El problema crónico de fuga de capitales ha hecho de la Argentina un blanqueador serial. Cada Gobierno que pasó por el poder desde la restauración democrática hizo su intento, con efectividad variada pero, en general modesta: fue el caso de Raúl Alfonsín, de alcance muy limitado por las vicisitudes económicas de su etapa; de Carlos Menem en el inicio de la convertibilidad; de Fernando de la Rúa, para quien cualquier iniciativa resultó tardía; de Cristina Kirchner, con un fracaso inevitable en un contexto de “cepos” y falta de incentivos para la inversión…
En todos esos casos se reeditó un debate que, invariablemente, pasó por el mismo dilema: ¿hay que privilegiar la necesidad de recuperar para el sistema una masa de recursos que, en cuentas o bienes en el exterior o en el colchón, se ha hecho tan grande como todo un PBI?; ¿o, de una vez, hay que premiar a quienes cumplen con el pago de sus impuestos e ir tras esa enorme masa de recursos con la ley en la mano?
Los especialistas, de modo casi unánime, tienen claro que las tareas para detectar y reprimir la evasión impositiva han tenido hasta ahora patas cortas y que es más conveniente permitir que quienes quieran volver a tener sus cosas en orden, puedan hacerlo. Los propios encargados de perseguir el lavado de activos admiten que todo progreso “policial” que pueda exhibirse siempre será insuficiente.
La etapa kirchnerista no fue única en lo que respecta a una fuga de capitales que en realidad es endémica, pero sí fue pródiga en lo que hace a ese fenómeno pernicioso. ¿Qué otro resultado podría haber surgido de la combinación de varios años de elevada actividad económica con un creciente control en materia cambiaria y falta de incentivos para invertir en el país?
Para no romper con la tradición descripta más arriba, Mauricio Macri ensaya su propio plan de blanqueo impositivo, en momentos en que las estimaciones sobre el dinero que está fuera del sistema oscilan ya entre los 250.000 y los 400.000 millones de dólares.
En la nueva propuesta de exteriorización de activos descansa buena parte de las expectativas oficiales de corto plazo para comenzar a captar dólares, alimentar la inversión y alentar la reactivación de la economía. El Gobierno comenzó el proceso hablando de una expectativa de que se blanqueen 60.000 millones de dólares, una demasía según los especialistas. Así, más cauto, terminó hablando de unos 20.000 millones, bastante menos que las estimaciones más modestas de dinero argentino en negro pero muy superiores a las experiencias de exteriorización previas.
Sea cual sea la cifra que finalmente se logre, el éxito o el fracaso del plan estarán dados por la respuesta de los dueños de esos capitales, dada más por la conveniencia que por imperativos morales.
¿Por qué esta vez todo puede ser diferente? ¿Cuál es el principal incentivo para blanquear?
La razón principal de la singularidad del nuevo blanqueo radica en que “existe una tendencia mundial hacia una gran transparencia en materia financiera”, según le dijo a Bank Magazine uno de los mayores especialistas argentinos en la materia, Zenón Biagosch, presidente de FidesNET. “La Argentina adhirió a los estándares de la OCDE y, como decenas de países, los aplicará desde el año que viene, mientras que muchos otros lo harán a partir de 2018. Eso va a permitir un intercambio automático de información fiscal, a través del llamado CRS, el Common Reporting Standard, que hará mucho más difícil mantener dinero oculto”, añadió.
En efecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) adoptó en febrero de 2014 el llamado Common Reporting Standard (CRS, el patrón de común de reportes) por el que medio mundo se compromete a compartir información tributaria de manera permanente y automática. En septiembre del año próximo serán 55 los países que comenzarán a aplicar la nueva normativa, entre los que se cuentan Estados y territorios considerados hasta ahora paraísos fiscales seguros; en 2018, serán otros 46.
“En el mundo, la evasión tributaria comenzará a ser tratada como un precedente del lavado de dinero. Eso significa que, en poco tiempo más, ningún banco, broker, agente o desarrollador inmobiliario, ningún abogado, contador o escribano, tanto en el país como en el exterior, querrá ayudar a quien no tenga declarados sus fondos en su país de residencia”, señaló Mariano Sardans, CEO de FDI y director de SFI Servicios Fiduciarios.
De acuerdo el standard acordado en Berlín en octubre de 2014 en el marco del Foro sobre Transparencia e Intercambio de Información con Propósitos Fiscales, la Agencia Federal de Ingresos Públicos (AFIP) comenzará a acceder desde el año que viene de manera automática a datos sobre cuentas, operaciones, bienes inmuebles, autos, aviones, embarcaciones y hasta obras de arte registradas en decenas de países a nombre de personas físicas y jurídicas argentinas. Lo que se encuentre y no haya sido blanqueado en esta “última oportunidad”, será motivo de una demanda por evasión impositiva y, si el patrimonio oculto supera el millón de pesos, de una causa en el fuero penal tributario.
La tendencia, entonces, es a la transparencia, pero si se observa el listado de países que adhirieron al standard de la OCDE, llama la atención una ausencia muy importante: la de los Estados Unidos.
“Después de la crisis de las hipotecas, Estados Unidos se lanzó a detectar evasores en el mundo y obligó a los bancos extranjeros a identificar a ciudadanos que fueran posibles evasores”, señala Biagosch.
Lo hizo a través de los FATCA (“Foreign Account Tax Compliance Act”), establecidos por ley en 2010, que someten a los bancos que no los cumplan a una muy persuasiva retención del 30 % sobre los rendimientos de esos activos.
Por otro lado, el Gobierno de Barack Obama firmó más de un centenar de los llamados IGA (“Intergovernmental Agreements”) .
En lo que hace a los FATCA, los bancos argentinos firmaron los convenios demandados con el Internal Renevue Service (IRS, la AFIP estadounidense), pero enfrentaron el problema de que ello entraba en conflicto con las leyes argentinas de secreto fiscal.
En lo que respecta a los IGA, la desconfianza entre Washington y la Argentina, creciente en los años kirchneristas, impidió que nuestro país se sumara a la lista de signatarios. Todo un problema para la AFIP, ya que es sabido que la mayor parte de los fondos de argentinos que están en negro en el exterior están, justamente, en entidades y propiedades de ese país.
De hecho, esa tradición se reforzó en la medida en que, al no haber firmado el patrón de la OCDE, una gran cantidad de fondos fluyeron desde Suiza y otros paraísos fiscales a Estados Unidos en busca de refugio.
En las últimas semanas trascendió la información de que la Argentina y Estados Unidos comenzaban a avanzar en un acuerdo de intercambio de información tributaria. La buena sintonía entre los dos países desde que Macri es presidente jugaría a favor de algo que, de concretarse, terminaría de cerrar el cerco sobre los evasores con dinero en el exterior.
Biagosch pone paños fríos al respecto. “No es tan fácil” que Washington deje desnudos a esos argentinos, asegura. “Ocurre que Estados Unidos no ha dado reciprocidad a otros países. Por ejemplo, a México le da información solamente en casos puntuales y debidamente fundamentados”, algo diferente al standard que pretende generalizar la OCDE. “Argentina inició conversaciones para la firma de un IGA, pero eso no significa que vaya a haber una reciprocidad total, ni siquiera desde lo operativo, dada la gran cantidad de acuerdos de ese tipo que ya firmó”, explica.
Sin embargo, Biagosch no deja de enfatizar que la tendencia general hacia la transparencia financiera y fiscal es hoy un incentivo más poderoso que nunca para blanquear patrimonio. “Esa es la clave”, afirma.
Así las cosas, Jorge Goijman, del estudio contable J&M Goijman, observa “mucha expectativa” en numerosos clientes. “Saben que con los nuevos convenios y los que pueden venir, los brokers ya vienen avisando que no van a poder mantener cuentas en la clandestinidad: la decisión entonces para por blanquearlas o cerrarlas”, indica.
No todo, sin embargo, es incentivo. También hay dudas con respecto al proyecto oficial.
Una cuestión importante pasa por los costos de blanquear, que oscilan entre el 5 y el 15 % según el caso, más elevados que en el pasado justamente para, de modo saludable, no premiar excesivamente a quienes no cumplieron con sus obligaciones y, en paralelo, penalizar de hecho a quiénes sí lo hicieron.
Al respecto, hay que recordar que el artículo 83 de la ley recientemente aprobada hace que si las autoridades les detectan a quienes ingresen al plan de exteriorización nuevos activos no declarados, todos los beneficios caerán, por lo que aquellos serán pasibles de las cargas, multas y penalidades regulares. Definitivamente, blanquear solo una parte de lo que se tiene fuera del sistema es una mala idea.
Si las alícuotas para exteriorizar activos incluidas en el plan del Gobierno, que van del 5 al 15 %, resultan elevadas para algunos, las penalidades que habría que enfrentar en caso de ser descubierto hacen que aquellas resulten una verdadera ganga. En esos casos, “la multa podría terminar siendo superior al 60 %, ya que se podría reclamar (a los contribuyentes descubiertos) el 35 % en concepto de impuesto a las ganancias, más el 21 % del IVA y hasta un 7 % por bienes personales, más intereses y punitorios”, explica Sardans.
Biagosch añade un asunto importante. “Si tenemos en claro que la gente evalúa blanquear más por el riesgo de no hacerlo que por los costos, es un problema que tenga miedo de que sus operaciones sean reportadas como trámites sospechosos de lavado por la UIF”, la Unidad de Información Financiera, señala el titular de FidesNET. “Un modo de resolver eso sería que se pueda blanquear sin problemas a través de un trámite simplificado en el que la cantidad se corresponda con los ingresos de, digamos, los últimos cuatro años. Eso despejaría los temores a ser perseguido en el futuro”, propone Biagosch.
Hay más. Según Sardans, una “inequidad manifiesta” es que “un jubilado que tiene 100.000 dólares sin declarar en una caja de seguridad deba parar el 10 % por entrar al blanqueo, mientras que un millonario que tiene una casa en Miami pague solamente el 5 %. Debería ser al revés”.
Jorge Goijman señala que “el 5 % que le impone a la gente que tiene departamentos sin declarar es interesante, no es excesivo. Pero hay que ver cómo se valúan esas propiedades, si a valor de plaza o de costo. Si es de plaza, me suena mal. Hay que esperar qué sale de la reglamentación”.
Por último, no puede ignorarse el temor de quienes opten por poner su patrimonio en regla a ser “escrachados” socialmente.
El Gobierno pretendió atender esa inquietud con el ya famoso artículo 85 contra periodistas y medios de comunicación. El mismo establecía penas de cárcel y la obligación para los comunicadores de pagar en concepto de multa la misma cantidad de dinero que haya exteriorizado la persona suyo secreto fiscal se vulnerara a través de la publicación de su nombre.
El carácter de verdadera mordaza de la norma generó tal nivel de críticas que debió ser resignado. ¿Cómo pensar que la publicación del nombre de, eventualmente, contratistas de obra pública, el algunos tan sospechados en estos tiempos, no sería de interés público?
Más prudente habría sido asegurar la confidencialidad a través de quienes están obligados a velar por ella, esto es los funcionarios públicos, en lugar de avasallar la libertad de expresión. Si la idea esa dar garantías a los contribuyentes y despejar temores, la marcha atrás no puede sino dejar un sabor amargo y la sensación de que se resignó una salvaguarda.
Ese error ya no tiene retorno. Otros, más bien omisiones, pueden y deben ser resueltos a través de la reglamentación del blanqueo.
Hay mucho en juego. Para el Gobierno, reducir el universo de la informalidad fiscal, comenzar a generar un sistema más justo y hacerse de recursos que allanen la transición hacia una retomada del crecimiento económico. Para los contribuyentes, en tanto, dejar de jugar al gato y al ratón en momentos en que el mundo cambia y las reglas hacen de ese juego uno ya demasiado peligroso.
No hay más lugar para decepciones.
(Nota publicada en Bank Magazine).
PAÍSES QUE APLICARÁN EL COMMON REPORTING STANDARD DE LA OCDE PARA EL INTRCAMBIO AUTONPATICO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA.
DESDE 2017
Anguila
Alemania
Argentina
Barbados
Bélgica
Bermuda
Bulgaria
Colombia
Corea del Sur
Croacia
Curaçao
Chipre
Dinamaarca
Dominica
Elovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Groenlandia
Guernsey
Hungría
India
Irlanda
Italia
Islandia
Isla de Man
Islas Caimán
Islas Feroe
Islas Turcas y Caicos
Islas Vírgenes Británicas
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Malta
México
Montserrat
Niue
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
República Checa
Rumania
San Marino
Seychelles
Sudáfrica
Suecia
Trinidad y Tobago
DESDE 2018
Albania
Andorra
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Aruba
Australia
Austria
Bahamas
Baréin
Belice
Brasil
Brunéi
Canadá
Catar
Chile
China
Costa Rica
Emiratos Árabes Unidos
Gana
Granada
Hong Kong (China)
Indonesia
Islas Cook
Islas Marshall
Israel
Japón
Kuwait
Líbano
Macao (China)
Malasia
Mauricio
Mónaco
Nauru
Nueva Zelanda
Panamá,
Rusia
Samoa
San Cristóbal y Nieves
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Singapur
Sint Maarten
Suiza
Turquía
Uruguay
Vanuatu
LA SOCIEDAD MIRA CON CAUTELA
El tracking de Humor Social y Político de junio realizado por D’Alessio IROL y Berensztein entrega conclusiones interesantes sobre las reacciones iniciales de los argentinos al nuevo plan de blanqueo.
Por un lado, surge del estudio que el número de quienes están de acuerdo con él y de quiénes lo rechazan es parejo: 41 a 43 %. Razonable en tiempos de grieta, más cuando se repara en que los primeros son fundamentalmente votantes de Cambiemos (66 %) y los segundos, del Frente para la Victoria (69 %).
Para los primeros, la medida es conveniente ya que permitirá el ingreso de fondos para realizar inversiones productivas (algo citado por el 66 % de los consultados), porque demostrará confianza en el Gobierno de Mauricio Macri (63 %) y porque facilitará el pago de las deudas a los jubilados (57 %).
Para los segundos, en tanto, los principales reparos son la inequidad de beneficiar a los evasores (45 %) y el peligro de que el blanqueo permita la entrada de dinero de la corrupción y el narcotráfico (41 %).
Cuando se consulta sobre las perspectivas del programa, predomina el escepticismo. Para el 29 %, será exitoso, mientras que para el 55 % no lo será. Claro, los primeros son en gran medida votantes del macrismo y los segundos, del kirchnerismo.
Por último, el 44 % cree que el principal motivo por el que una persona declararía su dinero al fisco es por temor a un cruce de información con otros países. Mientras, el 43 % apuesta, simplemente, a la conveniencia de justificar patrimonio, el 25 % a poder usar libremente esa riqueza, el 24 % a la confianza de que el dinero no le será expropiado, un 15 % al deseo de vivir dentro de la ley y un 13 % a la posibilidad de obtener aquí mayores rendimientos que en el exterior.
EL DILEMA DEL IMPUESTO A LA RIQUEZA
Una de las disposiciones clave del plan de blanqueo es la reducción del impuesto a los bienes personales, hasta la reforma un disuasivo fuerte para cualquier contribuyente que pensara en ponerse en regla.
La idea inicial del Gobierno era, además de beneficiar con una reducción de esa carga a los “buenos contribuyentes”, esto es aquellos que tienen su patrimonio totalmente en blanco y que no han debido acogerse a ningún programa de exteriorización, terminar en pocos años con este tributo. Sin embargo, en el trámite parlamentario se cuestionó la expiración de un gravamen considerado progresivo y, entonces, se acordó reducir su alícuota del 1,25 al 0,25 % para 2019, además de incrementar el mínimo no imponible.
Uno de los atractivos de ingresar al blanqueo es que hacerlo ya no implicará un costo tan elevado en términos de bienes personales a futuro.
Con todo, la importancia en las cuentas públicas del “impuesto a la riqueza” será cada vez menor, lo que, de hecho continúa una tendencia de larga data. Si en 2003, este representaba el 2,17 % de la recaudación neta de impuestos nacionales, para 2014 ya era solo un 1,21 %.
El blanqueo no puede ser el final de un replanteo fiscal serio y de fondo en la Argentina. Solo debe ser el comienzo.
Marcelo Falak 