Lula se juega la libertad y Brasil, su futuro político

El Brasil político hierve ante el fallo de segunda instancia que este miércoles confirmará, revertirá o modificará la sentencia a nueve años y medio de cárcel emitida en julio por el juez federal Sérgio Moro contra Luiz Inácio Lula da Silva. La decisión impactará con fuerza sobre el futuro político del país, ya que puede definir si el hombre que encabeza todas las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre pierde sus derechos políticos y, con ello, la posibilidad de presentar su candidatura.
Pero por encima del destino de un individuo, influirá en lo que Brasil haga con la crisis institucional que lo revuelve desde 2014, cuando comenzaron las revelaciones de la operación anticorrupción “Lava Jato”, y que alcanzó en 2016 su punto más alto con la controvertida destitución de Dilma Rousseff en juicio político. Nada asegura hoy que los próximos comicios resuelvan ese entuerto y que, al revés, solo sean un hito más en un naufragio sin fin.
Moro condenó al expresidente por considerar que recibió un tríplex de lujo en el balneario paulista de Guarujá de parte de la constructora OAS, supuestamente una coima entregada a cambio de jugosas concesiones de Petrobras. El magistrado sostuvo su sentencia en base a testimonios, mensajes y -afirma- documentos, pero la defensa asegura que todo es un montaje y el líder de la izquierda reclama que se muestre la escritura que pruebe su culpabilidad. Sabe que eso es imposible.
Entre decenas de miles manifestantes, un impresionante despliegue de seguridad, la presencia de unos trescientos periodistas y hasta una transmisión por “streaming” que tendrá en vilo a Brasil, el Tribunal Regional Federal de la 4a. Región de Porto Alegre, la corte de alzada de la “Lava Jato”, deliberará el miércoles desde la mañana. Compuesto por tres jueces federales, el TRF4 ha desafiado muchas veces los pronósticos al examinar apelaciones de otros condenados. Por la relevancia del caso y por la tensión política que genera, se espera se dé a conocer alguna decisión clara, aunque no puede descartarse que alguno de los magistrados pida más tiempo para examinar la causa y que esta, de hecho, quede en suspenso.
“Para detener a Lula van a tener que detener a mucha gente pero, más que eso, van a tener que matar gente”, dramatizó la semana pasada presidenta del Partido de los Trabajadores, la senadora Gleisi Hoffmann. Nada de eso va a ser necesario, por suerte, ya que el fiscal Maurício Gotardo Gerrum anticipó que no ve “razones para precipitar” un pedido de prisión pese a que un fallo unánime lo habilitaría a hacerlo. El tema “seguirá el camino normal”, prometió.
La cuestión en juego, entonces, pasa por si el proceso electoral tendrá a Lula como protagonista excluyente o no. La encuesta de diciembre de Datafolha lo dio una vez más al frente de la intención de voto, con 34%, seguido por el ultraderechista Jair Bolsonaro con 17%. Pese a contar también con un elevado rechazo, el exmandatario se impone en todos los escenarios de segunda vuelta.
Constituye toda una ironía que la suerte de Lula dependa de un gesto de su propio Gobierno, como fue la promulgación en junio de 2010, seis meses antes de abandonar el poder, de la Ley Complementaria 135/10, conocida como la de “ficha limpia”. Esta establece en el artículo 2, inciso L, que serán inelegibles “quienes sean condenados a la suspensión de los derechos políticos, en decisión tramitada en juzgado o emitida por un órgano judicial colegiado, por acto doloso de improbidad administrativa que suponga lesión al patrimonio público y enriquecimiento ilícito (…)”.
Al hablar de “órgano judicial colegiado”, la norma permite quitarle los derechos políticos a un ciudadano cuando recibe un fallo en contra en segunda instancia, como sería en este caso. El problema es que todos los sistemas jurídicos que ofrecen garantías suficientes permiten dos revisiones de un fallo y que, desde esa perspectiva, la ley de “ficha limpia” podría vulnerar el principio de presunción de inocencia y la Constitución de Brasil. Así, debería ser vista como la típica sobreactuación de un sistema político corrupto, que promete transparencia a través de normas de aplicación discutible.
Junto con la presunción de inocencia, esa ley pone en cuestión un principio básico de la democracia: la soberanía popular.
El debate constitucional divide a los juristas, y una eventual condena en segunda instancia le dejaría a Lula la posibilidad de apelar ante la justicia electoral, algo de lo que existen antecedentes. Brasil entraría en ese caso en una carrera frenética hacia el 15 de agosto, fecha prevista para la inscripción de las candidaturas. Ahora bien, ¿le quedaría en tal escenario margen político para insistir con una postulación presidencial a un hombre sentenciado por corrupción ya no una sino dos veces?
Como sea, la participación o no de Lula en el proceso electoral conlleva diferencias relevantes.
Con él adentro, la crisis política e institucional contaría con la relativa vía de escape que ofrece una alternativa que, a pesar del elevado rechazo que genera, disfruta todavía de un importante anclaje popular. ¿Pero qué Lula volvería a la Presidencia? ¿El moderado de sus dos mandatos anteriores, que supo conciliar mercado y avances sociales en una coyuntura internacional inédita por lo favorable, o uno radicalizado, sospechoso otra vez para el mercado financiero y la comunidad empresarial, escaldado por la destrucción de su imagen y resentido con el poder judicial y la prensa? Por lo pronto, ya anunció que impulsará una ley de medios y un referendo sobre las impopulares reformas laboral y de techo del gasto, las ofrendas con las que Michel Temer sacrificó en el altar del empresariado la tenue expectativa que había rodeado su llegada al Planalto.
Sin él en la puja, en cambio, el PT machacará con la idea de que la elección será “un fraude”, prédica que se sumaría al mal olor que dejó el “impeachment” y que, en alguna medida, puede hipotecar inicialmente parte de la legitimidad del futuro mandatario.
Pero, más importante, ¿quién podría ser el elegido? Uno que hoy resulta imposible identificar, dada la legión de enanos políticos que siguen a Lula y a Bolsonaro en los sondeos, entre quienes se cuentan, con intenciones de voto que no superan el dígito, la ecologista Marina Silva, el gobernador conservador de San Pablo Geraldo Alckmin, el expresidente del Supremo Tribunal Federal Joaquim Barbosa, el socialdemócrata Ciro Gomes y el ministro de Hacienda Henrique Meirelles, entre otros.
Quien se destaque dentro de esa lista o algún nombre que sorprenda solo será el efecto de una construcción mediática o de relaciones públicas, bases endebles para gobernar al líder de América Latina y novena economía mundial. En Bolsonaro, hombre más brutales que Donald Trump y que aspira a convertirse en la conjunción de liberalismo económico y mano dura política y social, es mejor no pensar. ¿Para qué martirizarse prematuramente?
Un Lula apartado del proceso electoral podría, con todo, apostar a realizarle una transfusión de carisma a otro candidato, algo que le salió bien en el inicio con Dilma pero que, sabemos, no terminó del mejor modo. Sería un motivo más de incertidumbre.
De a poco, a caso demasiado lentamente, se irá sabiendo si Brasil avanza hacia la resolución de su crisis institucional o si se adentra en una nueva fase, más profunda y preocupante.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).

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