La decisión del Gobierno que puede demorar más la lluvia de inversiones

El objetivo de darle una vuelta completa al modelo económico argentino, apostando a un crecimiento movido por la inversión antes que por el consumo, es, se sabe, la obsesión del Gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, semestre tras semestre, la esperada lluvia de inversiones se demora.

Las razones de los magros resultados logrados hasta ahora surgen de una exagerada creencia inicial en el “shock de confianza” que supondrían la llegada al poder del nuevo Gobierno y un acotado menú de reformas iniciales: liberación cambiaria, reducción o eliminación de retenciones, y normalización estadística. Ya sabemos que con eso no alcanza.

Lo que pesa en la cabeza de los empresarios a la hora de definir inversiones es la posibilidad de obtener ganancias en un determinado mercado o, si la idea es usarlo como plataforma hacia el mundo, aprovechar costos logísticos, tributarios y laborales atractivos. Ni una ni otra: el mercado doméstico ha estado deprimido en 2016 y la primera mitad del año en curso y el costo argentino en dólares, más que seducir, espanta.

Pero hay otra razón de fondo por la que las inversiones no llegan: los errores continuos en la estrategia oficial para salir al mundo a buscarlas.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 513/2017, que reformó la Ley de Ministerios, trasladó desde la Cancillería a la cartera de Producción las atribuciones de promoción de comercio e inversiones, dejando a la primera solamente la responsabilidad de negociar tratados comerciales. El Presidente repitió de ese modo lo que tanto se le critica en el manejo de la economía: la dispersión de las decisiones, la falta de un responsable último y el temor al surgimiento de una figura poderosa al margen de la del jefe de Gabinete, Marcos Peña.

“El decreto es bastante confuso y confirma la matriz de fragmentación de este Gobierno. Ya queda claro que no estamos hablando de intentos que salen mal sino de un objetivo deliberado de repartir al extremo las funciones”, le dijo a ambito.com un consultor de primera línea de empresas internacionales que buscan oportunidades de negocios.

La queja en la Cancillería ha sido sonora, con un documento crítico de la Comisión Directiva de la APSEN (Asociación Profesional del Cuerpo Permanente del Servicio Exterior de la Nación) y reiteradas reuniones y planteos. La representación sindical del cuerpo diplomático teme por los cuatrocientos representantes y consejeros comerciales que, en teoría, quedarán sin funciones.

Un diplomático del Palacio San Martín conocedor de este tema le explicó a ambito.com que “la funcionalidad que establece el decreto es mala, ya que todos los países importantes entienden que los roles de negociación de acuerdos comerciales y de promoción de comercio e inversiones son inescindibles”.

“Lo que en la teoría se le presenta al Presidente como un esquema atractivo, en la práctica se presta a mil inconvenientes. Como es inevitable que en definitiva el trabajo de promoción siga pasando en buena medida por las embajadas, ¿a qué se superior se van a reportar los avances en el trabajo, a la Agencia de Inversiones o la propia Cancillería, que en definitiva es la que paga los sueldos?”, agregó. “Va a ser muy difícil evitar hostilidades, celos o conflictos y que se pueda generar un enlace eficiente (entre la Agencia, que pasa a Producción y el Palacio San Martín) que no dilate los tiempos y que evite un desorden administrativo”.

“Las dos funciones, es decir las negociaciones comerciales y la promoción de comercio e inversiones, son las dos caras de una moneda; es obvio que se promueven negocios en mercados que se van abriendo”, coincidió el asesor de empresas.

Según este, la situación real es todavía peor que la que surge del decreto, ya que la dispersión es, en alguna medida, inevitablemente más amplia. “Si una empresa extranjera de minería está interesada en invertir en el país, ¿con quién se va a querer reunir, con el ministro del área o con gente de la Agencia?”, interrogó el consultor. El problema es entonces quién se encarga de centralizar el trabajo. Y si no se está generando una nueva burocracia superflua.

El área de comercio exterior llegó a la Cancillería de la mano de Domingo Cavallo en 1992 y en 2010 se sumó la de inversiones. La Agencia de Inversiones y Comercio Internacional nunca terminó de despegar y, más que enfocarse en las oportunidades existentes en el exterior, se limitó a la recepción de visitantes en el país. “¿A quién ves hoy saliendo al mundo a hacer esas tareas de promoción? Solamente al Presidente”, señala el consultor.

Pero una reconversión radical de la Agencia, que la habilite a crecer en personal y reemplazar a los cientos de diplomáticos que temen por su futuro, es impensable. Por un lado, porque es imposible capacitar a tanta gente en tan poco tiempo. Además, porque es absurdo hacerlo cuando ya se cuenta en la Cancillería con personal altamente capacitado para la función. Por último, porque planea para después de las elecciones de octubre la orden del vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, de que cada ministerio recorte por lo menos diez programas superfluos.

Si las competencias de promoción de comercio e inversiones fueron un botín disputado por la Cancillería de Susana Malcorra y la cartera de Francisco Cabrera desde el inicio de la actual gestión, con decretos que se intercalaban e ilustraban las idas y vueltas, la llegada al Palacio San Martín de Jorge Faurie aseguró un mayor control de la cartera por parte de Marcos Peña. Pero si Faurie se trazó como meta la obtención de resultados palpables en la apertura de mercados, su joven gestión es, sin dudas, un daño colateral del nuevo organigrama.

El otro es el que se supone el objetivo central del Gobierno: que la lluvia llegue de una buena vez.

(Nota publicada en ambito.com).

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