La precaria situación judicial de Luiz Inácio Lula da Silva amplía la grieta en Brasil, pero, mientras los apasionados de una y otra trinchera intentan dirimir si es un santo o un demonio, elevar un poco la mirada permite descubrir aspectos importantes del rumbo político e institucional de ese país.
En la edición de ayer de Ámbito Financiero iniciamos una serie de artículos destinados a analizar el modo en que los repetidos escándalos de corrupción, muchos registrados en las gestiones del Partido de los Trabajadores, generaron un clamor punitivista en una parte de la sociedad que presionó con fuerza sobre el sistema político y los tribunales, poniendo en entredicho derechos fundamentales protegidos por la Constitución. Si el primero de esos artículos trató sobre las controversias acerca de una doctrina judicial (todavía no firme) que autoriza las prisiones preventivas a partir de una condena en segunda instancia, y cómo la misma pone en cuestión el principio de la presunción de inocencia, el de hoy va un paso más allá. Se refiere a la ley, ya plenamente declarada constitucional por el Supremo Tribunal Federal, que suspende los derechos electorales de los funcionarios condenados, también, en cámara de apelaciones y sin que exista una sentencia definitiva. El cuestionamiento, en este caso, pasa también por el posible menoscabo de la presunción de inocencia pero suma la limitación que, en un caso como el de Lula, afecta el principio de soberanía popular.
En junio de 2010, menos de seis meses antes de dejar el poder en manos de Dilma Rousseff, Lula promulgó la Ley Complementaria 135/10, conocida como la de “ficha limpia”, que establece en el artículo 2, inciso L, que serán inelegibles “quienes sean condenados a la suspensión de los derechos políticos, en decisión tramitada en juzgado o emitida por un órgano judicial colegiado, por acto doloso de improbidad administrativa que suponga lesión al patrimonio público y enriquecimiento ilícito (…)”.
Un “órgano judicial colegiado” es un tribunal de segunda instancia como el TRF4, con sede en Porto Alegre, que la semana pasada ratificó la culpabilidad de Lula. Con su rúbrica, el líder histórico de la izquierda brasileña bien pudo haber sellado, sin imaginarlo entonces, su muerte política.
La ley de “ficha limpia” surgió de la propia sociedad y, en su momento, fue defendida con ardor por el PT en el Congreso, acaso sobreactuando tras haber sido tomado con los pantalones bajos en el primero de los grandes escándalos de su era: el “mensalão”.
“Las disposiciones de inelegibilidad en Brasil quedaron definidas por medio de una ley complementaria, diferente de una ordinaria en que exige un quórum calificado para su aprobación. Pero la ley de ‘ficha limpia’ tiene una legitimidad todavía mayor en la medida en que se originó en un proyecto de iniciativa popular”, le dijo a Ámbito Financiero Roberta Fontana, abogada constitucionalista con actuación en Brasilia. En efecto, el proyecto fue firmado por 1,6 millón de ciudadanos.
“El Supremo ya se pronunció sobre la ley, al entender que es constitucional mitigar la presunción de inocencia en aras del anhelo de la sociedad de mejorar la moralidad y la probidad en el ejercicio de los cargos electivos”, siguió Fontana. La sentencia fue, con todo, dividida: 7 a 4.
“Hay que comprender que ningún derecho es absoluto y tampoco la presunción de inocencia. Los derechos siempre podrán ser relativizados por otros, especialmente por otros derechos fundamentales”, continuó la especialista.
Según Fontana, “la Constitución de 1988 fue promulgada después de un período en el que los derechos individuales fueron seriamente suprimidos; de ahí el aprecio por su preservación. Pero el escenario actual es diferente, porque se vive una crisis del sistema representativo y porque hay un ansia de la población por una mayor moralidad en el ejercicio de los mandatos electivos, de modo que la Constitución debe ser interpretada contextualizadamente”.
Esos derechos y esos anhelos sociales entran en colisión con el caso de Lula. En las municipales de 2016, más de cinco mil candidatos fueron impedidos de competir por no tener “ficha limpia”. Pero el tema estalla cuando la postulación comprometida es la del máximo favorito a alzarse con la Presidencia, lo que implica que unos 50 millones de ciudadanos no verían en las urnas el nombre que desean votar. Hay dos “Brasiles” con “ansias” contrapuestas, lo que lleva a preguntarse si un tribunal tiene la autoridad para definir qué desea una sociedad. Así, la norma, que sigue siendo cuestionada por un amplio sector de los juristas, pone en juego la pretensión de Lula de no verse imposibilitado de competir sin una sentencia definitiva y, más relevante, el principio de la soberanía popular.
Dentro de ese campo de juristas críticos del “populismo judicial” se destaca el constitucionalista y profesor universitario Lenio Luiz Streck. “Yo fui uno de los primeros en decir que la ley era un error porque colocaba la moral por encima del Derecho. El que mejor conoce los defectos o las virtudes de un candidato es el pueblo. Pero el poder judicial piensa que sabe más que él. Inconcientemente, hay una especie de prejuicio contra el pueblo, como ocurría en el siglo XIX”, le dijo a Ámbito Financiero.
Streck, que tiene pendiente un planteo ante el STF contra las prisiones en segunda instancia, el que podría favorecer a Lula, explica que su postura no responde a un deseo de respaldar al exmandatario. “Un buen ejemplo es la reciente prohibición por parte de la justicia para que asumiera como ministra del Trabajo una diputada [Cristiane Brasil] porque tenía dos fallos en contra de la justicia laboral. Pero no hay en la Constitución ningún impedimento para que el presidente [Michel Temer] nombre a cualquier persona, principalmente cuando se trata de una diputada. El impedimento es la subjetividad de los jueces”, agregó.
“¿Comprende el grado de activismo judicial que existe? En Brasil hay una tormenta perfecta para una ‘juristocracia’, según la denuncia del jurista estadounidense Jan Hirschl”, siguió Streck. “Hoy, defender la legalidad en Brasil es un acto revolucionario. ¿Es una paradoja, no?”, completó.
Es imposible que una situación fluida como la actual no tenga un fuerte impacto político. “La operación ‘Lava Jato’ es el fenómeno más visible del proceso de inmersión de la justicia en el cotidiano político brasileño. Es posible afirmar claramente que impactó positivamente en la población, al hacer más visible la corrupción. Apartar de la vida política a corruptos y corruptores arrestados por la justicia es importante. Con todo, no sabemos cuáles son los límites y las fallas de ese proceso. Hasta el presente, la población no manifestó ningún desacuerdo, pero solo conoceremos sus efectos cuando pasen las elecciones y podamos constatar el nivel de renovación en la representación”, le explicó a este diario el analista y profesor de la Universidad Católica de Brasilia Creomar de Souza.
Nadie se anima a afirmar que, si el próximo presidente de Brasil no es Lula da Silva, no lo termine siendo quien lo sigue en los sondeos, el ultraderechista Jair Bolsonaro. El éxito parcial de este diputado, un confeso homofóbico, misógino y defensor de la tortura, bien puede diluirse de aquí a octubre, pero el fenómeno que representa ya lleva a preguntarse si los remedios que se le suministraron a la sociedad brasileña para curarla de la corrupción no tienen efectos secundarios.
Marcelo Falak 
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