El último clavo en el ataúd de la democracia en Venezuela

Desde hace ya varios años es recurrente la pregunta sobre si Venezuela es o no una democracia. Se trata de un interrogante previo a la muerte de Hugo Chávez, cuando los rasgos autoritarios de su Gobierno se incrementaban pero seguían teniendo el contrapeso de elecciones sucesivas que aquel no solo respetaba sino que ganaba de manera serial.
El acuerdo entre las partes en debate era imposible, porque usaban una misma palabra para hablar de conceptos diferentes. Lo único que unía ambas ideas de democracia (una revolucionaria, otra liberal) era la apelación a la soberanía popular como última ratio de legitimación del poder.
Aquella pregunta se hace hoy apremiante, con Nicolás Maduro atrincherado en el palacio de Miraflores. Con él, los rasgos autoritarios del régimen se han acentuado: la dura represión de las protestas callejeras pone en entredicho los derechos de reunión y de peticionar a las autoridades y, lo más grave, el recurso electoral ha quedado sujeto a restricciones terminales.
Una democracia es el fruto de la articulación de muchas libertades. Con todo, como aquellas frecuentemente no rigen de un modo absoluto, los procesos electorales son el requisito mínimo de cualquier sistema que se precie de tal.
Así, la realización de comicios regulares y transparentes, en un ambiente social mayormente pluralista, y que vayan reflejando en las configuraciones del poder las variaciones de la opinión pública, son el pilar de cualquier democracia. Así entendido, desde hace tiempo que esto no rige en Venezuela.
Primero, la ilegalización de todos los debates y votaciones de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) definida por el Tribunal Supremo de Justicia (un resorte de última instancia del chavismo) equivale a un desconocimiento del voto popular que la había entronizado. La desobediencia temporaria a un fallo del TSJ referida a la imposibilidad de tomar juramento a tres diputados de Amazonas acusados de fraude encontró de ese modo un castigo abusivo.
Segundo, las dilaciones y los frenos impuestos a la realización de un referendo revocatorio del mandato presidencial, una posibilidad contemplada en la Constitución bolivariana de 1999 y que en su hora Chávez enfrentó con éxito, fueron otro desconocimiento de la voluntad popular.
Tercero, y como si eso fuera poco, las elecciones regionales previstas para diciembre último no se llevaron a cabo, en medio de excusas vinculadas a la necesidad de revalidar primero el padrón de afiliados de los partidos políticos. Una medida administrativa que no entrañaba ninguna urgencia se antepuso al derecho de los venezolanos a elegir a sus gobernadores y alcaldes, algo que aún no se sabe siquiera si ocurrirá alguna vez. La causa de fondo de esta anomalía fue la seguridad de una derrota del oficialismo.
Cuarto, el anuncio de Maduro de activar una Asamblea Constituyente implica el clavo final en el ataúd del sistema de votación del país.
El chavismo se burla de la oposición, que ahora rechaza una convocatoria que figuraba entre sus planes hasta hace pocos meses. Se trataría de un buen argumento si tan solo fuera cierto. El antichavismo no repudia la reforma constitucional sino su capcioso método de convocatoria.
En efecto, el propio presidente explicó que la forma de elección de los convencionales no será la habitual. Según sus nuevas y arbitrarias reglas de juego, cerca de la mitad de los 500 delegados (así de imprecisas son las cosas en la Venezuela de hoy) serán votados en elecciones secretas y universales, mientras que el resto surgirá de la decisión de grupos de la sociedad civil, como comunas vecinales, obreros, campesinos, indígenas, mujeres, movimientos sociales, etcétera. El chavismo se asegura de ese modo un piso cercano al 50% de la Asamblea a partir de sectores que ha organizado y controla.
Como le sería imposible siquiera pelear una elección libre, Maduro impone un cepo que, acaso, se termine de concretar en la propia reforma. La posibilidad de la adopción de un sistema electoral a la cubana flota en el aire.
De ese modo, se propone quebrar la regla básica de cualquier sistema democrático de votación: un ciudadano, un voto. Habrá quienes tengan un voto doble: uno, por el convencional de su sector; otro, por el criterio territorial tradicional.
Maduro introduce así elementos de representación corporativa propios de los regímenes fascistas, pero a la vez también otros de base, propios del modelo cubano.
Esta convocatoria reformista amañada es una oferta imposible de aceptar para la oposición, lo que terminará dejando en manos del oficialismo no ya la mitad “atada” de la Asamblea sino su totalidad.
La Venezuela actual nos tiene habituados a discutir permanentemente si las decisiones oficiales son o no constitucionales. A esta altura, una discusión irrelevante, porque no cuestiona el fondo de la razonabilidad de los dispositivos legales ni el apego de estos a una idea de democracia al menos tolerable.
El autoritarismo latinoamericano tradicional, tanto en su versión caudillista como en la militar-burocrática, ha tenido escasos niveles de formalización jurídica, pero esta no ha sido la regla en todas las autocracias. El ejemplo de los totalitarismos nos recuerda que se erigieron en base a cuerpos jurídicos complejos y voluminosos, que establecían una “legalidad” nueva.
Lo que estamos viendo hace caer definitivamente la fachada de la democracia formal del chavismo. “Se acabó la democracia representativa en Venezuela”, clamo Maduro el lunes a la noche en Miraflores, en medio de los aplausos esperables.
Pocas veces una dictadura fue tan transparente respecto de sus propósitos.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).