El nuevo gabinete económico debuta con un tironeo por la suba de tarifas

Aun antes de jurar como nuevo ministro de Energía, Javier Iguacel, ya tantea los límites de su relación con el titular de Hacienda y coordinador del gabinete económico, Nicolás Dujovne, quien relativizó la iniciativa atribuida a aquel de moderar el sendero de aumentos de tarifas de servicios públicos.

La noticia de que el Gobierno tomaría esa decisión para reducir el impacto de la reciente escalada del dólar en las boletas de luz y gas y en el precio de las naftas provocó este lunes un impacto muy severo sobre las acciones de las empresas de energía, que registraban pasado el mediodía caídas de hasta el 14%, debido al temor de los inversores de que el giro oficial afecte sus balances.

Pero la iniciativa presenta otro inconveniente: debe ser compatible con el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional y que espera confirmación este miércoles en la reunión de Directorio del organismo. El mismo centra justamente en la reducción de los subsidios a los servicios públicos, además del gasto en obra pública y de las transferencias a las provincias, el esfuerzo fiscal que debe llevar el rojo fiscal del 2,7% este año al 1,3% en 2019.

Dujovne no quiere verse obligado a dar nuevas explicaciones al Fondo, como tuvo que hacer el jueves de la semana pasada en diálogo telefónico con Christine Lagarde para dar garantías de que lo firmado se sostendrá y que la salida de Federico Sturzenegger no significa un paso atrás en materia de independencia del Banco Central, un ítem que, justamente, se había prometido reforzar en la carta de intención.

“Por ahora no hay cambios en la política tarifaria. Eso es algo que tendrán que definir Javier Iguacel y su equipo en coordinación con Nicolás”, le dijo un hombre cercano al ministro de Hacienda. Las versiones sobre tarifas “están verdes; es muy pronto para decir eso. Hay que esperar”, añadió.

No por nada, el presidente, Mauricio Macri, reconoció en una entrevista difundida el domingo que “ahora vamos por menos gradualismo” fiscal.

Más allá del nivel de subsidios de base que se pretende reducir, algo que el desplazado Juan José Aranguren impuso contra todas las quejas, la brusca suba del dólar complica más el panorama, amenazando con derivar en ajustes imposibles de asimilar para la población.

El  especialista en petróleo y energía Víctor Bronstein, le recordó a Letra P que “a principios de los años 90, cuando se decía que el plan de convertibilidad iba a durar para siempre, se dispuso un marco regulatorio que dolarizó las tarifas de gas y electricidad. Más tarde, el kirchnerismo modificó eso a través de la ley de Emergencia Económica, incrementando los subsidios, pero sin modificar ese marco general. Caída la Emergencia con el actual Gobierno, volvemos entonces a las tarifas dolarizadas”.

Dado el aumento del dólar, del 50% en lo que va del año, “si el esquema de dolarización persistiera, la próxima suba del gas, en octubre, debería llegar al 50 o al 60%”, añadió el especialista, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad (Ceepys) y profesor de la Universidad de Buenos Aires (UBA). “Hay formas de operar sobre esa situación, por ejemplo dándoles a las empresas que extraen gas una extensión de sus concesiones, lo que les permitiría compensar en el tiempo la desdolarización de sus ingresos actuales. Pero eso es complejo, ya que la decisión, en definitiva, no es del Gobierno nacional sino de las provincias y sus legislaturas”, señaló.

“A ese panorama –añadió Bronstein- se suma que el ex ministro Aranguren decidió la dolarización y la internacionalización del precio de los combustibles, a pesar de que el componente importado en ese sector es menor. Se supone que la idea era dar un mayor incentivo a los inversores para ampliar la oferta, pero a diferencia del Gobierno anterior, no supeditó ese premio al hallazgo de yacimientos nuevos. Probablemente se apresuró, porque desde entonces el aumento del precio internacional del petróleo se sumó a la suba del dólar, complicando más las cosas”.

Tanto afecta la devaluación del peso que, pese a que en mayo el déficit fiscal primario (antes del pago de deuda) cayó 71,3% interanual, “los subsidios económicos se expandieron por primera vez en el año y mostraron una suba del 21%”, dijo el Ministerio de Hacienda en un comunicado. “Esto se debe a un efecto sobre la baja base de comparación, el impacto de un invierno más frío, y las subas del precio internacional de la energía y del tipo de cambio”, agregó. Un lujo que, más allá del desliz de un mes, no se puede dar el Gobierno de acuerdo con lo pactado con el Fondo.

Sin embargo, el golpe a los bolsillos es muy fuerte y está cerca del límite de lo tolerable. El economista Arnaldo Bocco opinó que “si con las tarifas se viola el balance social, especialmente en el Gran Buenos Aires, se va a acelerar el conflicto social. Por consumos básicos se están pagando cifras  que no son compatibles con los ingresos de la gente”. Sin embargo, en relación con el impacto fiscal de un alivio de la suba de tarifas y con las exigencias del FMI, los economistas no se ponen de acuerdo.

Para Miguel Kiguel, “políticamente parece razonable, pero desde el punto de vista fiscal hay poco margen salvo que (la pérdida de ingresos) la absorban las empresas”.

“Prevemos que va a haber subas de tarifas en el segundo semestre porque las cuentas fiscales no dejan espacio para otra cosa. Lo que todavía no sabemos es si esos aumentos si van a llegar a la totalidad de lo anunciado”, acotó consciente del problema mayúsculo que impone la devaluación.

Gabriel Zelpo, economista jefe de Elypsis, estimó, por el contrario, que “el acuerdo con el Fondo da cierto margen en tarifas, ya que las previsiones conocidas (de recorte de subsidios) resultaron menores que las que esperábamos”.

En efecto, el informe del 8 de junio de Elypsis indica que “el programa establece una reducción del déficit en subsidios más lenta que esperábamos, una reducción del gasto de capital más intensa y una disminución del gasto político. La menor disminución del déficit en subsidios ayudará a disminuir la tensión social respecto a la suba de tarifas, con reducciones de solo 0,3% del PBI en el presente año, 0,4% en el próximo y 0,4% en el 2020”.

“Igual habrá que esperar para ver realmente cuánto patean para adelante. Lo cierto es que, justo o no, no hay mucho margen para seguir subiendo tarifas, tanto por temas de metas de inflación como por la problemática social que representa en un año que ya viene muy difícil”, acotó Zelpo en diálogo con este medio.

Desde un punto de vista eminentemente fiscal, Nadin Argañaraz, estimó que “es clave determinar el nivel de subsidios que hay que dar, a este nivel de tipo de cambio, en luz, en gas y en combustibles, algo que incide en todo el funcionamiento de la economía. Pero para que eso pueda hacerse, es clave primero estabilizar esa variable”.

Argañaraz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), añadió que “teniendo en claro eso y sumando confianza de que se va a bajar la inflación en línea con lo pactado con el FMI, se podrá tener un sendero tarifario, cumplible y consensuado socialmente, en el que las tarifas crezcan por encima de la inflación en los próximos años pero sin afectar tanto el consumo y en el que el sector también haga su aporte, para que ya no haya más discusiones sobre el tema”. “Es una discusión compleja”, admitió consultado por Letra P.

“Obviamente que con la suba del dólar que hemos tenido, independientemente de que pueda bajar un poco, el impacto en tarifas debería ser muy significativo e imposible de sincerar. Entonces, para que al menos las tarifas no pierdas en términos relativos, es importante que el Gobierno encuentre un camino tarifario y de precio de los combustibles que, sin dañar las señales de precios para las inversiones, impacte menos que con un sinceramiento pleno, al tipo de cambio actual, en el bolsillo de la gente”.

¿La cuadratura del círculo?

(Nota publicada en Letra P).

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