la carrera electoral”, explicó De Souza.

(Nota publicada en Letra P).

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