Aventura 2017: de la transición a una encrucijada que requiere de todos

El año próximo será crucial por muchos motivos; por favor, lector, no tome esto como un lugar común a la hora de los brindis, los balances y los proyectos. Para el Gobierno nacional será el de la búsqueda de la consolidación de un proyecto que nunca terminó de delinear en un primer año que, evidentemente, debemos considerar de transición.

En octubre próximo, los argentinos volveremos a las urnas para instalar en el Congreso una nueva relación de fuerzas que refleje las tendencias y las opiniones actuales de la sociedad. Para Cambiemos será la oportunidad de mejorar una representación magra que ha limitado la aplicación plena de la plataforma que había expuesto en la campaña de 2015. Aunque no puede aspirar a sacar de las urnas una mayoría legislativa, un espaldarazo popular sería para el presidente Mauricio Macri un elemento de peso para acelerar con su agenda genuina.

Pero ese objetivo dista de estar asegurado. A lo largo de 2016, las decisiones oficiales se han ido acumulando, reduciendo el impacto de la excusa, común a todos los gobiernos, por la “herencia recibida”. A la hora del voto, el macrismo será juzgado tanto por lo que recibió como por lo que hizo con eso.

El Gobierno nacional encaró su tarea hace poco más de un año con un puñado de metas ambiciosas. Desregular y normalizar la vida económica; mejorar el clima político (una imposición de la realidad, por otra parte, dado su carácter de minoría en el Congreso); y avanzar hacia un cambio de régimen económico, que debería descansar menos en el recalentamiento del consumo y más en el aporte de un vigoroso proceso de inversión privada, local y extranjera.

Los primeros pasos fueron positivos. La eliminación de las retenciones a las exportaciones (con la excepción de las de la soja, que fueron reducidas), la salida del llamado “cepo” y el acuerdo con los “holdouts” no merecieron mayores reproches. Sin embargo, la combinación de las primeras dos de esas medidas, a las que se agregó una torpe aplicación del “sinceramiento” de las tarifas de gas y luz, dispararon la inflación muy por encima de lo admitido en público por el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay, lo que deprimió severamente el consumo Se sabe: este representa cerca de tres cuartos del PBI argentino, por lo que un cambio de régimen hacia un modelo basado en la inversión no puede ser tan abrupto. No al menos si no se quiere, en el camino, eliminar cualquier incentivo para esta, con un mercado doméstico abatido y en un mundo que no se muestra especialmente activo en términos de comercio.

Mientras, las mencionadas debilidades congénitas del Gobierno impusieron un estilo de gestión dependiente del consenso de diversos sectores, especialmente de los administradores peronistas de poder territorial y de los bloques legislativos desgajados en los últimos años del Frente para la Victoria. Esa fórmula de gobernabilidad se reveló onerosa, ya que cada ley o medida implicó una contraprestación presupuestaria. Si sumamos a esto la necesidad oficial de extender una red de asistencia social en un momento de incipiente crecimiento de la pobreza y el desempleo, era esperable que la pata fiscal de la política oficial sufriera.

Mucho se ha hablado de “gradualismo” en lo que respecta al objetivo del equilibrio de las cuentas públicas. Pero, por ahora, hay que referirse, en rigor, a un “gradualismo al alza”: el déficit fiscal primario del 4,2% heredado en diciembre de 2015 terminará este año cerca del 5%, por encima incluso de la meta poco ambiciosa fijada en su momento por el Palacio de Hacienda. Si se suma a eso la cuenta de los intereses de la deuda pública, el rojo fiscal se aproxima a un preocupante 8% del PBI.

Como se sabe, en este contexto, la lucha por la reducción de la inflación se hizo excesivamente dependiente de la política monetaria. Las altas tasas de interés dispuestas desde el inicio de la gestión por la conducción del Banco Central, no sin ruido dentro del propio oficialismo, no hizo más que alimentar un circuito recesivo que superó las peores expectativas.

Hablamos ya de futuro, lector. ¿Hasta qué punto puede seguir tomando deuda la Argentina como modo de financiar semejante desequilibrio de las cuentas públicas? ¿Hasta qué punto, además, cuando el anterior contexto internacional de abundante liquidez para los países emergentes podría limitarse más desde el próximo 20 de enero, cuando Donald Trump asuma el poder y comience a aplicar un programa comercialmente proteccionista y fiscalmente expansivo que, se descuenta, debería llevar a un aumento mayor de las tasas de interés en los Estados Unidos? Ya no se puede contar con el favor de un viento de cola y habrá que encontrar el modo de convertir el rebote de la actividad esperado para el próximo año en el inicio de un proceso de crecimiento duradero.

El futuro inmediato, entonces, es el de un 2017 extraño, en el que el Gobierno nacional deberá pelear por cimentar su proyecto de poder a la vez que tiene que comenzar a encarar la tarea de fondo, la única que restablecerá realmente la reclamada confianza de los inversores: la reducción del rojo de las cuentas públicas. Un objetivo casi titánico.

Lo que está en juego es el destino colectivo. Hacer sustentable el gasto público requiere un esfuerzo común y responsable de la dirigencia política y de todos los actores sociales relevantes. El ajuste no puede hacerse de modo que agrave el pavoroso panorama de pobreza que el Indec normalizado nos reveló hace poco. Eso sería innoble y, además, inviable.

El esfuerzo debe ser compartido, y no debería haber lugar para una lucha política mezquina. Las fricciones vistas en el último mes en el Congreso y la destemplada reacción oficial a ciertos reveses no parecen el camino que reclama el momento.

El diálogo y el consenso no son una opción o una vocación que haya que agradecer; son una imposición de una relación de fuerzas que, con sus más o sus menos, persistirá después del paso por las urnas.

Los acuerdos no pueden basarse en el reparto ficticio de fondos que, en verdad, se consiguen con un endeudamiento caro e insostenible en el mediano plazo. Tienen que ser producto de una vocación genuina de responsabilidad por el futuro común.

La unidad nacional requiere de todos. Ya pasó el tiempo de señalar intocables y de fomentar exclusiones.

(Nota publicada en el Anuario de Ámbito Financiero).