El Ejército brasileño amenaza con un golpe si el Supremo salva a Lula de la cárcel

La crisis institucional en Brasil adoptó en la noche de este martes un giro inquietante, en vísperas del esperado fallo del Supremo Tribunal Federal  sobre el encarcelamiento de Luiz Inácio Lula da Silva. En medio de manifestaciones a favor y en contra del ex presidente en varias ciudades, el jefe del Ejército, general Eduardo Villas Bôas sacudió al país con dos tuits en los que deja pendiendo una virtual amenaza de golpe de Estado.

“En esta situación que vive Brasil, resta preguntar a las instituciones y al pueblo quién está pensando realmente en el bien del país y de las generaciones futuras y quién solo en sus intereses personales”, dijo en uno de ellos, inequívocamente referido a Lula da Silva, quien pretende eludir la prisión a través de un pedido de habeas corpus ante el STF.

“Aseguro a la Nación que el Ejército Brasileño comparte las ansias de todos los ciudadanos de bien en el repudio a la impunidad y en el respeto a la Constitución, la paz social y la democracia, así como que se mantiene atento a sus misiones institucionales”, remató, llenando al país de desasosiego.

El militar dijo poco después haber hablado en nombre de toda la comandancia del arma.

El STF tratará este miércoles el recurso de la defensa del ex mandatario contra jurisprudencia adoptada por el mismo alto tribunal en octubre de 2016, según la cual las penas de prisión podían comenzar a cumplirse tras un fallo de segunda instancia.

Eso es lo que le ocurrió con la sentencia del Tribunal Regional Federal Número 4 de Porto Alegre, que confirmó la de primera instancia, emitida por el juez federal Sérgio Moro, y le impuso a Lula 12 años y un mes de cárcel por corrupción pasiva y lavado de dinero.

Con todo, la presión política, la inminencia del arresto de un símbolo político para casi medio Brasil y la manifiesta inconstitucionalidad de la citada jurisprudencia llevó a que una mayoría del Supremo forzara a la presidenta del cuerpo, Cármen Lúcia, a reabrir la cuestión.

La votación de 2016 había consagrado la posibilidad de prisión en segunda instancia por una estrecha mayoría de 6 a 5 y el asumido cambio de postura del juez Gilmar Mendes dejaba entrever para este miércoles un resultado análogo pero en sentido inverso.

“Tener un ex presidente de la República como Lula condenado es muy negativo para Brasil”, dijo Mendes en declaraciones recogidas por el diario O Estado de São Paulo. “Si alguien hace fuerza para el encarcelamiento de A, tiene que recordar que después vienen el de B y C”, agregó.

Por si esas fueran señales insuficientes, justificó su cambio de postura en que en su momento apoyó la posibilidad de cumplimiento de prisión en segunda instancia, pero que esa determinación luego se deformó en cortes menores convirtiéndola en una obligación.

Los defensores de la presunción de inocencia niegan que una decisión a favor de Lula abra masivamente las cárceles a los delincuentes sin sentencia firme, ya que, explican, la prisión preventiva sigue siendo posible en los causales exigidos por la ley. Pero tal cosa sería, sin dudas, un golpe fatal para la operación Lava Jato, que se basó en buena medida en la imposición de prisiones preventivas prolongadas, aplicadas además con criterios muy laxos, de modo de presionar a los reos para que se convirtieran en delatores. Numerosos políticos acusados podrían, en tal caso, efectivamente salir de la cárcel o eludirla.

Otro voto oscilante es el de la jueza Rosa Weber, pero se recuerda que esta votó contra los encarcelamientos anticipados en 2016.

Un sector amplio de la sociedad cree que evitarle a Lula la entrada en prisión es una prueba de impunidad y, casi, de corrupción por parte del Supremo.

La fiscal general, Raquel Dodge, resumió ese sentimiento pocas horas antes del pronunciamiento de Villas Bôas: “El principio de presunción de inocencia es una garantía individual importante en todos los países, es importante también en el sistema brasileño. No obstante, solo en Brasil se puede ejecutar una sentencia después de que cuatro instancias confirmen una condena. Esta exageración aniquila el sistema de justicia precisamente porque una justicia que tarda es una justicia que falla”.

Las cuatro instancias a las que se refiere Dodge son las necesarias para que una condena se considere firme. Lo curioso es que muchos de los defensores de la prisión en segunda instancia reconocen que esa jurisprudencia viola la Constitución.

En un debate organizado el lunes 26 de marzo en la Fundación Fernando Henrique Cardoso, varios expositores dijeron que, efectivamente, la carta magna consagra el principio de presunción de inocencia pero, llamativamente, dijeron que el texto está “equivocado”.

Uno de ellos, Nino Toldo, juez del Tribunal Regional Federal 3, resumió esas posturas al afirmar de manera asombrosa que “no puedo negar que la Constitución dice claramente que nadie será considerado culpable hasta el ‘tránsito en juzgado’ (de la causa). Entonces, si la interpretación fuera literal, no hay manera. La Constitución está equivocada”.

En efecto, así consta en el artículo 5°, inciso LVII de la Constitución brasileña. El tránsito en juzgado de sentencia penal no es otra cosa que un fallo firme y definitivo. 

Resta saber ahora si el Supremo se abocará al tratamiento del habeas corpus a pesar del clima denso que se apoderó de Brasil, lo que incluye nada menos que una amenaza directa de golpe militar.

Si los jueces fallan finalmente, contra los pronósticos previos, esto es por enviar a Lula a prisión, quedará flotando en el ambiente una virtual certeza de que se trataría de un encarcelamiento arrancado a punta de fusil. El movimiento que terminó con el mandato de Dilma Rousseff acaso esté por mostrar, finalmente, su verdadero rostro.

(Nota publicada en Letra P).

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