El poder en Brasil pasa a manos de los vencidos en las urnas

“Hasta ahora fuimos la cancillería del Gobierno de Dilma Rousseff; de ahora en más, nuestra obligación será defender a Michel Temer y la legitimidad de su Gobierno en todo el mundo”, le dijo a Ámbito Financiero un funcionario de Itamaraty, consciente de dónde le apretará el zapato al nuevo Brasil.
La presidenta suspendida deja el poder, probablemente para siempre, asegurando haber sido víctima de un golpe de Estado. El argumento convence solo a los propios y resulta autoindulgente, ya que que evita el siempre doloroso ejercicio de la autocrítica. Sin embargo, la realidad no encaja realmente en la definición de una toma del poder por la fuerza a espaldas de la legalidad.
El proceso que defenestró a la desangelada mandataria no duró dos días, como el de Fernando Lugo en 2012, sino que comenzó formalmente en octubre del año pasado. Tampoco fue un hecho de fuerza como el que sufrió el hondureño Manuel Zelaya en 2009, sino que siguió un intrincado camino en las dos cámaras del Congreso, bajo la permanente supervisión del Supremo Tribunal Federal. Afirmar que lo que ocurrió fue un golpe, entonces, obligaría a arrojar a la basura toda la trama institucional de Brasil, un lujo que, pese a los ruegos de Dilma, el Mercosur no se dará.
Sin embargo, la insatisfacción persiste, y a nivel internacional la expresan la OEA y hasta Estados Unidos, que ayer dijo, por boca del vocero de Barack Obama, que Brasil “está bajo escrutinio y presión”. Ocurre que, pese a lo anterior, de ningún modo puede hablarse de un procedimiento ejemplar, en el que el “crimen de responsabilidad” que la Constitución exige constatar haya quedado claramente identificado para la mayoría de los observadores. La sensación que queda es que las “pedaladas fiscales” han sido la justificación legal que encontró una oposición fortalecida por la defección de tránsfugas del Gobierno para lograr en el escritorio lo que no consiguió en la cancha en los comicios de 2014.
Mário Schapiro, profesor en la Escuela de Derecho de la Fundación Getúlio Vargas, le dijo a este periodista desde San Pablo que “hablar de golpe es demasiado fuerte, ya que según la experiencia latinoamericana, eso se hace con las armas o por la fuerza. En este proceso se contó con la participación del Supremo Tribunal Federal y el Gobierno tuvo la posibilidad de reaccionar. Sin embargo, tampoco creo que se haya tratado de un proceso impecable y, de hecho, estuvo bastante manipulado”.
Según el especialista, es más apropiado “hablar de un intento de grupos que perdieron una elección, que comenzaron a desestabilizar al Gobierno y que lo lograron, algo a lo que ayudaron los errores de la propia Presidenta, que perdió buena parte del apoyo que tenía”.
La respuesta que buscamos, entonces, no es jurídica sino política. Marcelo Rech, analista político y director del Instituto InfoRel de Brasilia, estimó, consultado por este diario, que “el proceso de impeachment siguió lo que indica la Constitución y fue refrendado por el Supremo. Pese a lo que dice, el Gobierno sabe esto. Pero es claro que hubo una motivación política, venganzas, ajustes de cuentas, todo lo que forma parte de un juego que en Brasil es sucio e inmoral”.
Otro analista, Carlos Eduardo Vidigal, profesor de la Universidad de Brasilia, añadió un matiz. “¿Golpe? Sí y no. Lo es si se considera que 54 millones de votos fueron ignorados en el Congreso, responsable del impeachment. Pero no lo es cuanto se toma en cuenta el hecho de que Dilma Rousseff perdió el apoyo del parlamento y que, cuando eso ocurre, los gobiernos pueden caer, como fue el caso de Fernando Lugo en Paraguay. Las ‘pedaladas’ fiscales son solamente un pretexto”, señala.
Así, cabe al menos hablar de conspiración o, dada la mala reputación de esa palabra, de un proceso desestabilizador.
Pensando en las instituciones y la salud de la democracia en esta parte del mundo, no puede evitarse sentir un gusto amargo en la boca cuando se repara, como sugiere Vidigal, en el principal saldo de los hechos que nos ocupan: los que perdieron las elecciones, aliados a un partido sin votos a nivel federal como el del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero que desde la restauración democrática en 1985, siempre ha estado al calor del poder, completarán un mandato que, en rigor, no les pertenece.
Ha sido un clásico de los análisis políticos describir a Brasil como un “presidencialismo de coalición”, esto es un régimen con una jefatura de Estado fuerte pero mediatizada por un Congreso en el que, sistemáticamente carente de mayoría, debía negociar alianzas. Buena parte del arraigo de la corrupción en Brasil radica en esas cohabitaciones oportunistas y no ideológicas o programáticas.
Sin embargo, si se observa bien, ese sistema es un presidencialismo de derecho y un parlamentarismo de hecho. En los primeros, la caída de un Gobierno es un hecho traumático, un cataclismo institucional que demanda razones diferentes a la pérdida del apoyo político o del favor social ocasional. En los segundos, es un hecho rutinario, directamente vinculado a esos factores. En esa fricción anidó la clave de este drama.
La letra presidencialista de la democracia brasileña exigió, entonces, una justificación jurídica para una lógica que era impuesta por la práctica política, un “crimen de responsabilidad” que, en este caso, fue el maquillaje de las cuentas públicas, algo común a todos los antecesores de Dilma y a los gobernadores que orientaron a sus senadores para que ayer la depusieran. El desmanejo económico y las denuncias de corrupción, que nunca la tocaron personalmente, fueron, ni más ni menos, que la escenografía del drama.
Hacia el futuro, lo que inquieta es el precedente, que recuerda en buena medida a la Argentina de 2001. Renan Calheiros, el presidente del Senado acusado de corrupción que ayer lideró la votación, ya pidió conciliar la ley con la realidad y poner en agenda una enmienda constitucional para hacer de Brasil una república parlamentaria.
Todos los remedios son tardíos para una Dilma que jamás encontrará consuelo.

(Nota publicada en Ámbito Financiero).

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