Tras el anuncio del “rescate” del Fondo Monetario Internacional, comenzó este viernes un virtual segundo Gobierno de Mauricio Macri, uno dado, por fin, por la existencia de un plan económico que, más allá de las adhesiones o rechazos que genere, será posible evaluar. El mismo es la expresión de un respaldo internacional fuerte al proyecto gubernamental y su validación en las urnas en octubre de 2019, algo que se traduce en un paquete enorme de dinero puesto a disposición del país para asegurar a la comunidad financiera que no habrá default mientras el actual presidente se mantenga en la Casa Rosada.
Lo que habíamos visto hasta ahora no era, en rigor, un plan económico, según coinciden no pocos observadores de un espectro ideológico amplio. En el “primer Gobierno” de Macri, la acumulación de incrementos tarifarios se vio en buena medida esterilizada en términos fiscales por incrementos de gastos en diversas áreas y por desgravaciones tributarias a los sectores más concentrados. En paralelo, el financiamiento del rojo fiscal vía deuda produjo un copioso ingreso de dólares al país que le dio al tipo de cambio un sesgo antiexportador y a la balanza turística, un destino fatalmente emisor. Por último, la “lluvia de inversiones” fue solo financiera y generó un circuito perverso en el que aquella deuda alimentaba una salida violenta de capitales en favor de inversores especulativos que lucraron como en ningún lado con tasas de interés cada vez más altas. El estallido de abril y mayo solo pudo haber sorprendido por el timing.
Si existe una «pesada herencia», no es otra que la que el primer Macri le deja al segundo, hipotecando el proyecto 2019.
Ahora sí hay un plan económico y discutir si es sentido de corazón por Macri y por el doble comando de Nicolás Dujovne y Federico Sturzunegger o si, en cambio, es una imposición del FMI resulta estéril. En él hay mucho fondomonetarismo, pero también concesiones en apoyo del proyecto político oficial.
En el FMI, los países tienen derechos de voto equivalentes a sus aportes, lo que hace de Estados Unidos un socio de poder descollante. No es difícil advertir detrás de lo pactado la mano de Donald Trump, según recuerda en estas horas el economista Guillermo Nielsen. Eso no es una simple presunción; varios aspectos extraordinarios del paquete avalan la idea.
El primero es el monto. En efecto, la Argentina podría haber accedido a un crédito stand by común por el 435% de su cuota en el organismo, unos 24.500 millones de dólares. Lo otorgado, bajo la modalidad de “alto acceso”, más que duplica lo que tenía a priori a disposición.
Como referencia, el blindaje de mala memoria de 2001 equivale, en dólares ajustados por inflación, a un monto actualizado de 40.000 millones. El paquete para Macri supera largamente esa cifra, a la que se deben añadir 5.600 millones más de otros organismos internacionales de crédito.
El segundo elemento es que, a diferencia de lo que ocurría en los años 80 y 90, el peso del ajuste no parece, al menos en lo inmediato, recaer sobre las jubilaciones y el gasto social. Es más, este último podría estirar del 1,3% del PBI al 1,5% la meta de déficit del 2019 electoral, una previsión equivalente a nada despreciables 1.200 millones de dólares.
Federico Furiase, director de Eco Go, le dijo a Letra P que “hay varios aspectos que deberían tener un impacto positivo en el mercado, condición necesaria para estabilizar el mercado de cambios y volver a reducir el riesgo país. Para empezar hay que considerar el alto monto del paquete, muy superior a las necesidades financieras del Tesoro, que en 2019 estarán en torno a los 30.000 millones de dólares. Además, condiciones exigentes pero políticamente viables, ya que la meta fiscal de 1,3%de déficit en 2019 es consistente con un recorte del gasto público de 1% del PBI, por debajo del recorte de 1,5 de 2018. A esto se suma la flexibilidad para aumentar el gasto social. Todo eso demuestra el apoyo indeclinable de la comunidad internacional”.
Si el plan funciona, la Argentina no usará la totalidad de esos fondos, evitando que la relación deuda-Producto escale a niveles ya preocupantes. La apuesta es a que los miles de millones tengan el poder de regenerar la confianza del mercado (básicamente, en que el Estado pagará sus deudas), llevando a una reapertura del crédito voluntario.
Amílcar Collante, economista del Centro de Estudios del Sur (CeSur), le explicó a este medio que “en el corto plazo, el paquete atenúa el estrés sobre las variables financieras. Probablemente suban los bonos y baje el riesgo país”.
Lo anterior, claro, no significa que el FMI sea “nuevo” ni más benévolo que el conocido antes del gran estallido del 2001. En definitiva, su misión es hacer de puente para que un país recupere equilibrios macro (y capacidad de honrar sus deudas) en base a ajustes fuertes del gasto. Ayuda, pero al modo de una viuda negra.
Lo que viene, dolerá. En 2019, cuando el proyecto de Cambiemos deba jugarse la vida, los recortes del gasto previsto son de 0,4 punto del Producto en subsidios a la energía y el transporte, equivalente a 2.400 millones de dólares que dejarán de salir del Tesoro y fluirán de los bolsillos castigados de las clases trabajadora y media.
Otro 0,2%, unos 1.200 millones de dólares, será aportado, no voluntariamente, por cierto, por los asalariados del Estado, ya sea en forma de caída de sus ingresos reales o de lisos y llanos despidos.
En tanto, un 0,6% (3.600 millones de dólares) saldrá de la obra pública, algo que tenderá a dejar con las manos vacías a gobernadores e intendentes que tienen atada a eso buena parte de su suerte electoral. El Gobierno tratará de convencerlos de influir en “sus” legisladores para sacar adelante en próximo Presupuesto con el argumento de que el stand by permitirá bajar el riesgo país y restaurar el crédito privado a las propias provincias y a las empresas interesadas en invertir bajo el esquema de Participación Público Privada (PPP), amortiguando ese impacto.
Pero a la oferta de esos cien pájaros voladores se sumará, por si eso fuera poco, un ajuste del 0,1% (600 millones de dólares) de las transferencias a las provincias. El menú será indigesto.
Cuando se debata el Presupuesto 2019, los legisladores nacionales y los gobernadores, en peronismo dialoguista en definitiva, se verá inmerso en un dilema del prisionero: o se pega un balazo en el pie izquierdo, votando un proyecto que recorta los fondos y las obras para las provincias, socavando chances electorales a nivel local y, para quienes se atrevan a dar el salto, a nivel nacional, o se balea el derecho, dejando a Macri sin “ley de leyes” y desencadenando una nueva crisis de confianza y una corrida financiera imprevisible. Los caminos al fracaso pueden ser múltiples.
“Si bien el programa es viable, el frente político no deja de ser el costado vulnerable. Negociar la ley de Presupuesto con los gobernadores en el Senado va a ser todo un desafío”, estimó Furiase.
Pero, araña macho, el propio Gobierno nacional no se la podrá llevar de arriba. “El mayor recorte de gastos estará en la obra pública, que seguramente se va a frenar y tendrá impacto directo en empleo”, explicó Collante lo que en la Argentina es cicuta electoral.
El economista y analista financiero Christian Buteler dejó una mirada matizada sobre el futuro. “Lo más positivo, en mi opinión, es que el Banco Central va a dejar de emitir dinero para financiar al Tesoro. Pero lo negativo es que el ajuste va a ser fuerte. Una cosa es hablar de números y otra, cuando hay que empezar a recortar de verdad”.
“Lo que queda del año probablemente será recesivo. Y, en el corto plazo, habrá que seguir con mucha atención lo que pase con el dólar y la inflación. En lo que hace al dólar, porque el Banco Central retira la oferta de 5.000 millones a $ 25, porque hay que esperar hasta después del 20 de junio para que lleguen los primeros 15.000 millones de dólares del Fondo y porque se mantiene la presión compradora. Y en lo que respecta a la inflación, porque en el corto plazo va a seguir siendo alta debido al traslado a precios de la devaluación”.
La Argentina es un tango. Primero hay que saber sufrir. ¿Y después?
Marcelo Falak 