Fustigan a la Corte de Brasil por «pisar» el Lava Jato

El procurador general de la República, Rodrigo Janot, se hizo eco ayer de las crecientes críticas al Supremo Tribunal Federal (STF) al afirmar que el trámite de las causas del “petrolão” se demoran demasiado en la más alta corte de Brasil.
La definición, sugestiva, tiene doble filo. Por un lado, alude al ritmo moroso que da el STF a su parte en la operación “Lava Jato”; pero por el otro, nada menos que al hecho de que ese tribunal sea el señalado por la Constitución para llevar adelante los casos que involucran a funcionarios con fueros, esto es el presidente, el vicepresidente, ministros, diputados y senadores, entre otros.
En Brasil circulan numerosas versiones sobre enjuagues políticos para ponerle fin de algún modo al “mani pulite” local, que con sus revelaciones creó el clima propicio para la eyección del Partido de los Trabajadores del poder y que mantiene acorralada a buena parte de la dirigencia política, incluso del nuevo Gobierno de Michel Temer. El propio Presidente ha sido señalado por arrepentidos que, en busca de obtener reducciones en sus condenas, lo acusaron de haber pedido donaciones de dinero negro para campañas de sus aliados.
Esas especulaciones se hicieron particularmente intensas desde que Romero Jucá, exsenador y hombre de máxima confianza de Temer, debió renunciar una semana después de haber asumido en mayo como ministro de Planificación de la entonces administración interina por la filtración de una conversación telefónica en la que daba a entender su voluntad de operar para poner fin al “Lava Jato”.
Al STF se le achaca a esta altura una llamativa lentitud para presentar conclusiones en las causas que involucran a políticos de primer nivel, ya identificados por delatores. Los más suspicaces incluso vinculan eso con la insistencia del partido de Temer, el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que cuenta con varios denunciados, para incrementar los salarios de los once miembros del STF en un 16,32%, cifra considerada por muchos, incluso aliados pertenecientes a otras agrupaciones, como reñida con los objetivos oficiales de austeridad.
No se trata solo de que casi duplica el 8,74% de inflación registrado en los últimos doce meses sino del efecto cascada que supone para el resto de la administración pública, dado que se trasladaría al propio procurador general, a los defensores públicos, diputados, senadores, legisladores estaduales y otras categorías del funcionariado. El costo total ascendería entonces a 4.500 millones de reales en un año, unos 1.400 millones de dólares en una etapa de ajuste para (casi) todos.
Interrogado por los periodistas tras la reunión del Consejo Superior del Ministerio Público Federal (CSMPF), que decidió prorrogar por un año más las investigaciones del megafraude en Petrobras, Janot trató de presentar su desafío de modo que no suene tan agresivo.
“El Tribunal no fue hecho para sustanciar procesos, fue hecho para juzgar recursos. Cuando se invierte la lógica, se hace más lento”, justificó. “El Supremo está haciendo lo que puede”, añadió.
Los periodistas, sin embargo, advirtieron el tono crítico de sus palabras y lo interrogaron sobre si las mismas suponían un cuestionamiento a las funciones del STF como fuero privilegiado. “En la extensión en que está (el fuero especial), lo es. Hay mucha gente” con esas prerrogativas, admitió.
La operación Lava-Jato comenzó a fines de 2014 y las primeras causas en el STF se abrieron en marzo de 2015. Hasta ahora, apenas tres denuncias fueron aceptadas y por alto tribunal y ningún procesado recibió condena, al revés de lo que ocurre en la justicia federal, donde ya fueron duramente sentenciados importantes políticos y algunos de los empresarios más poderosos de Brasil.
Además del juez federal de Curitiba (estado de Paraná) Sérgio Moro, Janot ha sido, junto a la Policía Federal, uno de los puntales de los operativos. Miembros encumbrados del Partido de los Trabajadores le reprocharon en su momento a la destituida Dilma Rousseff haber sido demasiado prescindente en relación con esas instituciones, algo que aquella siempre defendió como una señal de republicanismo.
En Brasil, la regla para la designación del Procurador General es que el Ministerio Público elija una terna de la que Presidente de la República extrae a su candidato. En los gobiernos del PT, desde el de Luiz Inácio Lula da Silva, se comenzó a avalar como procurador general al postulante más votado por los propios fiscales, eliminando cualquier poder discrecional del jefe de Estado. Dilma sostuvo esa tradición.
Janot, entonces, fue elegido por Rousseff en 2013 y confirmado en agosto del año pasado, ya en pleno “petrolão”. Su segundo turno llegó después de que fuera votado por 799 miembros de la carrera, contra 462 de su principal competidor.
La reelección de Janot, decidido a no ser, como sus antecesores, el “cajoneador general de la República”, fue muy resistida por el PT, pero Dilma siguió adelante para sostener su convicción o para evitarse el costo político de relegarlo.
Para ella todo fue en vano. ¿Ensayará Temer otro camino?

(Nota publicada en Ámbito Financiero).