Durante los ocho años que gobernó Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva sufrió de lleno el escándalo del mensalão y dejó como herencia el petrolão. Ambos casos de corrupción tienen una matriz común: la financiación ilegal de la política con recursos del Estado, cemento de una compra de voluntades que permitía alcanzar consensos ante la crónica falta de mayoría propia en el Congreso.
En términos generales se le puede atribuir una fuerte responsabilidad política por, como mínimo, no haber frenado esos latrocinios y por haber aplicado un sospechoso laissez faire y, como máximo, por haberse beneficiado política o personalmente con esos esquemas.
El problema es que ese tipo de evaluación es propia de los analistas políticos o de los electores que acuden a las urnas. La comprobación de delitos en la justicia es una tarea mucho más complicada y que no admite zonas grises o argumentaciones ambiguas.
Cuando se enfrentó por primera vez cara a cara con Sergio Moro y este le dijo que “salieron denuncias en el diario Folha de São Paulo según las cuales…”, el líder histórico de la izquierda brasileña lo frenó en seco: “No, doctor. No me juzgue por noticias, tráigame pruebas”. Hábil, siempre pidió lo mismo: los sobornos, si los hay, no se realizan contra recibo.
Así, Moro tuvo una tarea difícil para probar que Lula se benefició con un tríplex en el balneario paulista de Guarujá como contraprestación dada por la constructora OAS por contratos amañados en Petrobras. ¿Lo logró?
Si el lunes esta serie de artículos indagó en el peligro que un cierto “populismo judicial” puede suponer para el principio de presunción de inocencia y el martes analizó cómo puede afectar al de soberanía popular, en este, el último, pregunta por el futuro del derecho de defensa en juicio.
Hay varios puntos que los abogados de Lula objetan en el fallo de Sergio Moro, avalado por el TRF4 en segunda instancia.
Para empezar, hay que hablar del juez natural y la prueba. Si el tríplex valuado en 2,2 millones de reales (unos 700 mil dólares al cambio actual) era una coima, el caso debía recaer en la justicia del estado de San Pablo. Para hacerse con él, Moro, juez federal del estado de Paraná, lo vinculó con la causa que llevaba sobre los desvíos en Petrobras. Los tribunales de alzada le dieron la razón y Lula entró en la órbita de la operación “Lava Jato”.
La fiscalía argumentó que ese departamento fue una coima pagada por OAS por el otorgamiento de tres contratos con Petrobras en 2009, argumento que Moro y el TRF4 hicieron suyo. Sin embargo, ¿por qué el favor se devolvió cinco años después, cuatro después de la salida de Lula del Planalto?
Lo más controvertido es que Moro se quedó corto en su fallo, ya que no vinculó esos contratos con el presunto soborno, es decir que no encontró un acto administrativo o de Gobierno que le permitiera relacionar ambas cuestiones. Por eso, para sorpresa de muchos juristas, habló de “un acto de oficio indeterminado”.
“Moro no era el juez natural y no hay pruebas en esa condena. El proceso es un queso suizo. El Ministerio Público usó la palabra ‘Petrobras’ 423 veces en su denuncia, pero el fallo es nulo porque viola el principio de la correlación de la denuncia con los hechos”, le dijo a Ámbito Financiero el constitucionalista Lenio Luiz Streck, quien fue procurador del estado Rio Grande do Sul de 1986 a 2014.
“En su respuesta a los embargos de declaración [ndr: recursos aclaratorios que puede pedir la defensa tras una condena], Moro dijo que el dinero [el tríplex] no era producto de los contratos. ¿De dónde salió entonces? No está probado el nexo de causalidad. Y eso de los ‘actos de oficio indeterminados’ es un invento. No existe nada en la teoría del derecho o en la teoría de la prueba que lo justifique”, añadió.
Por otro lado, la propia titularidad del tríplex de 215 metros cuadrados en el complejo Solaris sigue siendo una incógnita. Tanto que una jueza de Brasilia lo tenía embargado en el marco de la causa sobre la quiebra dolosa de la constructora, con lo cual le seguía reconociendo la titularidad a esta. Conciente de esa incongruencia, Moro señaló recién esta semana que el embargo era improcedente y que departamento “pertenece oficialmente a OAS pero el dueño de facto es Lula”, por lo que ordenó su remate.
Otro aspecto controvertido de las sentencias es lo mucho que se recostaron en la delación premiada de Léo Pinheiro, titular de OAS y quien fuera amigo de Lula.
Detenido por primera vez en 2014, fracasó en su primer intento de delación cuando su confesión no resultó homologada en agosto de 2016 por no aportar pruebas suficientes. Recién cuando señaló directamente al expresidente en abril del año pasado, abandonando la idea de que no tenía conocimiento de delitos cometidos por él, logró recibir una reducción de su condena en este caso, que pasó de los 10 años y 8 meses impuestos por Moro a 3 años y medio en régimen semiabierto, más una multa de 253.400 reales (unos 80 mil dólares), según decidió el TRF4. Las prisiones preventivas prolongadas como elemento para producir arrepentidos es una polémica que rodea a la “Lava Jato” desde su origen.
“Llaman a esto ‘nuevo derecho’, pero es una jurisprudencia de excepción. Estoy preocupado. Los juristas de Brasil se comportan como hinchas de fútbol. La teoría del derecho fue trasformada en una teoría política de poder, autoritario además. Hay gente que defiende la inversión del onus probandi [la carga de la prueba] y hasta hay miembros de Ministerio Público que dicen que la prueba es una cuestión de creencia. En Brasil, la moral venció el derecho”, se desahogó Streck.
“En una democracia, los deseos morales o las subjetividades no pueden sustituir al derecho. Hemos llegado al colmo de que el Ministerio Público apoyó un proyecto de ley que institucionalizaba la prueba ilícita ‘siempre que sea obtenida de buena fe’. Es increíble. Suelo decir que el expresidente tendría más oportunidades de ser absuelto si se le aplicaran los rituales de una tribu indígena de Sudáfrica. Según estos, un pollito recibe una pequeña cantidad de veneno. Si muere, el acusado es condenado; si sobrevive, es declarado inocente. Bueno, hay un cincuenta por ciento de chances si el veneno es manejado sin fraude”, ironizó.
Marcelo Falak 