El Gobierno busca atajos para que el Fondo no lo condene en las urnas

Desde el anuncio oficial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pone a disposición del país 50.000 millones de dólares en los próximos tres años a cambio de un ajuste acelerado, el Gobierno de Mauricio Macri ha emitido señales contradictorias. Por un lado, el compromiso firmado de consolidar la situación fiscal, especialmente a través de un nuevo aumento de las tarifas de servicios públicos y de un recorte del giro de fondos a las provincias; por el otro, promesas públicas de que estos últimos rigores pueden ser menores a los esperados en busca de apoyo político para el 2019 electoral.

Los especialistas se dividen en torno a esas señales que, si algo ponen de manifiesto, es la dificultad de imponer en la práctica lo pactado en una mesa con el FMI

Mariano Kestelboim, economista de la Universidad Nacional de Avellaneda, le dijo a Letra P que esos indicios “me parecen sorprendentes. Por cómo se perfilan las políticas económicas, y dado el acuerdo con el FMI, lo que se ve en adelante es más ajuste, no precisamente un ablandamiento. Por eso, mientras esos dichos no se traduzcan en políticas concretas, los veo más como señales para tranquilizar sin ningún costo. Hasta que no vea algo en ese sentido realmente no lo creo”.

Pero donde ese especialista ve señales de humo, desde una perspectiva ideológica diferente se advierte sobre el peligro de un neopopulismo. Así, Germán Fermo indicó que “por dos años, el Gobierno tiene 50.000 millones de dólares para patinarse. Por lo tanto, margen (para suavizar el ajuste) hay. En 2020 se van a quedar sin plata y volveremos, como siempre, a fojas cero”.

¿Pero el FMI convalidaría eso?, le preguntó este portal. “Obvio que sí. Ese es un préstamo político, un cheque en blanco”, respondió Fermo.

Por un lado, Javier Iguacel resumió aquellos dos polos difícilmente conciliables cuando dijo, tras jurar como nuevo ministro, que su objetivo será que “lo que se paga por la energía cada vez pese menos en el bolsillo de los argentinos y permita a las pymes crecer”. Si bien ratificó los incrementos previstos para octubre, afirmó que el esquema se revisará a futuro y prometió que defenderá “el bolsillo de la gente” y que “no hay ningún aumento pactado de combustibles”.

Por el otro, el Gobierno deja que trascienda su interés de negociar con los gobernadores peronistas un recorte menor de las trasferencias a las provincias a cambio de respaldo legislativo para el Presupuesto 2019.

Cabe recordar que, conforme a la carta de intención firmada con el Fondo, este año el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) debe cerrar como máximo en 2,7% del PBI y que el año próximo, para colmo electoral, deberá bajar fuertemente a 1,3%. En ese sentido, una reducción de 0,4 punto del Producto prevista para 2019, equivalente a 2.400 millones de dólares, deberá provenir del rubro subsidios. Mientras, un ahorro del 0,6% (3.600 millones de dólares) deberá surgir de la limitación de las transferencias no automáticas a las provincias, una reducción real del 74%. Adicionalmente, otro 0,6%  provendrá de una menor inversión en obra pública, algo que también impactará en las provincias.

Para Fausto Spotorno, director de Orlando Ferreres y Asociados, lo que el Gobierno deja trascender “sorprende, porque el acuerdo con el Fondo se acaba de firmar y porque todo eso, cuyo impacto no debería ser menor, se empezó a mencionar incluso antes de que el Directorio aprobara el acuerdo”.

En lo que respecta a las tarifas, sobre todo de energía, Spotorno puso énfasis en el impacto de “lo que pasó con el tipo de cambio, que va a llevar al Gobierno a encarar negociaciones con las empresas del sector energético o a buscar compensaciones de otro tipo para 2019 y 2020. Es normal que las tarifas de electricidad estén dolarizadas, pero el problema es que un aumento del dólar las incrementa en una proporción mayor a la propia devaluación”.

En efecto, cabe recordar que las cuentas públicas de mayo registraron, a pesar de los esfuerzos de la población en pagar tarifas de luz, gas, agua y transporte más caras, un incremento de los subsidios del orden del 21% interanual, según dijo el propio Ministerio de Hacienda. Una razón muy importante para eso fue la devaluación del peso, que se profundizaría a lo largo del mes siguiente, por lo que el inesperado rojo fiscal todavía no se reflejó plenamente en las estadísticas.

Federico Furiase, director de la consultora Eco Go, estimó en diálogo con Letra P que “la idea de ir hacia un sendero de ajuste tarifario más lento va en línea de la decisión de cambiar al ministro de Energía”, esto es el reemplazo de Juan José Aranguren por Iguacel. “La idea es poder surfear el frente político y moderar el impacto recesivo del segundo y el tercer trimestre”, sostuvo.

“Sin embargo, claramente eso complica el ahorro fiscal comprometido con el Fondo. Por eso la clave va a ser generar ahorro fiscal en otras áreas, como apretar más en obra pública o en salarios en el Estado. Hay un compromiso con el Fondo: lo que no salga de un lado va a tener que salir del otro”, completó.

En tanto, el economista jefe de Elypsis, Gabriel Zelpo, señaló que una atenuación de la suba de tarifas y de los recortes a las provincias “es posible, pero también resulta difícil porque tiene consecuencias. El poder político del Gobierno nacional, que quiere tener buenas relaciones con las provincias, se limita en la relación cotidiana y, en lo que hace a tarifas, un cambio en el sendero de aumentos complica el desarrollo del polo petrolero, un objetivo prioritario del Gobierno pero que ni siquiera había comenzado a darse”.

“El acuerdo con el Fondo se basa en el cumplimiento de metas fiscales cuantitativas. El aumento de la inflación, de hecho, es el mayor ajuste”, añadió.

De acuerdo con Zelpo, “la idea del Gobierno es sobrecumplir la meta de déficit fiscal, por lo que es importante cuidar cada cuenta. El Fondo no va a dar un grado elevado de libertad en ese sentido. Es cierto que políticamente parecería que no hay margen para más aumentos de tarifas, pero sorprende la idea de introducir cambios en el sector energético. Así las cosas, parece que ese peso va a caer en las empresas y a expensas del desarrollo del sector”.

Entonces, ¿trabaja el Gobierno, azuzado por las urgencias electorales, con la idea de borrar con el codo lo que acaba de firmar con la mano?

De acuerdo con Spotorno, “la meta de déficit fiscal del año que viene es del 1,3% del PBI, aunque se sabe que hay 0,2 punto que se puede incrementar en caso de necesidad de reforzar el gasto social. Así que ya podemos hablar de una meta que en realidad va a ser del 1,5%. Va a haber una revisión trimestral de las cuentas y se puede suponer que el cumplimiento más o menos se va a dar; en caso contrario, se pedirá un waiver y se seguirá adelante”.

Para Arnaldo Bocco, director del Departamento de Economía y del Observatorio de la Deuda Externa de la UMET, “hay un público y pequeñas empresas que están muy complicados. Con estos niveles de tarifas ya pierden capacidad de compra fuertemente 8 de 10 millones de hogares en Argentina. Creo que el Gobierno está tratando en serio de pasar el invierno, algo que le va a ser muy costoso por el gas y la electricidad. Es probable que lo que se está sugiriendo haya sido conversado con el Fondo, aunque solo para el corto plazo”.

“La meta (de déficit fiscal) de este año es fácilmente cumplible, pero no así la del año que viene, aunque eso se debería ver recién después de las elecciones. El Gobierno está frente a una situación compleja, pero entre cumplir lo negociado con el Fondo y ganar las elecciones, no cabe duda de cuál va a ser su prioridad”, cerró Spotorno.

(Nota publicada en Letra P).

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